Transparencia obliga a Renfe y ADIF a informar sobre las incidencias en trenes y vías

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha estimado dos reclamaciones contra Renfe y ADIF y ha instado a ambas compañías públicas a facilitar información sobre incidencias en la red ferroviaria, tras rechazar los argumentos utilizados por ambas entidades para denegar el acceso. Las resoluciones refuerzan el derecho a conocer datos sobre el funcionamiento del servicio en un contexto marcado por el aumento de retrasos, averías y sucesos y accidentes recientes que han puesto el foco en el estado de la infraestructura. Las nuevas resoluciones de Transparencia, a las que ha accedido THE OBJECTIVE, consolidan un criterio claro sobre la obligación de rendición de cuentas en servicios esenciales.

La decisión del organismo independiente se produce en un momento especialmente complicado para el sistema ferroviario español, donde en los últimos meses se han acumulado incidencias de distinta naturaleza que han deteriorado la percepción del servicio. A los retrasos recurrentes en múltiples líneas, especialmente en cercanías y media distancia, se han sumado episodios de mayor gravedad como el accidente de Adamuz, en la provincia de Córdoba, o la caída de elementos estructurales en instalaciones ferroviarias, hechos que han reactivado el debate sobre el mantenimiento de la red, la seguridad y, cada vez más, sobre la transparencia con la que se gestionan y comunican estos problemas.

Las reclamaciones que dan origen a las resoluciones se centraban en el acceso a información detallada sobre incidencias ferroviarias. En concreto, las solicitudes requerían datos sobre el número de incidencias registradas y su distribución temporal. El objetivo era disponer de una base de datos que permitiera analizar la evolución del sistema ferroviario, superando la visión fragmentada de los comunicados puntuales.

La negativa de Renfe y de ADIF

En el caso de Renfe, se solicitó el «detalle de todas las circulaciones programadas que no han circulado, para todas las líneas de Cercanías Madrid, en los últimos tres años». Mientras tanto, a los responsables de ADIF se solicitó el número total de incidencias registradas en los trayectos entre Barcelona y Gerona y Gerona y Barcelona entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 Tanto Renfe como ADIF rechazaron facilitar la información, apoyándose en argumentos formales y operativos habituales en este tipo de procedimientos, que en la práctica bloqueaban el acceso a datos agregados y dificultaban cualquier análisis global del funcionamiento del servicio.

Sin embargo, el Consejo de Transparencia ha concluido que la información solicitada encaja plenamente en el concepto de información pública y, por tanto, debe ser entregada, subrayando que los organismos obligados solo pueden denegar el acceso si acreditan de forma clara la concurrencia de límites legales, algo que no se ha producido en estos casos.

Ambos pronunciamientos, aunque referidos a solicitudes distintas, comparten un mismo objetivo: permitir el acceso a información que haga posible una evaluación estructurada de las incidencias ferroviarias. La negativa inicial de las empresas públicas impedía ese análisis y limitaba la capacidad de determinar si los fallos responden a episodios aislados o a un problema más amplio vinculado al estado de la red o a la gestión del servicio.

Acumulación de incidencias

La resolución del CTBG se produce en un contexto de aumento sostenido de incidencias en la red ferroviaria, denunciado tanto por usuarios como por asociaciones del sector. Estos colectivos han alertado de un incremento de retrasos, cancelaciones y fallos técnicos en distintos niveles del servicio. Estos problemas afectan especialmente a los servicios de cercanías y media distancia, aunque también han alcanzado a corredores de alta velocidad.

A estos problemas operativos se han sumado incidentes de mayor impacto que han intensificado el debate sobre la seguridad y el mantenimiento de la infraestructura. El accidente de Adamuz ha sido uno de los episodios más relevantes, no solo por sus consecuencias, sino también por las dudas generadas en torno a su gestión e investigación. Junto a este caso, la caída de elementos estructurales —como muros— en instalaciones ferroviarias ha contribuido a reforzar la percepción de deterioro en determinadas partes de la red, incrementando la exigencia de explicaciones tanto a ADIF, como gestor de la infraestructura, como a Renfe, responsable de la operativa.

El caso de Adamuz se ha convertido en un punto de inflexión en el debate sobre la transparencia en el ámbito ferroviario. La investigación del incidente ha estado rodeada de cuestionamientos sobre el acceso a la información y sobre el tipo de datos que se hacen públicos, alimentando la percepción de falta de claridad en la gestión de este tipo de episodios. En este contexto, las solicitudes de información buscaban precisamente superar esa opacidad, al centrarse en el volumen, la tipología y la frecuencia de las incidencias ferroviarias.

La polémica sobre Adamuz y el control de la información

La decisión del CTBG establece un precedente relevante en materia de acceso a la información. Refuerza la idea de que las empresas públicas que gestionan servicios esenciales no pueden restringir el acceso a datos sin una justificación jurídica sólida y verificable, y subraya que la transparencia es una condición necesaria para el control democrático.

El Consejo de Transparencia recuerda que el derecho de acceso a la información pública tiene un alcance amplio y que su aplicación resulta especialmente relevante en determinados sectores en los que confluyen inversión pública, implicaciones en materia de seguridad y un impacto directo sobre millones de usuarios.