La UCO cree que la abogada de Koldo fabricó pruebas para exculparse del soborno a Pano

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estrecha el cerco sobre el núcleo jurídico del denominado caso SEPI. Según han confirmado a THE OBJECTIVE fuentes de la investigación y del entorno judicial, los agentes del instituto armado sopesan firmemente la hipótesis de que la letrada de Koldo García Izaguirre, Leticia de la Hoz, ha aportado documentación de forma retrospectiva con el objetivo de prefabricar una coartada y exonerarse de un presunto delito de coacción e intento de soborno a la testigo clave, Carmen Pano. La abogada, que se sitúa actualmente al borde de la imputación formal en la causa penal que instruye la Audiencia Nacional bajo la dirección del magistrado Santiago Pedraz, maniobró supuestamente antes de que se diese traslado formal a las partes implicadas del levantamiento del secreto de sumario de la causa.

Las pesquisas policiales apuntan a que De la Hoz, consciente de la gravedad de la situación tras conocer que la empresaria Carmen Pano había comparecido de manera pormenorizada ante las dependencias policiales de la Guardia Civil en Las Rozas, remitió a toda prisa un escrito que contenía una presunta «cronología documentada». Este movimiento es interpretado por los investigadores como una reacción defensiva para revestir de legalidad unos contactos económicos clandestinos dirigidos a comprar el silencio del testimonio que hace tambalear la estructura del partido del Gobierno.

Entre la documentación aportada por la defensa de la letrada de Koldo García consta, según confirman fuentes de la investigación a este periódico, una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp intercambiada con la fontanera del PSOE, Leire Díez. En dicha comunicación, ambas dejan entrever de manera interesada que se conocieron en persona el 11 de marzo de 2025. Una fecha que no es casual: se sitúa justo un día después de que THE OBJECTIVE hiciese estallar los cimientos de la causa al publicar la exclusiva titulada: «Un despacho próximo al PSOE ofreció 50.000 euros a Carmen Pano por negar pagos a Ferraz». Con esta maniobra, ambas partes perseguirían desvincular por completo a Leticia de la Hoz de la estrategia de chantaje a la testigo clave para forzar la modificación de su testimonio en sede judicial. Sin embargo, el blindaje exculpatorio cojea indiciariamente. Fuentes judiciales de toda solvencia señalan a este diario que los investigadores sospechan que este mensaje de WhatsApp habría sido prefabricado en estricta connivencia entre ambas mujeres. El objetivo no sería otro que orquestar un relato artificial que hiciera imposible que la abogada de Koldo se hubiese conchabado con Leire Díez para presionar a Carmen Pano, bajo el pretexto de que ni siquiera se conocían con anterioridad. Pero, la UCO tiene pruebas gráficas que corroboran que ambas se conocían como mínimo en 2024, un año antes a ese mensaje prefabricado por Leticia de la Hoz.

Para torpedear la fiscalización policial, la letrada Leticia de la Hoz activó de forma deliberada la función de borrado de mensajes temporales en la aplicación, impidiendo a los agentes comprobar la existencia de un flujo de comunicaciones previo entre ellas. Una presunta fabricación de pruebas que ya se encuentra bajo la lupa de la UCO y que amenaza con dinamitar el futuro penal de la abogada; esta maniobra defensiva podría acarrearle de forma inmediata la imputación de un delito de falsedad documental, el cual lleva aparejadas penas de prisión de hasta tres años de cárcel.

Los agentes del instituto armado corroboran que Leticia de la Hoz fue la persona encargada de trasladar en mano una oferta económica nítida a Carmen Pano en febrero de 2025. Este ofrecimiento se orquestó en las semanas previas a la comparecencia programada de la testigo ante el Tribunal Supremo, teniendo como finalidad principal forzar una rectificación radical de las declaraciones que la empresaria había efectuado previamente tanto ante este medio de comunicación como en un documento protocolizado ante notario. Asimismo, el plan buscaba que se retractase de lo expuesto ante la propia UCO y en la Audiencia Nacional en relación con un hecho nuclear: la entrega física de 90.000 euros en efectivo, repartidos en dos bolsas, en la misma sede central del PSOE en la madrileña calle Ferraz en octubre de 2020.

La trama tomó cuerpo físico en el corazón de la capital. Los encuentros, según desvelan las investigaciones del sumario, se celebraron en las oficinas de la consultora IDBO Consultants SL, ubicadas en la calle Serrano de Madrid. En una primera toma de contacto en dicho despacho, la abogada de Koldo García y su socio en la firma, Ángel Prieto, desplegaron la red protectora de la formación socialista. La instrucción impartida por De la Hoz fue taxativa: la contraprestación financiera exigía obligatoriamente como condición indisoluble «dejar al margen al PSOE y no mencionar a Santos Cerdán». Para consolidar el control sobre la voluntad de la testigo, sumida en una precaria asfixia financiera motivada por el bloqueo judicial generalizado de las cuentas bancarias de todo su núcleo familiar —incluyendo las de su marido, su hija y su hermana—, la letrada formuló una pregunta inequívoca a la empresaria: «¿Cuáles son tus necesidades básicas?».

