El CNI investigó a Bono y Moratinos en Guinea, según desveló Anticorrupción

Agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) siguieron los pasos de José Bono y del exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos en su aventura especulativa en Guinea Ecuatorial. Los espías instalados en Malabo emitieron informes secretos a Madrid, incluso cuando el director del Centro era el general Félix Sanz Roldán, amigo del expresidente de Castilla-La Mancha, según fuentes del servicio secreto español. La delegación del espionaje en la capital guineana comenzó a remitir informes sobre los viajes africanos de Bono a raíz de su estrecha relación con Francisco Hernando. El Pocero, como era conocido popularmente el empresario de la construcción, intentó extender sus negocios a la excolonia española, pero fracasó y se arruinó por culpa de la corrupción en el régimen de Obiang. 

Hernando, que había hecho las obras de las instalaciones hípicas de la familia Bono en Toledo, entró en crisis tras pelearse con el expresidente castellanomanchego y perder su protección ante los guineanos. La investigación de los espías de la Casa a los exministros del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero —que también los acompañó en, al menos, un viaje— y los dosieres confidenciales sobre sus actividades mercantiles en Malabo vieron la luz por la torpeza de los fiscales anticorrupción de la causa Tándem abierta en la Audiencia Nacional contra el comisario José Villarejo. 

Los fiscales del caso, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, que se obcecaron en una persecución sin cuartel contra el comisario, utilizaron como coartada las relaciones y los negocios de Villarejo con Guinea como ariete para poder allanar su domicilio y conseguir las pruebas que lo condujeran a prisión. Las pesquisas arrancaban con una denuncia a todas luces fantasma y la delación de un socio del comisario con problemas con la Hacienda española. Pero no sería tan importante porque el juicio con la acusación de blanqueo sigue sin celebrarse después de casi nueve años.

La torpeza de los fiscales, que transcurrido un tiempo fueron destituidos de sus cargos en la Fiscalía Anticorrupción, propició que el nombre del exministro y expresidente del Congreso José Bono apareciera en el interrogatorio al que Miguel Serrano sometió a Eugenio Pino, el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía del Gobierno de Mariano Rajoy. Revisando la transcripción de las grabaciones de aquellos encuentros, uno se sorprende de la altanería y las ínfulas de superioridad con las que el Ministerio Público trataba al número uno del escalafón del mando policial. Y eso que declaraba en calidad de testigo. Los fiscales se mostraban muy interesados en las investigaciones que Villarejo podría haber desarrollado contra Bono y otros altos cargos políticos.

En 2020, en el despacho de la Audiencia Nacional del juez García Castellón, durante uno de los interrogatorios en la causa Tándem y ante la insistencia y la presión de los fiscales Anticorrupción, el DAO Eugenio Pino desveló que José Villarejo había participado en las investigaciones del CNI en Malabo, que incluirían también los viajes de los ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores del ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. 

No resultaba nada extraño porque, como se ha podido demostrar a lo largo de la instrucción de las 47 piezas de la macrocausa que siguió a la operación Tándem, Villarejo trabajó para los servicios secretos españoles estando en excedencia y dentro de la Policía. También en la etapa del Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), antes de que Aznar lo transformara en CNI en 2002 por los escándalos que arrastraba de la época de su antecesor, Felipe González. Una de esas operaciones consistió en colocar micrófonos en la suite del presidente Obiang en el hotel Ritz en uno de sus viajes a Madrid.

«¿Tú crees que caerá Bono?»

El comisario Eugenio Pino compareció ante el magistrado de la Audiencia Nacional y se sometió con resignación a un duro interrogatorio de Serrano. Nada más comenzar la comparecencia, el fiscal anticorrupción le adelantaba a Pino que no estaban allí para perder el tiempo: 

«En otra cadena de mensajes que empieza el 2017, el día de la detención de Villarejo usted le dice a Martínez: ‘El cohecho es por recibir una gran cantidad de dinero e incluso regalos por hacer labores de inteligencia y eso hacía [Villarejo]. Luego, refiriéndose a esta materia, en el mes de mayo de 2018 dice: ‘Falta Bono, ¿tú crees que caerá Bono? Eran socios. Yo se lo encargué, pero creo que se pasó al lado oscuro’». 

