La pareja de Pérez Llorca dejará la Diputación de Valencia y renuncia a consolidar la plaza

La pareja del presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, abandonará la Diputación de Valencia el próximo mes de septiembre después de haber decidido no concurrir al proceso para consolidar la plaza que ocupa actualmente en comisión de servicios como secretaria de dirección. La decisión pone fin a una de las mayores polémicas políticas que ha afrontado el jefe del Consell desde su llegada al Palacio de la Generalitat.

La comisión de servicios mediante la que Vanesa Soler accedió al puesto tiene una duración de seis meses, entre el 5 de marzo y el 4 de septiembre de 2026. Durante ese periodo, la Diputación debe tramitar la provisión definitiva de la plaza para evitar que quede vacante. Sin embargo, la pareja del president ha optado por no participar en ese procedimiento, por lo que abandonará la institución provincial cuando expire su actual nombramiento.

Fuentes de la Diputación han confirmado que Soler no concurrirá al proceso de consolidación, una decisión que ha sido interpretada de forma muy distinta por Gobierno valenciano y oposición. Mientras desde el entorno de Pérez Llorca se insiste en que se trata de una decisión estrictamente personal, los partidos de izquierdas consideran que supone un reconocimiento implícito de que el caso ha generado un grave desgaste político.

La incorporación de Soler a la Diputación provocó una intensa polémica desde el mismo momento en que se hizo pública. Funcionaria de carrera en el Ayuntamiento de Finestrat, municipio del que Pérez Llorca fue alcalde antes de convertirse en president de la Generalitat en diciembre de 2025, accedió a una plaza de secretaria de dirección adscrita al área del diputado provincial Ricardo Teruel.

El puesto estaba dotado con una retribución cercana a los 52.000 euros anuales, una cantidad significativamente superior a la que percibía en su administración de origen. Precisamente ese incremento salarial, unido a la cercanía política entre la Diputación y el Palau de la Generalitat, alimentó las acusaciones de presunto enchufismo lanzadas por parte del PSOE valenciano y Compromís.

La selección se produjo mediante una comisión de servicios de libre concurrencia en la que participaron varios aspirantes. Según la documentación defendida por la Diputación, un informe técnico de idoneidad otorgó la mejor valoración a Soler por su experiencia previa en funciones administrativas de categoría C1 y por haber desempeñado tareas similares de secretaría de dirección en el Ayuntamiento de Finestrat.

Desde el primer momento, Pérez Llorca rechazó cualquier sospecha de trato de favor. El presidente valenciano sostuvo que la plaza estaba ofertada desde julio de 2025, meses antes de que él accediera a la Presidencia de la Generalitat, y recordó que el procedimiento fue supervisado por técnicos de la administración provincial.

Además, defendió que su pareja actuó como lo haría cualquier funcionario que busca acercar su puesto de trabajo a su lugar de residencia para facilitar la conciliación familiar. En varias comparecencias públicas llegó a denunciar que las críticas escondían un componente de machismo al cuestionar los méritos profesionales de una funcionaria de carrera con más de dos décadas de experiencia.

«A mi pareja no le han creado ninguna plaza específica ni ha recibido ningún trato de favor», insistió el president durante los últimos meses. También recordó que las comisiones de servicios son una herramienta habitual en la función pública y señaló que durante los gobiernos del Botànic se aprobaron más de 11.500 procedimientos similares.

Sin embargo, la oposición nunca dio por cerrada la polémica. El PSOE solicitó acceder al expediente completo del nombramiento y reclamó explicaciones tanto a la Diputación como al propio jefe del Consell. Los socialistas consideraban difícilmente justificable que una funcionaria pasara de percibir unos ingresos considerablemente inferiores a ocupar una plaza retribuida con alrededor de 52.000 euros anuales en una institución gobernada por dirigentes del mismo partido que el president.

Tras conocerse la decisión de no optar a la consolidación del puesto, la secretaria general del PSOE valenciano y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, elevó el tono de las críticas. La dirigente socialista afirmó que la salida constituye un «reconocimiento explícito» de que el caso «ni es ético ni estético y seguramente tampoco legal».

Morant calificó el episodio como «un escándalo de enorme magnitud» y advirtió de que la renuncia a consolidar la plaza no pone fin a las exigencias de explicaciones. Según sostuvo, todavía es necesario aclarar cómo se desarrolló todo el procedimiento y despejar las dudas que, a juicio del PSOE, siguen pesando sobre la adjudicación.

La Diputación de Valencia, por su parte, mantiene que el acceso de Soler al puesto se produjo con absoluta normalidad administrativa y dentro de los cauces habituales de la función pública. La corporación provincial ha reiterado durante estos meses que la funcionaria cumplía todos los requisitos exigidos para desempeñar las funciones asignadas.

Mientras tanto, Pérez Llorca ha optado por rebajar el tono de la controversia. Tras conocerse la decisión de su pareja, el president se limitó a señalar que «respeta la decisión de los profesionales», evitando entrar en una nueva confrontación política sobre un asunto que ha acompañado buena parte de sus primeros meses al frente del Consell.