La Fiscalía ve acreditado que Fernández Díaz participó en el operativo ilegal de Kitchen
El Ministerio Público sostiene que la llamada operación policial buscaba sustraer información sensible
El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. | Archivo
El fiscal Anticorrupción César de Rivas considera acreditada la participación del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz en el «operativo parapolicial delictivo» conocido como Kitchen, que no buscaba dinero del extesorero del PP Luis Bárcenas en el extranjero, sino documentación del caso Gürtel comprometedora para el PP y sus máximos dirigentes, incluidas grabaciones.
El fiscal, que pide una condena de 15 años de cárcel para el exminsitro del primer Gobierno de Mariano Rajoy, ha expuesto ante el tribunal de la Audiencia Nacional sus argumentos sobre por qué la operación Kitchen no fue un operativo de inteligencia, sino un dispositivo ilícito no comunicado al juez para sustraer documentación al extesorero, así las supuestas grabaciones a las que éste aludía con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
«Se ha acreditado en el plenario la participación, ya desde el momento de su de la captación de Sergio Ríos -chófer de Bárcenas-. tanto de Francisco Martínez, secretario de Estado, como de Jorge como de Jorge Fernández Díaz, en su condición de ministro del Interior», ha recalcado el fiscal, aludiendo a mensajes incriminatorios registrados ante notario por el exnúmero dos de Interior.
A través de las agendas del excomisario José Manuel Villarejo, para quien pide 19 años de cárcel, el fiscal ve acreditado el interés que los acusados tenían desde principios de 2013 en documentación comprometedora en poder de Bárcenas «incluyendo las grabaciones que al menos sugería» el extesorero que tenía con dirigentes del partido del PP, en concreto con el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy y con el dirigente del PP Javier Arenas.
El fiscal ha destacado los mensajes atribuidos al exministro que Francisco Martínez protocolizó ante notario y que resultaban «incriminatorios» para el exministro, por los que durante la vista oral no le preguntó su letrado.
En un mensaje en julio de 2013, Fernández Díaz escribió «chófer B Sergio Ríos Esgueva ahora hace esa función con su mujer», en agosto apuntó a un contacto que iba conseguir y recalcaba «hay que conseguir esa info» y en un tercer mensaje, en octubre, en el que aludía al volcado de dispositivos y a un informador que decía que «ese material lo había dado B a los abogados» para preparar su defensa.
Además, el fiscal ha apuntado de nuevo a anotaciones de Villarejo, que en su agenda «no se engañaba a sí mismo» en relación al exdirector adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y su interés en «alguna de novedad del cocinero para decírselo al número 1», que considera una referencia al exministro Fernández Díaz.
También son múltiples las anotaciones y grabaciones relacionadas con el secretario de Estado, a quien Villarejo apodaba «Chisco».
Por eso, según el fiscal, el exministro y su número dos, que ocupaban «la máxima posición de jerarquía en el Ministerio de Interior» controlaban de «manera indirecta» al chófer «a través de las cuentas que les rendían los controladores directos»: los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño y el inspector Andrés Gómez Gordo, apodado Cospedín, y que era al inicio del dispositivo asesor de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. También les informaba el entonces DAO Eugenio Pino.
Un operativo sin control judicial
El fiscal ha incidido en que el dispositivo de Kitchen. que incluyó vigilancias a la mujer de Bárcenas, la entrada en un local o el volcado de dispositivos, no buscaba el dinero ni fue una operación de inteligencia, sino un operativo delictivo que no se comunicó al magistrado instructor de Gürtel ni a la UDEF, que entonces investigaba el caso.
Ha destacado además como de manera «errática» y contradiciéndose unos con otros los acusados trataron de «legalizar su actuación buscando diferentes finalidades al operativo», y hablaron por ejemplo de localizar cuentas en Suiza cuando esta información ya obraba antes del dispositivo en poder de la UDEF.
Por estos hechos, el fiscal pide 15 años de cárcel para el exministro, el exsecretario de Estado, el exDao y el inspector Gómez Gordo, mientras que para Villarejo solicita 19 años de prisión, para el exchófer 12 años y medio y para el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas dos años y medio.