El fiscal anticorrupción se refería a uno de los cientos de WhatsApp que figuraban en las diligencias cursadas entre el DAO y el secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, en el que Pino mencionaba al exministro. Bono también había sido investigado por la UDEF de la Policía durante las pesquisas de la operación Astapa por sus relaciones con el alcalde de la ciudad andaluza de Estepona. En aquella misión también había colaborado Villarejo.

La fecha del mensaje coincidía con la detención de Eduardo Zaplana, a quien erróneamente Pino confirió la condición de «socio» de Bono. Por eso le comentaba al número dos de Interior si también caería Bono. Lo de pasarse «al lado oscuro» iba dirigido a Villarejo por su relación con el CNI.

Pino le contestó con desgana al fiscal, recordándole que ese asunto que le mencionaba ya lo había aclarado todo «ante su señoría»: «Hablé concretamente de Bono, del señor Moratinos. Eso está perfectamente explicado cuando me interrogó un compañero suyo», refiriéndose a otro funcionario de la Fiscalía Anticorrupción.

Serrano insistió, ante la sorpresa del magistrado, que no entendía nada: «Pero yo le pregunto de nuevo porque aquí hay unos documentos». Pero, Pino seguía plantado en sus trece: «Sí, pero aquello ya se explicó». Como al fiscal insistía el número uno del Cuerpo Nacional de Policía, entró en materia: «La pregunta ya se hizo en su momento. Vamos a ver, estaba yo en mi despacho y se hablaba de Teodorín, de Guinea… Y dije yo: ‘¿Joe, cómo está esto?’ y me dice: ‘Sí, hombre, ¡Teodorin!’ Y me dice: ‘Es que me ha pedido uno del CNI que les ayude. ¿Por qué no lo hacemos nosotros?’ y se me quedó mirando. Yo le dije que no porque son muy racistas los guineanos y me contesta: ‘Pues lo hago yo con el CNI’. Y yo le respondí: ‘Pues hazlo con el CNI’».

El interlocutor de Pino era su subordinado José Villarejo, que, después de una excedencia, llevaba unos años trabajando nuevamente en la Policía. Cuando se hablaba de Teodorín, se referían a Teodoro Nguema Obiang, el hijo del presidente guineano con su primera esposa, Constancia Mangue, la mujer que concentra un poder absoluto en Guinea. En la actualidad, su hijo es primer vicepresidente de la excolonia, pero en aquellas fechas era investigado por corrupción en varios países, incluido España.

Entonces Guinea pasaba por un duro enfrentamiento por la sucesión entre Teodorín y su hermanastro Gabriel Obiang Lima, hijo del presidente y de Celestina Lima, conocida como la «segunda dama» del país. Gabriel Obiang llegó a ocupar la cartera de ministro de Minas e Hidrocarburos, posiblemente el departamento que más dinero genera en Guinea, como sucede en Venezuela con PDVSA.

Lucha por el poder en Malabo

Aquel litigio entre hermanastros trascendía las fronteras por sus posicionamientos geopolíticos. El interés del CNI se centraba en Teodorín, hijo de Obiang y alineado a favor de España. Gabriel, por su parte, representaba el sector guineano interesado en estrechar lazos con Francia en detrimento de los intereses españoles. El servicio secreto quería conocer cuáles eran las relaciones de los exministros de Zapatero con los vástagos del presidente y si mantenían negocios con algunos de ellos, especialmente con Constancia Mangue. Sin su visto bueno, nadie podía poner un pie en Malabo ni mover un papel en los turbios despachos ministeriales del régimen. Los agentes del servicio secreto español sospechaban que Bono y Moratinos estaban a favor de la vía Gabriel para sustituir al presidente Obiang cuando este falleciera.

Villarejo, a través de una de sus empresas, había sido contratado por Teodorín para recuperar su imagen y reputación a escala internacional en la pelea que mantenía con su hermanastro por la sucesión de Obiang. Esa actividad de Villarejo, que sirvió de pantalla para las operaciones del CNI, la usaron más tarde los fiscales anticorrupción, la Unidad de Asuntos Internos (UAI) y el propio CNI para meterlo en la cárcel, a pesar de que, indirectamente, sirvió para reventar torpemente un sinfín de operaciones secretas de la Policía y de los servicios secretos.    

