El CEO de Plus Ultra al 'testaferro' de Zapatero tras el rescate: «Solo me llamas para cobrar»
La aerolínea era cliente de la consultora de Julio Martínez Martínez para la que trabajó el expresidente del Gobierno
José Luis Rodríguez Zapatero y Julio Martínez Martínez. | Ilustración de Alejandra Svriz
Los directivos de Plus Ultra mantenían una magnífica relación con Julio Martínez Martínez, al que los investigadores consideran el testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero. Así se desprende de las conversaciones telefónicas intervenidas a los máximos dirigentes de la aerolínea rescatada con 53 millones de euros por el Gobierno de Pedro Sánchez. El auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama revela que el propietario de la compañía, Julio Martínez Sola, aceptó pagar al expresidente por mediar en la concesión de la ayuda pública, aprobada por el Consejo de Ministros en marzo de 2021. Tres semanas después, el CEO de Plus Ultra, Roberto Roselli, reprochó a Martínez Martínez que no se interesara por él y que solo le llamara para cobrar. El idilio entre ambos se fraguó en el último año.
Calama ha acordado citar como investigado a Zapatero el próximo 2 de junio por delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. El magistrado le considera el presunto líder de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias». En un segundo escalón se encontrarían su «amigo» Julio Martínez Martínez y Manuel Aarón Fajardo, hijo de un senador del PSOE y el hombre del expresidente del Gobierno en Venezuela. Los investigadores sostienen que ambos se habían encargado de mediar con los directivos de Plus Ultra para conseguir el favor del exdirigente socialista.
El auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE revela que la agencia Homeland Security Investigations (HSI) trasladó a la justicia española información de los móviles intervenidos a los directivos de Plus Ultra, entre ellos Rodolfo Reyes. Gracias a esa colaboración entre ambos países, ha sido posible determinar que las conversaciones para solicitar ayuda a Zapatero comenzaron en marzo de 2020, un año antes del rescate.
La vía Zapatero
Reyes sugirió a Martínez Sola la posibilidad de recurrir a dos vías extraoficiales para obtener la ayuda pública. Una a través de José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, y otra mediante Zapatero. El propietario de Plus Ultra se mostró a favor de pagar al expresidente del Gobierno por sus servicios con un elocuente «como dice un amigo, vamos a follar aunque [tuvieran] que pagar un poquitín».
Para sondear a Zapatero, los miembros de la aerolínea contactaron con Ramón Gordils, entonces viceministro de Cooperación de Nicolás Maduro. A partir de ahí comienza un intenso intercambio de mensajes, entre los que se encuentra el audio que Roselli, detenido junto a Martínez Sola el pasado diciembre por el caso Plus Ultra, envió el 14 de abril de 2021 a Julio Martínez Martínez para expresarle a su «querido y estimado amigo» que le tenía «abandonado».
«Claro, como ahora te la pasas en la república de nuestros amigos viajando en aviones privados, ya un pobre como yo que sale vapuleado en las noticias, ya ni quieres hablar ¿no? Yo lo que te quiero preguntar es si te hice algo para que mantengas ese bloqueo comunicacional conmigo, ¿no? Porque me imagino que Julio [el propietario de la aerolínea] que es tu consentido, a ese sí, ¿no? Tú igual me puedes llamar para ver si estoy vivo, muerto; no sé, pero bueno, porque solo me llamas para cobrar, ¿no? Ya lo tengo apuntado aquí, te estoy poniendo en la lista negra», reprocha Roselli al propietario de la consultora de Análisis Relevante, para la que trabaja Zapatero.
Un día más tarde, el 15 de marzo de 2021, Martínez Sola manifestó a Reyes que le había llamado muy enfadado Julio Martínez Martínez porque «su jefe» estaba a su vez muy enfadado por una entrevista que había dado a la prensa Roselli con motivo del rescate de Plus Ultra porque «habría salido algo». Tres días más tarde, Reyes explica al abogado de la aerolínea, Santiago Fernández Lena, que el contrato con el presunto testaferro de Zapatero ya estaba firmado y que al día siguiente lo trataría con el CEO de la compañía.
Los pagos de Análisis Relevante
El 19 de marzo, Fernández Lera pidió a Reyes que acelerara la firma del contrato, ya que Julio Martínez Martínez insiste. Ese mismo mes se rubrica la prestación de servicios entre Análisis Relevante y Corpoestructura, de la que en ese momento Reyes actúa como administrador solidario, por un periodo de 40 meses y unos honorarios mensuales de 10.000 euros más IVA, un total de 484.000 euros.
La consultora de Julio Martínez Martínez ya había suscrito un contrato con Plus Ultra para labores de asesoría el 30 de julio de 2020, solo unos meses después de que los directivos de la aerolínea trataran la necesidad de abrir «vías políticas» para conseguir el rescate. El documento, con una duración de 12 meses y un pago total de 72.600 euros, fue intervenido en el registro de la sede de la compañía. El auto sostiene que otra empresa administrada por el «amigo» de Zapatero, Idella Consulenza Strategica, habría suscrito un contrato con la aerolínea para cobrar el 1% del rescate (530.000 euros).
Calama señala en el auto que Análisis Relevante emerge en la investigación «como una pieza instrumental dentro de una estructura financiera diseñada para canalizar fondos procedentes de varias sociedades, principalmente Plus Ultra, pero también Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva, hacia personas del entorno de la red organizada, especialmente Zapatero y Whathefav, la agencia de comunicación de sus hijas.
El auto sostiene que Zapatero habría cobrado 490.780 euros a través de Análisis Relevante, la misma cantidad que el magistrado ha bloqueado de las cuentas bancarias del expresidente. Julio Martínez Martínez habría remitido a Whathefav otros 239.755 euros. La investigación revela que Plus Ultra era uno de los clientes de la consultora, que recibió pagos de otras tres empresas: Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa. El expresidente reconoció el pasado 2 de marzo en el Senado que trabajaba para la empresa de su amigo y que cobraba unos 70.000 euros anuales, pero negó cualquier irregularidad, justificando los pagos por sus trabajos de consultoría, que consistieron en informes «escritos y orales».