Interior mantiene al jefe superior de Canarias pese a los vínculos con la trama Zapatero
La Policía no ve pruebas contundentes contra el comisario del ‘Delcygate’ y espera el pronunciamiento de la justicia
El comisario principal Jesús Gómez Martín. | EP
El Ministerio del Interior no ve por ahora pruebas contundentes contra el jefe superior de Policía en Canarias, el comisario principal Jesús María Gómez Martín, después de que su nombre haya aparecido en informes judiciales que le vinculan con presuntos negocios ilícitos de la trama Zapatero. La primera jueza del caso Plus Ultra, la magistrada Esperanza Collazos, apuntó en febrero contra el mando policial del Delcygate por presuntamente haber recibido «favores y gratificaciones» de la organización criminal a cambio de facilitarles actividades ilegales en el aeropuerto madrileño de Cuatro Vientos. De hecho, la juez lo incluyó entre los investigados por, entre otros, delitos de cohecho, tráfico de influencias y corrupción en el auto de inhibición en favor de la Audiencia Nacional, que se ha hecho cargo del caso.
Ahora, por tanto, la pelota está en manos de José Luis Calama, que deberá decidir, con las pruebas trasladadas por la anterior instructora, si imputa o no al comisario Gómez Martín, explican fuentes judiciales. En la Dirección General de la Policía se acogen a eso. Las fuentes consultadas por este periódico esgrimen que las pesquisas de la UDEF citadas por Collazos en el escrito judicial no implican directamente al mando, sino que son terceros quienes hablan del presunto papel de un responsable policial en la trama y en ningún caso existe una vinculación directa. «Se le relaciona con una serie de gratificaciones y de delitos, pero habrá que verificar que eso es así. Hasta el momento, no hay ninguna conversación en la que hable él», sostienen estas mismas fuentes.
De esta forma, Interior fía acciones futuras contra el comisario principal a la decisión que tome el instructor del caso Zapatero en la Audiencia Nacional. Si finalmente el juez decide imputar al mando, la Policía le abrirá automáticamente un expediente disciplinario que se resolverá cuando finalice el proceso judicial. Mientras tanto, no obstante, Interior podrá plantear las medidas cautelares que considere oportunas, como ocurre en todos los casos en que se investiga a algún miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Este martes, el sindicato mayoritario de la Policía, Jupol, pidió a Interior que cesase de su puesto al jefe superior de Canarias, habida cuenta de la «relevancia y gravedad» de los hechos.
El chat Danilo-España
Los indicios contra Gómez Martín se recabaron a partir de un chat denominado Danilo-España en el que participaban el abogado Miguel Palomero y Danilo Díazgranados, un empresario venezolano que figura como presunto intermediario de los investigados a raíz del rescate de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra. En los mensajes también «había referencias reiteradas a Julio Martínez Martínez», presunto testaferro de Zapatero, según reza el citado auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Los agentes de la UDEF accedieron a esos mensajes tras el registro del despacho de Palomero, en octubre de 2024.
La causa entonces dirigida por la juez Collazos recoge que en los registros ordenados en diciembre en la sede de Plus Ultra se halló una tarjeta de visitas a nombre del comisario Jesús María Gómez Martín, con su número manuscrito en el anverso. En este punto, la juez destaca que, gracias a la intermediación del mando policial, Díazgranados habría conseguido realizar negocios presuntamente ilegales en el aeropuerto de Cuatro Vientos.
Esta resolución, además, enlaza estos hechos con Koldo García Izaguirre. El auto dice que el entonces asesor del ministro de Transportes, ahora en prisión preventiva por el caso mascarillas, ya sugirió en una conversación, en mayo de 2021, los presuntos negocios de la trama con el nexo de comisario. Si bien la magistrada no desarrolla el contenido completo de los negocios en el aeropuerto de Cuatro Vientos, coloca al máximo responsable policial de Canarias en el perímetro de esta trama paralela, investigada también por blanqueo y organización criminal.
Los ascensos policiales tras el ‘Delcygate’
Los chats, advierte la juez, revelan la existencia de una cadena de favores y gratificaciones a funcionarios públicos para que la trama consiguiese sus objetivos. Entre los mensajes intervenidos por los agentes policiales están algunos que se refieren a regalos a personas con puestos de poder y que colaborarían con Díazgranados. En una conversación, este abogado recibió el encargo de repartir dinero con el fin de «cuidar a jueces, funcionarios y policías». Este grupo también supone una de las principales pruebas contra el expresidente del Gobierno, habida cuenta de que sus miembros se refieren a él continuamente, al igual que a su presunto testaferro, Julio Martínez Martínez.
Jesús María Gómez Martín fue el mando policial que en el año 2020 estuvo presente en Barajas cuando se produjo el polémico aterrizaje en España de la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Dejó el cargo en 2022, una vez fue ascendido por el Ministerio del Interior para asumir la jefatura de la Policía Nacional en Canarias. Jupol señala que su caso no fue el único. Tras la noche en la que Rodríguez llegó al país pese a tener la prohibición de pisar suelo europeo, Interior premió a numerosos mandos, que fueron testigos esa noche de lo que ocurrió, con destinos en embajadas y agregadurías en el extranjero. Una situación «que generó una profunda preocupación y una evidente sensación de falta de asunción de responsabilidades ante hechos de extraordinaria gravedad institucional», critican.
El último de estos ascensos fue hace apenas tres meses al general de división de la Guardia Civil David Blanes. En febrero, la Dirección General formalizó la tercera promoción de este mando. Una carrera meteórica que tuvo inicio la noche del Delcygate, cuando Blanes era teniente coronel y responsable de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de Barajas. Ahora, este mando ha alcanzado el segundo grado más alto dentro de la jerarquía de la Guardia Civil y es, desde octubre de 2024, la mano derecha de la directora, Mercedes González.
Con este último movimiento, según explican a THE OBJECTIVE fuentes del Instituto Armado, Interior blindó al mando en la cúpula del Cuerpo hasta julio de 2030. De esta forma, el general de división permanecerá en el servicio activo pese a que haya un cambio de Gobierno tras las próximas elecciones generales, previstas para 2027. Si Blanes hubiese seguido de general de brigada, advierten las mismas fuentes, habría pasado a la reserva justo el año de los comicios, al cumplir los cuatro años máximos en el empleo. Al ascender, se le permite continuar tres años más.