La Policía encubrió las irregularidades en Barajas del comisario del 'Delcygate'

La Jefatura Superior de Policía de Madrid silenció las irregularidades que cometía presuntamente el comisario Jesús María Gómez Martín cuando estaba al frente de la Comisaría del Aeropuerto de Barajas. Según diversa documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, un inspector, subordinado suyo, ya denunció en 2021 y 2022 actuaciones irregulares que los agentes debían ejecutar siguiendo las órdenes del mando policial. Entre ellas, el «trato preferencial en los trámites administrativos de cruce de fronteras a diferentes personalidades»; la «tramitación irregular de autorizaciones de desplazamientos de extranjeros durante la pandemia» y «el uso de las instalaciones policiales del aeropuerto por parte de empresarios afines al comisario principal».

Una serie de anomalías que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga ahora en el marco del caso Plus Ultra y del presunto entramado alrededor del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Las primeras pesquisas apuntan a que el comisario del Delcygate —fue el mando que dirigió el operativo en Barajas la noche que llegó la entonces exvicepresidenta venezolana— benefició a miembros de la trama en el aeropuerto, facilitando la entrada de extranjeros que no cumplían requisitos, e incluso borrando historiales policiales. Una serie de servicios por los que el responsable policial, ahora al frente de la Jefatura Superior de Canarias, presuntamente habría recibido gratificaciones y pagos.

Lo grave, tal como refleja la denuncia de un inspector de Barajas, consultada por este periódico, es que la Policía ya conocía desde al menos cinco años parte de estas irregularidades. El agente elevó una nota informativa el 29 de marzo de 2022 al jefe operativo territorial de Madrid, el número dos de la Jefatura Superior, en la que dio cuenta detalladamente —con órdenes concretas, fechas y nombres propios— de las actuaciones ilícitas que había tenido que acatar él y otros compañeros por parte de Gómez Martín. Un relato que, lejos de ser investigado internamente por la Policía, fue ignorado y sirvió para castigar al denunciante con un traslado forzoso de puesto a la Comisaría de Policía de Chamartín. Posteriormente, el afectado, que recurrió en los tribunales, recuperó su puesto en el Puesto Fronterizo de Madrid y demostró que todo había sido una vendetta del jefe de Barajas.

Beneficios al abogado de Plus Ultra

En la denuncia interna, el agente pone ejemplos de distintos episodios entre los que destaca el de «una pareja muy amiga del comisario Jesús» el 25 de diciembre de 2021, a los que se solicita: «Hay que recoger a pie de avión, sello de pasaporte en el mismo lugar y llevarlos acompañados en coche camuflado oficial a recoger su equipaje». Todo ello, indica el escrito, pese a «suponer un uso de medios públicos para fines exclusivamente particulares y sin ninguna justificación». Un caso al que se añade el de decenas de pasajeros, casi siempre procedentes de vuelos internacionales, a los que también se beneficia en trámites e incluso con traslados policiales de un avión a otro para evitar así que pierdan las escalas de su vuelo. 

Las irregularidades, sin embargo, no quedaban ahí. El inspector de Policía también dio cuenta ante sus superiores de favores que el comisario Gómez Martín habría hecho a diferentes empresarios respecto a autorizaciones de desplazamientos de extranjeros durante la pandemia, que por la situación de emergencia estaban en su mano. Entre los beneficiados estaría Miguel Palomero, el abogado de Plus Ultra, al que la UDEF también investiga por su relación con el rescate de 53 millones del Gobierno a la compañía aérea, y su relación, precisamente, con el mando del Delcygate para conseguir presuntos negocios ilícitos en el aeropuerto madrileño de Cuatro Vientos. 

El escrito policial sitúa a Palomero como uno de los empresarios que contactaron con el comisario principal para obtener los citados permisos «valiéndose de la relación personal que les unía con él». En el caso del abogado, pidió una autorización en agosto de 2020 sobre la que el inspector aporta incluso el email en el que consta la solicitud para una presunta trabajadora de su empresa. Los favores a esos empresarios, además, también «se extendían al uso de las instalaciones policiales para que sus vehículos pernoctaran en el aparcamiento del Cuerpo a modo de parking VIP durante los desplazamientos de sus dueños, todos ajenos a la función policial y por motivos de índole personal».

La conversación con el comisario

La concatenación de minutas y notas informativas denunciando las irregularidades del comisario provocó que el 31 de enero de 2022 citase a una relación al inspector, que también era delegado sindical en ese momento. Durante la conversación, según el denunciante, el mando policial «le invitó a abandonar el puesto fronterizo de Madrid-Barajas debido a las comunicaciones que realizaba a los superiores». Un extremo que el inspector probó con la grabación de la conversación en la que Gómez Martín le advertía que «se marchaba voluntariamente» o pondría el asunto «a disposición de los superiores». Dos meses después, recibió una llamada de la secretaría de la Jefatura Madrid en la que le comunicaban su traslado «por cambio de servicio» a la Comisaría de Chamartín.

Sin embargo, esa conversación le serviría un año después al agente para tumbar en los tribunales su cese en el Puesto Fronterizo de Barajas. El inspector, asistido jurídicamente por los abogados de Jupol, recurrió la resolución ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que le dio la razón y vio desviación de poder en la actuación de la Policía, apartándolo del aeropuerto madrileño, según desgrana la sentencia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. «Hay una potencial causa oculta del acto indiciariamente objetivado (…) Con la prueba de que disponemos, consideramos que la actuación de la Policía estaba teológicamente orientada a alejar al hoy demandante del puesto que desempeñaba por los potenciales conflictos que había tenido con los mandos a raíz de esas minutas o de otras cuestiones», argumentaron los magistrados, que estimaron el recurso y devolvieron a su puesto al agente.

Según refieren diversas fuentes consultadas por este periódico, la etapa del comisario Jesús María Gómez al frente de la Jefatura Superior de Policía de Canarias está próxima a su fin. En la Dirección General de la Policía, tal como contó este periódico, esperan a la imputación formal del mando, en manos del juez instructor del caso, José Luis Calama, para bien cesarlo u obligarle a dejar el cargo. Durante diversas reuniones en los últimos días, relatan estas mismas fuentes, el responsable ha defendido su inocencia y dado las pertinentes explicaciones tanto a la cúpula de Interior como a los comisarios bajo su mando sobre sus vínculos con la trama Zapatero. Todo apunta, sin embargo, a que no será suficiente. En el Cuerpo dan por hecho que su salida es inminente.