La juez de Kitchen absuelve a dos inspectores tras retirar PSOE y Podemos la acusación

El tribunal del caso Kitchen ha exonerado a dos mandos policiales imputados en la causa que enjuicia la Audiencia Nacional después de que la Abogacía del Estado y las acusaciones ejercidas por el extesorero del PP Luis Bárcenas, PSOE y Podemos hayan decidido retirar los cargos contra dos inspectores jefe de Policía: José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, según revelan a THE OBJECTIVE fuentes jurídicas. Las acusaciones pedían 42 años años de prisión para Fuentes Gago y Díez por su papel en la trama parapolicial que se orquestó desde el Ministerio del Interior para robarle a Bárcenas información sensible que pudiese tener sobre dirigentes del PP y la contabilidad b. Les acusaban de delitos de instrucción a la justicia y encubrimiento.

Durante su declaración este lunes, ante el tribunal, los dos inspectores han negado de forma taxativa que tuvieran conocimiento de la operación sobre Bárcenas, sobre la existencia del confidente apodado coci o cocinero, como se conocía al exchofer del excontable que participo en la operación, o sobre las vigilancias y seguimientos a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias. Ambos han negado que tuvieran conocimiento del principal elemento que les vincula a esta causa: un correo electrónico en el que ambos figuraban como destinatarios enviado en agosto de 2015, donde aparecían cruces entre la investigación de Kitchen, introducida entonces en el sistema interno de la Policía, y la de Gürtel.

Dos mandos de la DAO

Fuentes Gago y Díez trabajaban en esa época en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía nacional, desde donde, según asegura el Ministerio Público, se puso en marcha la operación contra la familia Bárcenas a través de su responsable, Eugenio Pino. La familia Bárcenas reclamaba 41 años de prisión para los dos inspectores, mientras que PSOE y Podemos solicitaban penas de entre 32 y 39 años de cárcel, al entender que sí participaron en la presunta operación. La Fiscalía, sin embargo, siempre consideró que no existían prueba suficientes contra ambos y por ese motivo ha pedido el sobreseimiento de la causa para ellos.

Tras su declaración y escuchar a las partes, la presidenta del tribunal que enjuicia Kitchen en la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, ha comunicado a ambos agentes que la retirada de la acusación «significa que a partir de este momento quedan fuera del juicio oral y de la condición de acusados» y que podían ya abandonar la sala, algo que ambos han hecho.

15 años para Fernández Díaz

Frente a estos cambios en las acusaciones, el fiscal anticorrupción, César de Rivas, ha decidido mantener sin cambios su petición de penas para los principales procesados. En sus conclusiones finales, ha reiterado la solicitud de 15 años de prisión para el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; así como para el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; el expolicía y exasesor de María Dolores de Cospedal, Andrés Gómez Gordo; y el que fuera director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino. A todos ellos les atribuye presuntos delitos de encubrimiento, malversación de caudales públicos y vulneración de la intimidad.

La mayor petición de condena recae sobre el excomisario José Manuel Villarejo. La Fiscalía solicita para él un total de 19 años de cárcel por su supuesta implicación en el espionaje ilegal al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y a su familia mediante el uso de fondos reservados. En el caso de otro jubilado acusado, José Luis Olivera, que también ha declarado este lunes en el juicio junto a Díez y Gago, sí que continúa acusado, aunque solo por parte de la Abogacía del Estado por un delito de obstrucción a la Justicia. PSOE, Podemos y la la familia Bárcenas también han retirado todos los cargos contra él.

Olivera, que fue jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) entre 2006 y 2012, durante la etapa en que se investigó el caso Gürtel, ha sostenido que supo acerca de Sergio Ríos, chófer de Bárcenas que actuaba como confidente, por Villarejo, que le habló de ello en una comida en 2017, cuya grabación figura en la causa.