El juez del 'caso Plus Ultra' imputa a las hijas de Zapatero y a su secretaria
Calama rechaza por el momento pedir más información a Estados Unidos, como pedía el expresidente del Gobierno
José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas. | Ilustración de Alejandra Svriz
Imputadas las hijas y la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye el caso Plus Ultra ha otorgado dicha condición a las propietarias de Whathefav y a la persona de confianza del expresidente del Gobierno solo un día después de que este declarara como investigado. El magistrado las citará en las próximas fechas. La decisión se toma a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, pidió el pasado martes que Alba y Laura Rodríguez Espinosa también sean investigadas en la causa. El instructor rechaza por el momento pedir más información de los volcados móviles a Estados Unidos, como pedía el exdirigente socialista.
En un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE el juez acuerda estas diligencias e indica que señalará la declaración de las hijas y la secretaria de Zapatero en una nueva resolución. En relación con las hijas, Calama recuerda lo expuesto el pasado 18 de mayo, cuando acordó una serie de entradas y registros, entre ellos en la mercantil Whathefav, de las que ambas son administradoras solidarias. La diligencia se practicó un día más tarde.
Calama sostiene que Alba y Laura Rodríguez Espinosa son administradoras formales de dicha mercantil, cuya operativa aparece vinculada indiciariamente al entramado investigado, lo que determina, por sí mismo, la procedencia de su citación en calidad de investigadas. Durante su declaración de este miércoles, Zapatero negó haber influido en el rescate Plus Ultra y afirmó que Julio Martínez Martínez, propietario de Análisis Relevante, solo le solicitaba trabajos profesionales. Unas tareas en las que él pidió que incluyera a sus hijas, cuya agencia «funciona».
La declaración de Zapatero
«La investigación atribuye a dicha sociedad un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento, y esa mera constatación objetiva sitúa a sus administradoras en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación, en cuanto titular de la representación orgánica y responsable de la dirección jurídica de la entidad», explica el juez.
A través de Análisis Relevante, Zapatero cobró 490.780 euros. La cantidad que la Audiencia Nacional bloqueó de sus cuentas. Julio Martínez Martínez también habría remitido a Whathefav otros 239.755 euros. La consultora cobró de Plus Ultra, la aerolínea rescatada con 53 millones de euros durante la pandemia. Análisis Relevante también habría recibido pagos de otras tres empresas, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa y habría creado una sociedad offshore en Dubá ha petición del expresidente del Gobierno, que se desmarcó de ello en su declaración.
Calama recuerda que la citación en calidad de investigado no exige la existencia de un cuadro probatorio cerrado ni la acreditación plena del elemento subjetivo del delito, sino únicamente la concurrencia de indicios racionales de participación, incluso meramente indiciaria o por posición, cuando la persona ostenta un rol jurídico que la conecta de manera directa con los hechos.
En el caso de administradores de sociedades presuntamente instrumentales, como es el caso, apunta Calama, «la conexión deriva de la propia estructura societaria: quien ostenta la representación formal es, ex lege, el responsable de la actuación de la persona jurídica y de la adopción de decisiones que permiten o facilitan su operativa». Para el juez, desde esta perspectiva, la citación en calidad de investigadas de las hijas de Zapateo constituye la única vía compatible con las garantías constitucionales del artículo 24 de la Constitución Española.
La información de EEUU
«Llamarlas en calidad de testigos resultaría incompatible con su posición procesal potencialmente afectada, pues les impondría el deber de decir verdad y la prohibición de reservarse información, comprometiendo de forma irreversible su derecho a no declarar contra sí mismas y a no confesarse culpables».
El magistrado subraya que la citación de las hijas de Zapatero como investigadas no solo es jurídicamente posible, sino necesaria para preservar sus derechos fundamentales y para garantizar la validez de las diligencias. «La alternativa a citarlas como testigos generaría un riesgo al obligarlas a declarar bajo veracidad sobre hechos que, en un estadio posterior, podrían serles atribuidos en calidad de partícipes o responsables por su condición de administradoras de una sociedad cuya operativa aparece objetivamente vinculada al entramado investigado», advierte.
Calama también señala que existen indicios de la participación directa de la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, en los hechos. En el auto del pasado 19 de mayo, el juez atribuye Zapatero el liderazgo de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias». En un segundo nivel se desempeñarían Manuel Aarón Fajardo, hijo de un senador del PSOE, y Julio Martínez Martínez. En un tercer eslabón se situarían la secretaria del expresidente del Gobierno, María Gertrudis Alcázar, y Cristóbal Cano.
En su auto, el juez rechaza por el momento la mayoría de las diligencias propuestas por la acusación popular, que pedía imputar a José Luis Ábalos y Koldo García en relación al rescate de Plus Ultra. También declina la solicitud de Zapatero de reclamar a Estados Unidos más información sobre el origen, la obtención y la cadena de custodia del contenido del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, cuyo volcado resultó determinante para la imputación del expresidente del Gobierno.