La UDEF ve indicios de fraude en el Gobierno de Melilla para las obras de un centro comercial

La Brigada Provincial de Policía Judicial Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Melilla ha señalado en un informe indicios de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por valor de unos siete u ocho millones de euros en la construcción del centro comercial de la ciudad.

El informe, adelantado este martes por El País, fue remitido al Juzgado de Melilla en el marco del caso Santiago-Rusadir, que investiga una presunta compra de votos por correo en las elecciones municipales de 2023, y que ahora ha acordado deducir testimonio por estos supuestos hechos.

Según un auto judicial de este tribunal fechado el 7 de mayo, en uno de los registros de esta causa en marzo de 2024, en el domicilio de un empresario de Melilla, se intervino «un documento compuesto por una sola hoja foliada y sellada, donde de forma manuscrita, consta un esquema que su autor denomina Operación Valenzuela».

El informe de la UDEF señala «elementos de relevancia» en el documento intervenido en el registro del empresario y en la información que aportó una fuente confidencial, que serían indicios de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, sin relación con la operación Santiago-Rusadir.

La magistrada indica que este documento, de autoría desconocida, versa sobre la adquisición de unos terrenos al Ministerio de Defensa, situados en la Carretera Cuartel de Valenzuela y donde actualmente se encuentra el centro comercial de esta ciudad, denominado Parque Murias, inaugurado en noviembre de 2017.

La fuente confidencial aportó información vinculada con el documento manuscrito sobre un presunto fraude por el cual los terrenos que Defensa cedió a la Ciudad Autónoma fueron ofrecidos en subasta pública tras modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Melilla (PGOU) para beneficiar a las empresas licitadoras.

Según esta información, el objetivo era «obtener un gran beneficio económico de la construcción del centro comercial, eludiendo el pago de impuestos locales […], cuantificando el valor de lo defraudado entorno a los siete u ocho millones de euros» que pudieran haber tenido como destino final Gibraltar.

El Gobierno local lo desmiente

El Gobierno de Melilla (PP) ha desmentido el informe de la Policía Nacional al asegurar en un comunicado que el contenido «no se corresponde con la realidad administrativa ni con los hechos efectivamente acontecidos, carece del más mínimo rigor técnico y jurídico» y no ha sido contrastado con la administración.

Asegura que la Ciudad Autónoma puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos relacionados con aquellos locales comerciales que no habían cumplido con sus obligaciones de autodeclaración del IPSI, «actuando en todo momento con diligencia, transparencia y en defensa del interés público».

Ante esta situación, ha avanzado su intención de ejercer acciones legales contra los responsables de la elaboración, filtración y difusión de dichas informaciones que atenten contra el honor y la reputación de esta Administración y de sus empleados públicos.