The Objective
Tribunales

Zapatero pide al juez que reclame a EEUU más datos sobre el volcado del móvil que lo delató

La defensa del expresidente cuestiona la obtención del teléfono de Rodolfo Reyes, la prueba clave para su imputación

Zapatero pide al juez que reclame a EEUU más datos sobre el volcado del móvil que lo delató

Ilustración de Alejandra Svriz.

Zapatero contraataca. La defensa del expresidente del Gobierno ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que reclame a Estados Unidos más información sobre el origen, la obtención y la cadena de custodia del contenido del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, empresario venezolano y entonces socio mayoritario de Plus Ultra, cuyo volcado resultó determinante para su imputación en el caso Plus Ultra. En un escrito remitido al magistrado, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el abogado de Zapatero, Víctor Moreno Catena, cuestiona las garantías procesales del material intervenido por las autoridades estadounidenses en 2021 y pide que se amplíe la comisión rogatoria enviada por Calama a EEUU para esclarecer cómo se obtuvo y conservó esa prueba.

La defensa reacciona así al auto dictado por el juez, en el que solicitaba autorización formal a las autoridades norteamericanas para incorporar al procedimiento penal español el contenido del teléfono de Reyes con plenos efectos probatorios de cara a un eventual juicio. Las conversaciones halladas en ese dispositivo fueron clave tanto para la imputación del expresidente socialista como para los registros practicados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en su despacho de Ferraz y en Whathefav, la empresa vinculada a sus hijas.

Según las comunicaciones interceptadas por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI), Reyes habría impulsado gestiones para lograr el rescate público de Plus Ultra durante la pandemia. En algunos de esos mensajes, el empresario venezolano instaba a «tocar puertas» para desbloquear ayudas y proponía directamente «pedir ayuda a Zapatero».

Ante la «parquedad de información» aportada hasta ahora sobre el origen de esas conversaciones, Moreno Catena solicita al juez hasta ocho requerimientos adicionales a Estados Unidos. Entre ellos, reclama la resolución judicial o administrativa que autorizó la incautación y el clonado del terminal, los detalles del procedimiento abierto contra Reyes en aquel país y la identificación de la autoridad que realizó el volcado. Exige conocer qué software se utilizó para la extracción del contenido y que se aporten mecanismos de verificación técnica —como códigos hash, actas de desprecinto o registros de custodia— que permitan comprobar si el material ha podido sufrir alteraciones o manipulaciones.

El letrado sostiene que esta información es necesaria para «garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales» del expresidente en una causa en la que se le investiga por presunta participación en una trama de tráfico de influencias. A juicio de la defensa, la ausencia de detalles sobre la autenticidad de las comunicaciones, el método de extracción o la conservación del dispositivo por parte de las autoridades estadounidenses «permite plantear dudas razonables sobre el respeto del derecho a un proceso con todas las garantías».

El escrito también expresa «preocupación» por el intercambio de información entre órganos policiales de ambos países «sin intervención judicial conocida» y advierte de las «graves dificultades» que ello podría generar para el ejercicio del derecho de defensa. En ese sentido, insiste en la necesidad de contar con una «posibilidad real y efectiva» de cuestionar «la autenticidad, integridad, trazabilidad y contexto» de las pruebas incorporadas al procedimiento.

La conexión Zapatero

El juez Calama señala en su escrito, fechado el pasado 5 de junio, que resulta necesario determinar las condiciones de la eventual incorporación del material incautado en el proceso penal español «con plenos efectos procesales». Zapatero está citado a declarar como investigado los próximos 17 y 18 de junio, después de que su abogado, Víctor Moreno Catena, solicitara retrasar la cita prevista este mismo martes por la magnitud de la causa. Es la primera vez en la democracia que un expresidente del Gobierno ha sido imputado por delitos de corrupción.

«La cooperación policial entre España y Estados Unidos ha permitido que la oficina de HSI en Madrid traslade a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional información relevante sobre una investigación transnacional iniciada en 2018 contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos mediante estructuras financieras sofisticadas, empresas pantalla, fideicomisos y operaciones internacionales que incluyen desfalco de fondos públicos, fraude, sobornos y adquisición de bienes en múltiples jurisdicciones», señala el juez.

El escrito insiste en que autoridades de Estados Unidos, Francia, Suiza, Andorra, Portugal y de nuestro país han trabajado de forma conjunta para «identificar y desarticular redes que facilitan la circulación global de fondos ilícitos y favorecer la recuperación de activos». Calama señala que una de las líneas de investigación se centra en Rodolfo Reyes, investigado por blanqueo y evasión de sanciones mediante compañías como Plus Ultra, Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank. «Una extracción telefónica (en 2021) inicialmente orientada a contrabando reveló comunicaciones para mover fondos ilícitos» y es ahí donde saltó el nombre de Zapatero.

El magistrado considera al expresidente del Gobierno como el presunto líder de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» cuya finalidad «es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra»Calama cifra entre dos y cuatro millones de euros las comisiones que cobró el entorno de Zapatero, que habría pedido crear sociedades offshore para ocultar las transacciones. Los agentes de la UDEF registraron el pasado 19 de mayo su despacho en la madrileña calle de Ferraz y la sede de la empresa de sus hijas, Whathefav.

Publicidad