Zapatero pedirá declarar en una semana para entregar los certificados de las joyas

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció este miércoles al juez instructor de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que va a pedir comparecer nuevamente en las dependencias judiciales dentro de «una semana o diez días» para explicar el origen de las joyas por valor superior al millón de euros que aparecieron en su despacho en la oficina del expresidente, en el número 35 de la calle Ferraz. Zapatero renunció a responder a las preguntas del juez Calama sobre las joyas. Según revelan a THE OBJECTIVE fuentes de su entorno, el expresidente del Gobierno se acercó al juez al final del interrogatorio y le informó de que estará en condiciones de entregar dentro de aproximadamente una semana los certificados de los países que le habrían regalado las joyas incautadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

De esta forma, Zapatero asumiría como propia la tesis de los regalos que no ha querido sostener públicamente hasta el momento. Fuentes judiciales consultadas por este periódico aseguran que el juez «no le dio ninguna credibilidad» y que lo consideró «una forma de ganar tiempo». De hecho, se interpreta como un hecho significativo que el ex líder del PSOE renunciara a pronunciarse sobre este asunto este miércoles en su interrogatorio en la Audiencia Nacional, ni que tampoco lo hiciera en el comunicado que hizo público tras su declaración, en el que se limitó a asegurar que ha callado durante 29 días «por respeto a la Justicia y a Su Señoría», y añadió: «No tengan ninguna duda de que en los próximos días [irá] dando las explicaciones oportunas». Un comunicado en el que no se hace ninguna referencia a las alhajas incautadas, pese a tratarse del asunto que ha suscitado el mayor impacto moral en el PSOE.

«Parece una operativa de banqueo»

Fuentes jurídicas sostienen que Zapatero se mostró «nervioso» en su declaración, especialmente cuando fue preguntado por el instructor sobre la «operativa de pagos de sociedades instrumentales», entre las que figura Análisis Relevante, propiedad de su presunto testaferro Julio Martínez Martínez, quien habría realizado pagos tanto al ex presidente como a sus hijas, Laura y Alba Zapatero Espinosa. Zapatero negó haber operado a través de esas empresas y relató que sus informes no eran escritos sino verbales. Algo a lo que respondió el juez algo molesto: «Parece una operativa de banqueo».

Sin embargo, desde el entorno del expresidente aseguran que salió de la Audiencia Nacional «aparentemente tranquilo» y esperanzado al no aplicársele las medidas cautelares que solicitó para él de la representante de la Fiscalía Anticorrupción, Elena Lorente. Según las citadas fuentes, su negativa a contestar al Ministerio Público se fundamenta en la necesidad de «no validar las pruebas que EEUU ha aportado a la Fiscalía», en relación al teléfono móvil de Roberto Flores, que la defensa de Zapatero confía en invalidar como prueba para anular la causa en su conjunto.

«No ha disipado los indicios de criminalidad»

El expresidente Zapatero también presentó este jueves una autorización universal voluntaria «para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad directa o indirecta», tal y como desvela él mismo en su comunicado. Su objetivo es ofrecer voluntariamente al juez José Luis Calama la revisión de su patrimonio y bienes sin necesidad de requerimiento judicial. «Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza», dijo en el comunicado.

Sin embargo, según se recoge en el auto del juez Calama tras el interrogatorio, «la declaración del investigado no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación, y que derivan de diversas y distintas fuentes de prueba». Entre ellas, se incluyen los registros realizados en la oficina del expresidente, la «trazabilidad de diversas transferencias entre las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero en relación con fondos procedentes de la ayuda pública concedida por el Gobierno a la mercantil Plus Ultra, y la utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales para canalizar estos pagos», el dispositivo móvil aportado por EEUU y las joyas incautadas.

El magistrado deja claro que, pese a que la investigación tiene un «evidente carácter embrionario», existen «indicios de por sí suficientes en este momento procesal para continuar la investigación» sobre la base de los «ilícitos penales a los que apuntan los hechos investigados».

Pese a ello, el juez de la Audiencia Nacional rechazó las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción —la retirada del pasaporte y la obligación de firmar en comisaría cada 15 días— por considerar que «su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio excluyen el riesgo de fuga real y actual», así como el «riesgo de ocultación o destrucción de fuentes de prueba», entre otros motivos, porque «los elementos relevantes ya han sido intervenidos y la investigación no depende de actuaciones que el investigado pudiera obstaculizar».