Serrano no cejaba en su interrogatorio: «Usted le dice al señor Martínez: ‘Se lo encargué yo’. ¿Se lo encargó usted o no?». Se refería a Villarejo. Como el fiscal no bajaba la guardia, Pino reconoció las investigaciones: «Resulta que había un agente y este me pidió apoyo, yo le dije que sí, que se le diera apoyo a cambio de que, si salía algo, se investigara en la Policía y no en la UDEF y que se investigara a una serie de señores». 

«¿Le dio esa investigación a la policía el señor Villarejo?», le repreguntó Serrano. A lo que Pino le contestó: «A los pocos días». Serrano no soltaba sus dientes de la yugular del DAO: «¿Y qué quiere decir usted cuando dice que [Villarejo] se pasó al lado oscuro, que se puso a trabajar con clientes guineanos particulares?». Y fue cuando Pino desveló el protagonismo de Villarejo en las investigaciones sobre Guinea, algunas de ellas relacionadas con Bono y Moratinos: «[Villarejo] estaba con el CNI… Pero es que ahí había una serie de cuestiones. El CNI estaba muy interesado en eso».

Ante la insistencia y torpeza de Serrano, el DAO de la Policía tuvo que desvelar que Villarejo trabajaba para el CNI. El agente encubierto estaba infiltrado en algunas de las operaciones en Guinea del servicio secreto para recuperar la influencia de España en el país africano y por el desembarco en Malabo de Bono, Moratinos y otros políticos españoles. 

Pino no mentía. Posteriormente, la Fiscalía Anticorrupción tuvo que reconocer durante la vista oral de una de las piezas de la Tándem que unos correos cruzados entre Villarejo y el CNI tenían «visos de ser ciertos». Esos mensajes demostraban que había colaborado con los servicios de inteligencia en una operación en Guinea Ecuatorial. Miguel Serrano reconoció lo que hasta entonces la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía, CNI y Anticorrupción habían negado taxativamente como si se tratara de un anatema. «No negamos que Villarejo sea espía o exespía o colaborara aleatoria o estructuralmente con los servicios secretos españoles», manifestó el fiscal ante la sorpresa de los presentes. Las pruebas así lo corroboraban: Villarejo se comunicaba con sus controladores del CNI a través del dominio areatec.com que, según datos revelados en WikiLeaks, era uno de los canales de comunicación del espionaje español con sus agentes.

Tras los pasos de Bono y Moratinos

Los servicios secretos siguieron de cerca a Bono, Moratinos y Zapatero en un viaje que habían realizado juntos a Malabo en julio de 2014. Después apareció una fotografía de ellos en los medios de comunicación mientras compartían mesa en una cena en el restaurante Imagine de Malabo.

Aquella visita, oficialmente, estaba organizada dentro del programa de una misión internacional contra la pena de muerte, pero existían otras motivaciones más materialistas que la justificaban. Al menos, eso pensaban los espías. Dos años después, Bono compartía mesa y mantel con los poderes fácticos del régimen celebrando la Nochevieja en Malabo, en el restaurante La Gaviota, propiedad de Constancia Mangue, la esposa de Obiang y la mujer fuerte del régimen. En los pasaportes de Bono y Moratinos se reflejan los visados de varios viajes a Guinea.

El diario guineano Rombe aseguraba sobre los intereses de Moratinos en Guinea: «Está ganando importantes contratos millonarios que Francisca Obiang Jiménez [hija de Teodoro Obiang Nguema], directora general de GeProyectos, les adjudica; entre ellos, la construcción, equipamiento y formación del Cuerpo Nacional de Protección Civil por importe de 15.002.776.906 francos CFA». Una cantidad equivalente a casi 23 millones de euros. 

De los tres mandatarios españoles, Moratinos, por sus cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, fue el primero en aterrizar en la capital, Malabo (la antigua Santa Isabel de la colonia española), mucho antes que Bono y de que Zapatero se instalara en la Moncloa. Entre 1993 y 1996, fue director general para África y Oriente Medio, cargo que utilizó para establecer un vínculo especial con el régimen de Obiang.

