Calama, un refuerzo para el pelotón

El estilo y la oratoria de Gabriel Rufián, qué ejemplo de justicia onomástica, están a un par de kilómetros de entusiasmarme literariamente o de conmoverme en el plano sentimental. Por eso, su comentario a Pedro Sánchez en la sesión de control de ayer a propósito de la imputación de Zapatero por el juez Calama derrochaba bizarría: «Estoy jodido. Si esto es verdad, es una mierda». Descartemos los extremos del bocadillo y conformémonos con darle la razón en lo que pone en el relleno. «Esto» es verdad; hasta Lucía Méndez, que se confesaba amiga de Zapatero, lo admitía con una pequeña cláusula de salvaguarda: «Él [ZP] alegaba una cosa que es cierta, que la derecha española le ha convertido en su bestia negra». Tendría que preguntarse si con razón o sin ella, pero Lucía se hacía eco de sus compañeros de tribunales para admitir que Calama «es un juez serio», que no hay lawfare, como han denunciado los portavoces variados del sanchismo.

El pleno de control de ayer había arrancado con la interpelación de Feijóo, que fue recto y por derecho: «Sin usted, Zapatero no habría podido delinquir. Usted no llegó al Gobierno para limpiar las instituciones y gobierna la corrupción. Yo me voy a encargar de cambiarlo». El presidente proclamó: «Toda colaboración con la Justicia, todo mi apoyo a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero». Cerrada salva de aplausos de la bancada socialista, casi tanto como la que dedicaron en su día a José Luis Ábalos antes de echarlo del grupo y de que fuera a la cárcel.

Fue el turno de Abascal, que no pudo estar más desafortunado al criticar a Sánchez por la invasión migratoria que ha propiciado con 2,5 millones de inmigrantes. Para justificar su elección, dijo que, de todas sus corrupciones, la peor es la invasión migratoria, un despropósito especialmente grave en un día como el de ayer. Sánchez le llamó corrupto y tiró de un viejo recurso: «Su asesor gana un sueldo de 30.000 euros al mes. Si eso gana el asesor, ¿cuánto gana el asesorado?». Abascal, que domina bastante bien la dialéctica parlamentaria, no tuvo su día. Para rematar, exigió al PP que planteara una moción de censura para retratar a la mafia, un regalo envenenado para el principal partido de la oposición, que no picó, naturalmente. Luego vino la de Rufián, que se cuenta más arriba. El presidente acabó de despachar las interpelaciones y tomó el olivo.

El juez Calama se ha incorporado al selecto ramillete de magistrados que defienden con buena prosa jurídica el Estado de derecho, mientras todos los portavoces del sanchismo lo tildaban de prevaricador: Elma Sáiz, Montse Mínguez y Rebeca Torró, coreados con entusiasmo por la purria mediática que el sistema ha enquistado en la televisión pública. Pedro Sánchez prometió colaboración con la Justicia, pero decíamos ayer —en sentido estricto— que el yerno y la hija de Sabiniano entendieron la colaboración querellándose contra el juez Peinado, acusándolo de prevaricador y negándose a responder a sus preguntas.

José Luis Calama, un juez riguroso, es ya otro candidato a seguir la vía de Marino Barbero, Juan Carlos Peinado, Ángel Hurtado, Beatriz Biedma y Leopoldo Puente, que han sido blanco móvil para el fuego graneado de los socialistas en el terreno de la judicatura. En el de la Fiscalía hay que recordar al gran fiscal de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, destituido en febrero de 2006 por la santa alianza que ya entonces habían formado el recién imputado Zapatero y el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Fungairiño era un obstáculo serio para los planes de negociar con ETA que tenía el entonces presidente del Gobierno.

También cabe destacar la baja del fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, que fue empujado hacia la empresa privada en 2010 por su empeño en esclarecer el caso de Lasa y Zabala, otra muesca en la culata de José Luis Rodríguez Zapatero, que respondió antes de tiempo a la pregunta que años después se haría Pedro Sánchez: «¿De quién depende la Fiscalía?». Pues ya está.