Carmen Pano, dispuesta a identificar la «voz grave» del interlocutor del PSOE que la sobornó

La empresaria Carmen Pano ha comparecido este lunes ante el magistrado Santiago Pedraz para ratificar la asfixiante operación de compra de su testimonio que sufrió en febrero de 2025, adelantada por THE OBJECTIVE. Una maniobra ejecutada presuntamente por la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, con un objetivo nítido: blindar al Gobierno y a las siglas del PSOE frente a las revelaciones sobre la entrega de 90.000 euros en efectivo en la sede central de Ferraz. Según han confirmado a este periódico fuentes de toda solvencia, Pano ha asegurado sin ambages ante el juez que es plenamente capaz de identificar la «voz grave» del interlocutor que se encontraba al otro lado del teléfono en el momento en que la letrada de Koldo puso el manos libres en su despacho de la calle Serrano. Aquella voz enigmática, que según los indicios de la causa correspondería al abogado Ismael Oliver —entonces defensor del exministro José Luis Ábalos—, fue la que dio el plácet definitivo para regar con fondos del partido y contratos ficticios el silencio de la empresaria.

Carmen Pano ha tenido que acudir este lunes en calidad de testigo en el caso SEPI –donde se investiga a la fontanera Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y a varios abogados del caso Koldo– después de que ratificara en las dependencias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Las Rozas el intento de soborno por parte de la defensa del exasesor de José Luis Ábalos. Allí, los agentes del Instituto Armado le revelaron una de las cartas más valiosas que constan en el sumario: la existencia de elementos probatorios y grabaciones que implican directamente a Leticia de la Hoz en una organización destinada a comprar testimonios para beneficiar al PSOE.

En el marco de esa declaración policial, los investigadores de la UCO le plantearon formalmente a Pano una pregunta clave: si sería capaz de reconocer la voz de la persona que dirigía la negociación desde el aparato telefónico si la escuchara en una grabación. La respuesta de la empresaria fue un sí rotundo. Este lunes, ante el juez Pedraz, la testigo ha ido un paso más allá al describir la fisonomía acústica de esa llamada, señalando que la «voz grave» del hombre validó de manera inequívoca las contraprestaciones económicas para que modificara su versión de los hechos ante el Tribunal Supremo.

Una oferta de hasta 250.000 euros

Los encuentros se celebraban en el despacho de IDBO Consultants SL «siempre por la tarde, a partir de las cinco», según la testigo. En esas reuniones, la imputada Leticia de la Hoz y su socio, Ángel Fernández Prieto, conscientes de la asfixia financiera que sufría Pano por el bloqueo judicial de sus cuentas, ofrecieron una cantidad inicial de 50.000 euros, perfectamente ampliable a 250.000 euros, además de hacerse cargo de los gastos de «la boda de su hija Leonor al no tener ingresos» —para la que Pano pidió 25.000 euros—, un vehículo de 15.000 euros para su socio Álvaro Gallego y el pago mensual de entre 2.500 y 2.800 euros para el alquiler de su vivienda familiar durante un periodo de cinco a siete años.

A cambio de este rescate financiero, los abogados de Koldo y Ábalos pretendían que tanto Pano como Gallego les «echaran una mano» cambiando radicalmente la versión publicada por THE OBJECTIVE. La exigencia era que la testigo «echara por tierra» lo declarado ante las autoridades y admitiera que lo introducido en la sede del PSOE no era dinero en metálico, sino «la entrega de documentos», diluyendo cualquier responsabilidad de la cúpula socialista y cargando las tintas exclusivamente sobre el empresario Víctor de Aldama.

La abogada de Koldo aseguró, según la testigo, que «había gente interesada en hablar con vosotros sobre las entregas de dinero en Ferraz». Ante la pregunta de si se trataba de «gente del partido», Leticia de la Hoz respondió que sí, que eran «gente del partido, gente del PSOE». Insistiendo ante el asombro que les había causado la propuesta, Leticia de la Hoz les aclaró que «era para salvar el culo a Ábalos y a Koldo». Motivo por el que quienes tutelaban estas reuniones eran los letrados del exministro y el asesor ministerial de este último. En una segunda reunión, la letrada les explicó que el interés de ella y de la otra «gente» era salvar a su cliente, a quien definió como «cabeza de turco», siendo Víctor de Aldama el «malo».

«Esta se vende. Debemos saber comprar»

El rastro documental que maneja el juez Pedraz constata que la orden de abrir la billetera llegó desde la fontanería del propio Partido Socialista. El sumario destapa que Ismael Oliver telefoneó a la dirigente del PSOE Leire Díez para avisarle de que la declaración de Pano era inminente y peligrosa: «Es importante y, si queréis, lo negocio yo». La respuesta de la fontanera de Ferraz fue fulminante: «Negócialo. Si puedes, hazlo».

Bajo ese paraguas político, los implicados planificaron la estrategia penal bajo una premisa que quedó grabada en las comunicaciones de la trama: «Esta se vende. Debemos saber comprar». El plan del bufete de la calle Serrano pasaba por blanquear los pagos del soborno simulando contratos laborales o de intermediación comercial. A cambio, Pano debía presentarse en el juzgado el 18 de febrero de 2025 y afirmar taxativamente que «desconocía completamente lo que había dentro» de las bolsas entregadas en Ferraz, testificando que «únicamente era un sobre blanco cerrado metido dentro de otra bolsa» y omitiendo cualquier referencia al flujo de dinero en efectivo.

Sin embargo, la firmeza de Carmen Pano ante los tribunales desbarató por completo la operación de salvamento del PSOE. Al comprobar que la testigo no se plegaba al chantaje y mantenía la verdad de los 90.000 euros entregados en Ferraz, Leticia de la Hoz cortó amarras de forma abrupta, enviando un mensaje a Álvaro Gallego para exigirles que se «olvidaran de ella, de ese despacho y de esa dirección» y comunicando «que no querían volver a trabajar con ellos». Un repliegue forzoso que no ha impedido que la Guardia Civil y la Audiencia Nacional tengan hoy sobre la mesa los elementos necesarios para imputar a los abogados de la trama por un presunto delito de obstrucción a la justicia y soborno a testigos.

Por su parte, Leticia de la Hoz sostiene que la investigación de la UCO se basa únicamente en documentación, comunicaciones digitales y testimonios, niega haber aportado mensajes de WhatsApp manipulados y afirma que no existe ningún documento que respalde esa acusación. Además, asegura que la testigo Carmen Pano declaró que nunca hubo una oferta previa de 50.000 euros y que fueron los propios testigos quienes fijaron las cantidades al ser preguntados. Por último, señala que los documentos de la causa no recogen ninguna grabación ni intervención directa entre ella e Ismael Oliver, sino únicamente indicios de vinculación y contactos, y que tampoco existe referencia alguna a una supuesta grabación entre ambos relacionada con Carmen Pano.