La conexión guineana de Bono se produjo más tarde, pero fue mucho más efectiva. Como ministro de Defensa del primer Gobierno de Zapatero, entre 2004 y 2008, ya estableció una relación directa con Obiang. El político manchego le dedicó un trato especial durante la visita oficial de tres días del presidente guineano a España en 2006. 

Más tarde, como presidente del Congreso de los Diputados, lideró una delegación parlamentaria en febrero de 2011 para «fortalecer lazos bilaterales» e impulsar los intereses económicos de España en la excolonia. El viaje sirvió para establecer otro tipo de intereses, que fueron reforzados cuando Bono abandonó la política y se dedicó a los negocios como lobista.

En las primeras investigaciones sobre Bono, el CNI estaba interesado en el papel desempeñado por el ministro ante el presidente Obiang en el aterrizaje del empresario Francisco Hernando en la capital guineana para construir junto con su Gobierno miles de viviendas. Aquel proyecto fracasó, pero solo afectó económicamente a Hernando.

El CNI y la conexión Ábalos 

El exministro de Transportes Ábalos también fue un asiduo visitante de Malabo y un objetivo para los servicios secretos. Se convirtió en uno de los pasajeros VIP de los vuelos de los viernes de la compañía Plus Ultra, que abrió una conexión aérea entre Madrid y la capital de la excolonia española. Los servicios secretos se interesaron por Ábalos, de quien sospechaban su protagonismo como lobista ante las autoridades guineanas a favor de la compañía venezolana.

La joint venture formada por guineanos y venezolanos, con la ayuda del lobby español, sustituyó a la compañía de Malabo, Ceiba Internacional, que desde octubre de 2012 operaba los vuelos de Madrid a Malabo. Iberia y Swiss Air habían renunciado a hacer ese servicio por la infinidad de problemas que siempre encontraron por parte de las autoridades del país africano. 

Plus Ultra y sus socios guineanos explotaron la marca comercial Punta Europa, el nombre de un cabo guineano próximo al aeropuerto de la capital. Según fuentes gubernamentales guineanas, Plus Ultra aportaba dos aviones 727 de su flota de vuelos al Caribe. El propietario de la sociedad guineana era Alejandro Envoro, un empresario de Malabo muy próximo a Constanza Mangue. 

Envoro Ovono fue viceprimer ministro, titular de Obras Públicas y presidente de la Corte Suprema, entre otros cargos relevantes del Gobierno de Obiang. Así mismo, construyó en 2015 un hotel de lujo, el Nacional Angue Ondo, en el que invirtió más de 100 millones de euros. En Guinea se preguntaban de dónde había sacado tanto dinero la persona que había comenzado su vida profesional como un joven profesor de dibujo en Bata en los primeros años de la descolonización. Envoro Ovono se convirtió en millonario en los años ochenta por medio de la constructora Andoga, a la sombra del presidente Obiang y siempre muy conectado con los pelotazos del petróleo. 

Los venezolanos, cuando se acercaron a Envoro Ovono, conocían su poder. Ábalos, también. Y el CNI, por supuesto. Su hombre en Malabo, que llevaba lustros como delegado del espionaje español, era un personaje muy popular entre la clase política y empresarial del país. Me reservo su nombre por razones de seguridad. 

Siendo Gabriel Obiang Lima ministro de Minas e Hidrocarburos, Envoro fue consejero del Comité Operacional de la empresa pública Gepetrol Servicios. Punta Europa comenzó a operar sus vuelos desde la Terminal 2 de Barajas, pero pronto pasó a ocupar un hueco en la T4, donde llegó a utilizar hasta siete mostradores de facturación. El ministro de Transporte, José Luis Ábalos, era el responsable de los aeropuertos españoles por medio de AENA y del tráfico aéreo.

Plus Ultra es la compañía aérea de capital venezolano rescatada por el Gobierno con la aprobación de 53 millones de euros en medio de la pandemia. La causa abierta en la Audiencia Nacional afecta a José Luis Rodríguez Zapatero y al propio Ábalos.