Exigen el cese del mando policial del 'Delcygate' tras verse salpicado por el 'caso Zapatero'
El jefe superior de la Policía en Canarias, Jesús Gómez, habría facilitado negocios ilícitos a la trama de Plus Ultra
El jefe superior de Policía de Canarias, el comisario Jesús Gómez Martín. | EP
El sindicato mayoritario de la Policía, Jupol, ha exigido este martes el cese del jefe superior de Policía de Canarias, el comisario Jesús Gómez Martín, después de que su nombre aparezca en diversos documentos judiciales del caso Zapatero. Gómez Martín, que casualmente era el jefe de la comisaría de Barajas durante el Delcygate, habría facilitado negocios de «procedencia ilícita» en el aeropuerto madrileño de Cuatro Vientos, en Madrid, a cambio de recibir favores y gratificaciones por parte de la trama de Plus Ultra, según consta en diversas conversaciones intervenidas por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía.
El vinculo del mando policial con la presunta organización criminal apareció al inicio de la investigación del caso, a cargo de la magistrada Esperanza Collazos, titular del Juzgado 15 del Tribunal de Instancia de Madrid, Esperanza Collazos. Los indicios se recabaron a partir de un chat denominado Danilo-España en el que participaban el abogado Miguel Palomero y Danilo Díazgranados, un empresario venezolano que figura como presunto intermediario de los investigados a raíz del rescate de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra.
La causa recoge que en los registros ordenados en diciembre en la sede de Plus Ultra se halló una tarjeta de visitas a nombre del comisario Jesús María Gómez Martín, con su número manuscrito en el anverso. Jesús María Gómez Martín fue el mando policial que en el año 2020 estuvo presente en Barajas cuando se produjo el polémico aterrizaje en España de la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Dejó el cargo en 2022, una vez fue ascendido por el Ministerio del Interior para asumir la jefatura de la Policía Nacional en Canarias.
«Cuidar a jueces, funcionarios y policías»
Los chats, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, revelan la existencia de una cadena de favores y gratificaciones a funcionarios públicos, algunos vinculados al tránsito aeroportuario, y a un mando policial. También hay mensajes referidos a la realización de regalos a personas que ostentan puestos de poder y que colaborarían con Díazgranados. En una conversación, el abogado recibió el encargo de repartir dinero con el supuesto objetivo de «cuidar a jueces, funcionarios y policías».
La existencia de este grupo supone una de las principales pruebas contra el expresidente del Gobierno. Los agentes de la UDEF localizaron conversaciones detalladas de Díazgranados en las que queda acreditado que mantiene una relación «personal y económica» con el denominado por la trama como «Zorro, Z o Zzzz», y que según los investigadores sería José Luis Rodríguez Zapatero. De todos los mensajes intervenidos se evidencian actos concretos a lo largo de varios años que «sugieren la comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias, corrupción en los negocios» por parte de una «organización jerarquizada, organizada y con vocación de permanencia».
Ascensos a todos los mandos del ‘Delcygate’
Desde Jupol califican de «extrema gravedad» la aparición del nombre del comisario principal en al sumario del caso Zapatero y, por este motivo, solicitan el cese de su puesto de libre designación. «Entendemos que una persona cuyo nombre aparece relacionado en un procedimiento judicial de semejante relevancia y gravedad no puede continuar al frente de una Jefatura Superior de Policía, una de las máximas responsabilidades institucionales dentro de la Policía Nacional, ya que esta situación perjudica gravemente la imagen del cuerpo», reclama esta organización de policías.
El sindicato, además, advierte de que el citado mando policial fuera ascendido tras los gravísimos hechos conocidos públicamente la noche del Delcygate, «en un contexto en el que otros altos mandos policiales implicados también fueron posteriormente recompensados con destinos en embajadas y agregadurías en el extranjero con importantes retribuciones económicas». Una situación «que generó una profunda preocupación y una evidente sensación de falta de asunción de responsabilidades ante hechos de extraordinaria gravedad institucional», critican.