Sobrevivir al Gobierno

La corrupción puede derribar Gobiernos. Lo ha hecho muchas veces. Pero hay momentos críticos en los que deja de ser un mero sumario de nombres, contratos o mordidas, y empieza a revelar una patología mucho más grave: que el poder ha perdido, por completo, la conciencia de sus propios límites. Cuando se cruza esa línea, ya no está en juego la supervivencia política de un presidente, sino la legitimidad de todo un sistema político.

Eso es lo que empieza a percibirse en España. Las tramas que cercan a Pedro Sánchez, al Gobierno y al PSOE no han producido únicamente indignación o desgaste electoral. Han instalado una sensación más profunda: la de que nos acercamos al final de un ciclo.

Un ciclo iniciado hace más de veinte años, cuando el PSOE tomó una decisión letal: abandonar algunas de las reglas no escritas que nos habían proporcionado estabilidad: la reconciliación, el reconocimiento del adversario, el diálogo y la aceptación de que España era una comunidad política compartida incluso por quienes discrepaban sobre casi todo.

Se impuso entonces una nueva lógica de hierro. La izquierda dejó de presentarse como una parte legítima del tablero democrático para erigirse en la democracia misma. Automáticamente, todo lo situado fuera de sus márgenes pasó a ser sospechoso. La oposición ya no era una alternativa, sino un residuo moral al que había que aislar, desactivar o extirpar del espacio político y social.

Esa operación requería una coartada moral: nosotros encarnamos el progreso, la igualdad, la memoria y la democracia; los demás representan el retroceso, el egoísmo, el autoritarismo o una forma más o menos sofisticada de franquismo. Una fórmula elemental, pero extraordinariamente útil. Permitía patrimonializar las instituciones, ocupar el Estado y repartir legitimidades sin necesidad de reconocer que se estaba haciendo precisamente eso: desmantelar la democracia.

Tras más de dos décadas de aplicar esta estrategia, el resultado ha sido una red de intereses políticos, administrativos, mediáticos y económicos que no funciona como una conspiración novelesca, sino como algo más prosaico y resistente: un sistema de dependencias y repartos. Organismos colonizados, cargos que circulan entre la política, las empresas públicas, las fundaciones y los medios subvencionados; relatos fabricados para proteger al poder; y una maquinaria mediática capaz de convertir cualquier advertencia en una operación contra la democracia. El truco es viejo: invertir la realidad hasta que el acusado aparezca como víctima y quien investiga, juzga o denuncia como sospechoso.

La campaña contra Víctor de Aldama ilustra bien ese mecanismo. La consigna no consiste solo en llamarle corrupto, sino en elevarlo a la categoría de corruptor. La diferencia no es semántica. Es política. El corruptor es el agente externo, el elemento tóxico que llega desde fuera, tienta al servidor público y logra torcer su voluntad.

Sin embargo, las investigaciones y resoluciones judiciales dibujan una realidad radicalmente distinta: políticos en posiciones de poder habrían articulado un sistema de corrupción y buscado después intermediarios privados para mover dinero, contactos, contratos o influencias. Aldama no sería el origen de la red, sino una pieza de ella. Una herramienta. Y esa es la forma de corrupción más grave: la que no intenta asaltar al Estado desde fuera, sino la que nace dentro de él y luego sale a reclutar mediadores que la hagan funcionar.

Por eso molesta tanto Aldama. No porque haya despertado de repente una sensibilidad moral ante la corrupción, sino porque ha quebrado la regla esencial de toda organización que teme ser descubierta: la omertà. La ley del silencio. En la mafia, colaborar con la justicia es la peor de las traiciones; no porque el delator sea más culpable que el resto, sino porque pone en peligro el sistema entero. En resumen, lo que realmente irrita de Aldama no es que haya delinquido. Es que haya decidido cantar.

Esa reacción revela una parte del problema. La otra se ve en la obstinación con que sus socios mantienen en pie al Gobierno. Porque si cayera, volverían a la dimensión política que realmente les corresponde. Sostenerlo, en cambio, les permite participar del reparto de poder y de la vasta red de recursos que lo acompaña: cargos, asesores, subvenciones, empresas públicas, medios sostenidos por las administraciones y estructuras territoriales convertidas desde hace tiempo en viveros de su clientela.

Su fidelidad no descansa en una gran convicción, sino en algo más inmediato y bastante más ruin: la defensa del sueldo, del despacho, del coche oficial y de una falsa relevancia que se extinguiría si Sánchez cayera.

Dentro de este engranaje, Bildu no es una anomalía, sino el síntoma más alarmante. Al festín de intereses, añade una tradición política cimentada en la legitimación de la violencia y la exclusión. Que hoy, desde la tribuna del Congreso, se autoproclame como la fuerza más prudente y garante de la estabilidad de España no es una paradoja; es una inversión moral obscena.

Hace no tanto tiempo, sugerir que los herederos políticos del terrorismo acabarían dictando el paso del Estado habría provocado una rebelión en las propias filas socialistas. Hoy se les pone alfombra roja, se elogia su «sentido de Estado» y se agradece su lealtad. No se les tolera a regañadientes; se les blanquea y ensalza por su estricta utilidad.

Edmund Burke dejó escrita una advertencia que se adapta como un guante a nuestra situación: «¡Desgraciado el país que considera una educación pobre, una visión estrecha y una ocupación mercenaria como títulos preferibles para mandar!».

El drama de España ya no es solo el saqueo o el autoritarismo. Es la degradación estética y ética de la representación. Nuestras instituciones se han convertido en una pasarela de nulidades, agitadores y profesionales del cinismo. Personajes a los que no solo les falta currículo, sino algo infinitamente más vital: juicio, decencia y vergüenza.

España no está únicamente mal gobernada. Está siendo obligada a escuchar, cada día, cómo la mediocridad le imparte lecciones de democracia.

La corrupción no ha creado esta crisis; simplemente ha rasgado el velo moral que la ocultaba. Ahora, quien no esté cegado por el sectarismo o el interés particular, puede contemplar el fin de ciclo. El agotamiento de un modelo que comenzó cuando el PSOE decidió que la alternancia era aceptable solo cuando le favorecía, que las instituciones eran democráticas solo mientras estuvieran bajo su control y que el adversario debía ser considerado una amenaza. Desde entonces, cada reforma, cada pacto, cada ocupación institucional y cada campaña de propaganda han ido empujando a España hacia un sistema en el que votar sigue siendo posible, pero perder el poder se considera intolerable.

No asistimos, pues, a una conjura para derribar a un Gobierno legítimo, sino a algo mucho más grave: a la ofensiva final de un presidente cercado, dispuesto a sacrificar hasta el último pilar del Estado de Derecho con tal de ganar un día más en el poder. Y a una alianza de intereses y fanatismos que no desea que el ciclo finalice, sino que aspira a culminarlo: a convertir en régimen lo que durante años se presentó como una excepción, una táctica o una necesidad de legislatura.

Por ello, lo que hoy se decide no es el destino de un presidente. Es si España sobrevivirá a su propio Gobierno.