Interior ascendió al comisario del 'Delcygate' tras silenciar las irregularidades en Barajas

La Dirección General de la Policía no era ajena a las irregularidades que presuntamente cometía el comisario Jesús María Gómez Martín cuando estaba al frente de la Comisaría del Aeropuerto de Barajas. Según diversa documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Jefatura Superior de Madrid recibió una denuncia interna años antes de que los investigadores del caso Plus Ultra señalasen al mando. El 29 de marzo de 2022, un inspector del puesto fronterizo ya alertó al número dos de la Policía en Madrid sobre actuaciones irregulares que ejecutaba el responsable en el aeródromo: trato preferencial en la frontera a personalidades, concesión de permisos de viaje en la pandemia e incluso la cesión de espacios oficiales a empresarios afines.

Lejos de investigar lo sucedido, la Policía decidió apartar al denunciante y destinarlo a otro puesto en la Comisaría de Chamartín. Un cese que la Justicia revocó y consideró ilegal posteriormente. Cinco meses después de esa nota interna, en noviembre de ese mismo año, el Ministerio del Interior decidió nombrar a Gómez Martín jefe superior de Canarias, cargo que actualmente ostenta pese a estar señalado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el caso que investiga el rescate millonario a la aerolínea venezolana y el presunto entramado alrededor del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. 

Las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción y de la UDEF apuntan a que el comisario del Delcygate —fue el mando que dirigió el operativo en Barajas la noche que llegó la entonces exvicepresidenta venezolana— benefició a miembros de la trama en el aeropuerto, facilitando la entrada de extranjeros que no cumplían requisitos, e incluso borrando historiales policiales de sus familiares. Una serie de servicios por los que el responsable policial presuntamente habría recibido gratificaciones y pagos. Los investigadores deslizan que dos magnates venezolanos le habrían pagado en una ocasión 7.000 euros a Gómez Martín por sus gestiones.

Su declaración en el Senado

Gómez Martín declaró en la comisión de investigación del caso SEPI del Senado este lunes para dar cuenta, precisamente, de esas presuntas gratificaciones. «No he recibido 7.000 euros, ni 700 millones de euros. No entiendo qué sentido tiene que hubiese recibido ese dinero», defendió el comisario. Sí admitió, en cambio, conocer a los empresarios (Danilo Díezgranados y Miguel Palomero) que hablan sobre él en un chat, donde afirman esos pagos a «Jesús». El mando también admitió conocer al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y al testaferro de Zapatero, Julio Martínez, vinculado también a la aerolínea venezolana. Unos contactos que enmarcó en las relaciones que suele tener el máximo responsable policial de un aeropuerto.

Sin embargo, sorprendió a los senadores cuando reveló que incluso se reunía en su despacho con el amigo del expresidente del Gobierno cuando ambos volaban desde Barajas a Venezuela. «Se tomaba un café 10 o 15 minutos, decía cuatro tonterías y se marchaba. No tengo la sensación de haberle priorizado. No cometí ningún comportamiento inapropiado», ha declarado el que fuera comisario jefe de Barajas hasta 2022 en la Cámara Alta. 

La denuncia interna

Según los documentos que obran en poder de este periódico, la Policía conocía desde al menos cinco años parte de esas presuntas irregularidades. El citado inspector, subordinado suyo en el puesto fronterizo, elevó una nota informativa en marzo de 2022 al jefe operativo territorial de Madrid, el número dos de la Jefatura Superior, en la que dio cuenta detalladamente —con órdenes concretas, fechas y nombres propios— de las actuaciones ilícitas que habría tenido que acatar él y otros compañeros por parte de Gómez Martín.

En la denuncia interna, el agente pone ejemplos de distintos episodios, entre los que destaca el de «una pareja muy amiga del comisario Jesús» el 25 de diciembre de 2021, a los que se solicita: «Hay que recoger a pie de avión, sello de pasaporte en el mismo lugar y llevarlos acompañados en coche camuflado oficial a recoger su equipaje». Todo ello, indica el escrito, pese a «suponer un uso de medios públicos para fines exclusivamente particulares y sin ninguna justificación». Un caso al que se añade el de decenas de pasajeros, casi siempre procedentes de vuelos internacionales, a los que también se beneficia en trámites e incluso con traslados policiales de un avión a otro para evitar así que pierdan las escalas de su vuelo. 

Favores a la trama

Las irregularidades, sin embargo, no quedaban ahí. El inspector de Policía también dio cuenta ante sus superiores de favores que el comisario Gómez Martín habría hecho a diferentes empresarios respecto a autorizaciones de desplazamientos de extranjeros durante la pandemia, que por la situación de emergencia estaban en su mano. Entre los beneficiados estaría Miguel Palomero, el abogado de Plus Ultra, al que la UDEF también investiga por su relación con el rescate de 53 millones del Gobierno a la compañía aérea, y su relación, precisamente, con el mando del Delcygate para conseguir presuntos negocios ilícitos en el aeropuerto madrileño de Cuatro Vientos. En el Senado, no obstante, el mando negó que un comisario de Barajas tuviese «control o capacidad» en ese aeródromo.

El escrito policial sitúa a Palomero como uno de los empresarios que contactaron con el comisario principal para obtener los citados permisos «valiéndose de la relación personal que les unía con él». En el caso del abogado, pidió una autorización en agosto de 2020 sobre la que el inspector aporta incluso el email en el que consta la solicitud para una presunta trabajadora de su empresa. Los favores a esos empresarios, además, también «se extendían al uso de las instalaciones policiales para que sus vehículos pernoctaran en el aparcamiento del Cuerpo a modo de parking VIP durante los desplazamientos de sus dueños, todos ajenos a la función policial y por motivos de índole personal».

La amenaza del comisario

La concatenación de minutas y notas informativas denunciando las irregularidades del comisario provocó que el 31 de enero de 2022 citase a una relación al inspector. Durante la conversación, según el denunciante, el mando policial «le invitó a abandonar el puesto fronterizo de Madrid-Barajas debido a las comunicaciones que realizaba a los superiores». Un extremo que el inspector probó con la grabación de la conversación en la que Gómez Martín le advertía de que «se marchaba voluntariamente» o pondría el asunto «a disposición de los superiores». Dos meses después, recibió una llamada de la secretaría de la Jefatura Madrid en la que le comunicaron su traslado «por cambio de servicio» a la Comisaría de Chamartín.

Finalmente, dos años después, los tribunales le dieron la razón y consideraron que esa destitución no se ajustaba a derecho. Durante su declaración este lunes, Gómez Martín se desmarcó de esa decisión: «Yo advertí a mis superiores que el agente no tenía un comportamiento adecuado, algo que no voy a comentar aquí. De esta forma, prosiguió, fueron «sus superiores» y no él los que decidieron enviarlo forzosamente a otro destino.