«La consigna trasladada desde el departamento jurídico de IDBO Consultants era nítida: «Amoldar la declaración, que no dijera que había llevado el dinero a Ferraz, dejarlo en entredicho. Que les viene bien al partido que no vaya contra Ábalos. Que diga que, en lugar del dinero, lo que tenía que decir es que le dieron un sobre DIN A4, que no sabía si dentro había dinero, que lo suponía porque, como le había llevado el dinero a Aldama a su despacho, suponía que estaba el dinero, pero que no lo vio, que [lleva] las bolsas, pero que no vio el dinero». En definitiva: «Que pudiera caber la duda, que dejara la duda».

Grabaciones de Leticia de la Hoz

Las indagaciones policiales desarrolladas bajo el más estricto secreto de sumario han permitido a la UCO descubrir que la oferta inicial reflejada en el auto judicial del magistrado Pedraz —cuantificada provisionalmente de forma indiciaria en un pago inmediato de 50.000 euros— fue sensiblemente ampliada a medida que las reuniones avanzaban por las tardes en Serrano. Los emisarios elevaron la proposición hasta un montante global que alcanza los 250.000 euros.

Las fuentes consultadas indican que este esquema financiero global se desglosaba de manera milimétrica: se ofrecieron 25.000 euros para costear de inmediato la boda de la hija de la empresaria, Leonor González Pano, cuyos preparativos se encontraban paralizados por la imposibilidad de afrontar un préstamo bancario de 17.000 euros; el pago directo de tres meses de alquiler de vivienda habitual más otro de margen de seguridad; y una oferta estructural a largo plazo consistente en asumir el coste total de dicho arrendamiento residencial durante un periodo de entre cinco y siete años, a razón de 2.500 euros mensuales.

Durante su interrogatorio el pasado jueves en las dependencias oficiales de la UCO, Carmen Pano ratificó la veracidad absoluta de este despliegue material y desveló a los agentes un detalle de alta relevancia penal. En el transcurso de una de las sesiones de negociación en IDBO Consultants, Leticia de la Hoz activó de forma deliberada el manos libres de su terminal telefónico móvil. Gracias a este gesto, los allí presentes pudieron escuchar con total nitidez la voz del interlocutor situado al otro lado de la línea, quien ejercía la tutela política de la operación y debía conceder el preceptivo visto bueno a los términos económicos acordados.

Ante la pregunta expresa de los agentes instructores sobre si sería capaz de identificar de forma inequívoca la identidad de la voz grabada en el terminal, la testigo respondió afirmativamente. Fue en ese preciso instante del interrogatorio cuando la Guardia Civil le notificó formalmente que la causa judicial ya albergaba grabaciones e intervenciones directas sobre Leticia de la Hoz y el abogado Ismael Oliver —quien ejercía la defensa técnica del exministro de Transportes, José Luis Ábalos— discutiendo explícitamente los pormenores de la operación criminal encaminada a ejecutar lo que ellos mismos denominaban en sus comunicaciones como una «compra» de voluntades para blindar al partido.

La ramificación de esta maniobra de obstrucción a la justicia salpica de lleno a la fontanería interna de la organización del PSOE. El propio auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, plasma conversaciones determinantes que acreditan que el letrado Ismael Oliver se puso en contacto directo con Leire Díez, haciéndole comprender la importancia crítica de neutralizar el testimonio judicial de la empresaria. «Es importante y, si queréis, lo negocio yo», sugirió el abogado penalista. La respuesta y el plácet de la dirigente socialista fueron inmediatos y contundentes: «Negócialo. Si puedes, hazlo». A partir de esa autorización expresa, ambos coordinaron una estrategia que quedó inmortalizada en los extractos de la investigación policial: «Esta se vende. Debemos saber comprar».

Para camuflar la entrega de estos fondos opacos en el tráfico jurídico, los socios del despacho IDBO propusieron a los representantes de Pano articular los pagos mediante la formalización de contratos laborales ficticios o acuerdos simulados de intermediación mercantil. No obstante, el andamiaje protector diseñado por Leticia de la Hoz y Ángel Fernández se desmoronó por completo cuando la testigo, desoyendo las presiones y las promesas de solvencia, acudió ante el Tribunal Supremo y la Fiscalía Anticorrupción para relatar la estricta realidad de los hechos: que los 90.000 euros salieron de los despachos de Víctor de Aldama y entraron físicamente en Ferraz.

Al comprobar que la empresaria no cedió al relato prefabricado de los sobres DIN A4 que debían exculpar a la cúpula socialista, De la Hoz interrumpió abruptamente la relación penal, recriminando con dureza el resultado de la declaración: «¿Cómo hacéis eso? Eso no se hace así (…) Ahora ya no podemos hacer nada. No tenemos margen de maniobra». Un colapso definitivo que la abogada intentó enmendar semanas después remitiendo una «cronología» ad hoc ante la UCO que los agentes analizan ahora bajo la firme sospecha de ser una burda fabricación de pruebas defensivas.