Interior desmanteló otro grupo de élite contra el narcotráfico de una comisaría de Cádiz en 2021

La tragedia de Barbate ha dejado al descubierto un sinfín de decisiones polémicas en la lucha contra el narcotráfico que el Ministerio del Interior ha llevado a cabo desde que Fernando Grande-Marlaska dirige el departamento. Algunas de ellas, según ha denunciado Fiscalía General, sindicatos, asociaciones e incluso voces internas de Policía Nacional y Guardia Civil, han supuesto un clara merma del trabajo policial en el Campo de Gibraltar. La que se tornó más controvertida fue la de cerrar, en septiembre de 2022, el Organismo de Coordinación de Narcotráfico (OCON-Sur), un grupo especial compuesto por 150 agentes de la Guardia Civil para luchar contra el narco y el crimen organizado. 

Una orden que tuvo efectos adversos, ya que supuso un frenazo en las incautaciones de droga y en el número de procedimientos judiciales en la zona, según alertó el Ministerio Público. Menos pública fue, sin embargo, la decisión que también tomó la Dirección General de la Policía de desmantelar una de las unidades antidroga en febrero de 2021 que más golpes habían dado al narcotráfico en la bahía de Cádiz: el grupo de estupefacientes de la Comisaría de Policía Nacional en el Puerto de Santa María.  

Sin justificación alguna, el comisario jefe expulsó al responsable y a la mayoría de agentes que integraban esta unidad, según revelan a THE OBJECTIVE fuentes policiales. La «única que ofrecía una respuesta eficaz a la actuación de las bandas» y que había registrado en los últimos años, incluso en época de pandemia, «notables éxitos con toneladas de hachís intervenidas, récords en incautación de marihuana, puntos de venta desarticulados y decomiso de bienes procedentes del tráfico de drogas», aseguran estas fuentes. 

Perdida de operatividad contra el narcotráfico

El fin en la operatividad de esta brigada fue denunciada incluso por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) que, a través de su secretario provincial en Cádiz, acusó de «arbitrariedad» al jefe local de la Comisaría de El Puerto de Santa Maria al «echar al traste el eficaz y eficiente trabajo desarrollado por el jefe de la Brigada de Policía Judicial, promoviendo su destitución y desmantelando uno de los mejores Grupos de Estupefacientes que la región había tenido en décadas». Esta organización incluso llegó a pedir la dimisión del comisario. 

Fuentes expertas en la lucha contra el narcotráfico explican que el cierre de este grupo supuso un «cóctel explosivo» en la región de Cádiz: por un lado, desvió la atención de la Policía Nacional contra las bandas y por otro, estas últimas aprovecharon el desconcierto para «campar a sus anchas por la zona», en la que solo la Guardia Civil a través del OCON-Sur estaba ofreciendo una respuesta coordinada y eficaz. 

La presión que este cuerpo de élite ejercía entonces en la zona del Estrecho había motivado que los narcotraficantes desplazasen sus actividades a otros puntos de la geografía nacional con un menor despliegue de efectivos. En el caso de Cádiz, los traficantes, relatan estas fuentes, habían ido remontando la costa buscando las debilidades de este despliegue, siendo cada vez más frecuentes los alijos en las costas de la bahía de la capital gaditana, Huelva e incluso Portugal. 

Reforma integral

Ante este escenario, el trabajo policial del grupo de estupefacientes de El Puerto de Santa Maria se había vuelto fundamental. Sus capacidades operativas, además, se vieron reforzadas desde marzo de 2020 a raíz de la llegada a la plantilla de un nuevo jefe de Brigada de Policía Judicial, un especialista en la lucha contra la criminalidad organizada y el narcotráfico procedente de la Comisaría General de Policía Judicial, que acometió una profunda reforma de los servicios para adaptarlos a las necesidades operativas e incrementó los efectivos de diez a 27 funcionarios con la creación de un grupo de apoyo operativo centrado en el desmantelamiento de los puntos de venta de droga y otro de blanqueo de capitales.

Fue una estrategia aplaudida por la propia Jefatura Superior de Policía de Andalucía, pero que, transcurridos varios meses, comenzó a generar fricciones con otros grupos especializados de la zona, como el Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) de Chiclana, adscrito a la Brigada Central de Estupefacientes (UDYCO), que quería asumir la dirección de los operativos de toda la provincia gaditana, incluso de aquellos en cuya investigación no habían participado, relatan las fuentes consultadas. 

Por otro lado, la llegada de un nuevo responsable a la comisaría del Puerto de Santa Maria también recrudeció la situación. El comisario, señalan las mismas fuentes, «puso en duda toda la estrategia y estructura establecida», y una operación conjunta, en febrero de 2021, en la que la Policía Nacional interceptó tres camiones con importantes cantidades de marihuana y hachís en Jerez, Sevilla y Algeciras, terminó por dinamitar la tensión que había entre ambos grupos policiales. 

Una discusión entre un responsable del grupo de estupefacientes y otro del Greco provocó que tres policías de la primera unidad se quedasen abandonados por el resto, que colaboraba en el operativo, sin protección alguna y custodiando los vehículos que contenían en su interior más de 2,5 toneladas de droga en su interior. Pese a que el inspector jefe de la Policía Judicial en El Puerto estaba fuera del servicio en ese momento, en un informe interno, el comisario provincial le hizo responsable de la citada situación por «haberse saltado todos los protocolos de comunicación y coordinación» e incluso le acusó de haber cometido un delito de «detención ilegal». 

Destitución

Finalmente, el inspector jefe fue relevado de su puesto de trabajo en febrero de 2021 y fue nombrado secretario local de las dependencias. Posteriormente, cuando solicitó su regreso tras recurrir su cese en 2022, la Dirección General de la Policía lo repuso al frente de la Brigada de Policía Judicial, pero la Comisaría de El Puerto de Santa Maria decidió desmantelar la mayor parte del grupo de estupefacientes, trasladando a la mayor parte de los agentes integrantes a la unidad de custodia y conducciones, y de seguridad en los centros penitenciarios de la zona.

Desde esa fecha, advierten fuentes policiales, la eficacia del grupo de estupefacientes «se ha visto mermada sensiblemente». «No se realizan operaciones de gran tráfico y las que llevan a cabo son de menor importancia centradas en plantaciones de marihuana. Se hizo un completo relevo del equipo, destinando al mismo a funcionarios sin ninguna experiencia en investigación ni en policía judicial, y esto ha hundido los resultados», manifiestan. Un extremo que, unido al cierre del OCON-Sur un año después, ha provocado que el trabajo policial en la zona «haya naufragado una y otra vez, reduciendo de forma ostensible sus operaciones», concluyen las fuentes.