Puente batalla en la Audiencia Nacional para evitar divulgar las incidencias ferroviarias
Transportes impugna decisiones de Transparencia que rechazaron las negativas de ADIF a facilitar datos sobre averías
Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. | EP
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que capitanea Óscar Puente ha recurrido ante la Audiencia Nacional la resolución del Consejo de Transparencia que obligaba a ADIF a facilitar el número total de incidencias registradas en la línea de alta velocidad Barcelona-Girona entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025. El departamento ha optado por impugnar la decisión del organismo independiente después de que este rechazara los argumentos utilizados por la empresa pública para negar el acceso a la información.
El recurso, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, afecta a una solicitud en la que se reclamaba conocer el total de incidencias registradas en ese corredor ferroviario. ADIF inadmitió la petición alegando que la infraestructura es utilizada por trenes de alta velocidad, servicios Avant y convoyes de mercancías y que responder obligaba a realizar una compleja labor de tratamiento de la información.
La compañía pública sostuvo que sus sistemas internos no permiten discriminar de forma sencilla por tipo de servicio ferroviario y defendió que era necesario cruzar información procedente de varias aplicaciones y revisar alrededor de 14.345 circulaciones correspondientes a 2024. Según la respuesta remitida al solicitante, la información pedida no existía como tal y obtenerla exigía una labor de reelaboración incompatible con la Ley de Transparencia.
Resolución de Transparencia
El Consejo de Transparencia rechazó esa interpretación y, en una resolución dictada el pasado 2 de marzo, concluyó que el ciudadano no había solicitado un desglose entre trenes de alta velocidad, media distancia o mercancías, sino únicamente el número total de incidencias registradas en la línea Barcelona-Girona.
El organismo consideró que la complejidad invocada por ADIF partía de una interpretación más amplia que la propia petición y concluyó que facilitar esos datos constituía una elaboración básica compatible con el derecho de acceso a la información pública. La decisión obligaba a ADIF y al Ministerio de Transportes a remitir la información en un plazo máximo de diez días hábiles. Sin embargo, en lugar de ejecutar la resolución, el departamento de Óscar Puente ha decidido trasladar el conflicto a la Audiencia Nacional.
La disputa se produce en un momento de especial presión sobre el sistema ferroviario. Los problemas de puntualidad, las incidencias registradas en distintos corredores y el accidente de Adamuz han situado el funcionamiento de la red en el centro del debate político y técnico. En mayo, THE OBJECTIVE reveló que ADIF había implantado nuevas limitaciones de velocidad en la línea Madrid-Extremadura después de detectar anomalías en el comportamiento de algunos trenes y defectos en determinadas soldaduras. Semanas más tarde, este periódico publicó que Renfe había reducido en 172 las circulaciones de larga distancia respecto a diciembre de 2025 tras el siniestro de Adamuz.
Incidencias ferroviarias
La resolución recurrida no constituye un caso aislado dentro de los enfrentamientos entre ADIF y el Consejo de Transparencia. En diciembre de 2025, el organismo independiente estimó parcialmente una reclamación sobre la red de Cercanías Madrid y ordenó a la empresa pública facilitar datos consolidados de incidencias entre 2020 y 2024, los presupuestos ejecutados en mantenimiento de infraestructura, indicadores básicos de puntualidad y las comunicaciones mantenidas con la Comunidad de Madrid.
ADIF había inadmitido aquella solicitud al considerar que equivalía a una «auténtica auditoría particular». La empresa pública sostuvo que el solicitante pretendía actuar como «puro interventor y fiscalizador de la gestión» y argumentó que atender la petición obligaría a destinar recursos humanos durante un periodo prolongado a una única solicitud, con el consiguiente perjuicio para otros ciudadanos.
La compañía también calificó la petición como un ejercicio abusivo del derecho de acceso y defendió que la elaboración de la información requerida generaría una carga de trabajo desproporcionada. Según su escrito, la atención de este tipo de solicitudes suponía un «despilfarro» de recursos materiales y humanos y podía comprometer la eficacia administrativa.
Los argumentos de Puente
El Consejo rechazó esos argumentos y recordó que el volumen de información solicitado no basta por sí solo para inadmitir una petición y subrayó que la propia Ley de Transparencia permite ampliar el plazo de respuesta cuando la complejidad lo exige, posibilidad que ADIF no llegó a utilizar. Además, rechazó que el interés particular del solicitante pudiera utilizarse para limitar el derecho de acceso y destacó el «indudable interés público» de disponer de información objetiva sobre la gestión de un servicio esencial.
El recurso presentado ahora por Transportes traslada a la Audiencia Nacional un debate que afecta a toda la Administración. El tribunal deberá determinar hasta qué punto las limitaciones técnicas de los sistemas internos o la necesidad de ordenar información dispersa permiten restringir el acceso a datos sobre averías, retrasos e incidencias en la red ferroviaria.
La resolución que adopte la Audiencia Nacional tendrá consecuencias que van más allá del corredor Barcelona-Girona. Si el tribunal avala la tesis del ministerio, las administraciones dispondrán de un respaldo adicional para denegar solicitudes alegando la necesidad de reelaborar la información. Si confirma el criterio del Consejo de Transparencia, los organismos públicos tendrán más difícil utilizar la complejidad técnica como argumento para mantener fuera del escrutinio datos sobre el funcionamiento de servicios esenciales utilizados cada año por millones de ciudadanos.