El PP impulsa la primera norma que castiga las relaciones íntimas entre presos y funcionarios

El Partido Popular ha registrado en el Parlamento de Cataluña una propuesta normativa para que los centros penitenciarios y los centros de menores infractores catalanes establezcan la «prohibición explícita de cualquier tipo de relación emocional, afectiva o sexual entre el personal penitenciario y las personas internas». La formación política impulsa la creación de un protocolo, el primero de este tipo en España, que prevenga y sancione estas situaciones que se han convertido en un «fenómeno demasiado habitual y en aumento en las prisiones, y que comprometen la seguridad y la integridad del sistema penitenciario», según expone el escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

La legislación vigente no contempla ninguna norma que prohíba de forma literal las relaciones sentimentales entre reclusos y funcionarios de prisiones. En la actualidad, advierten fuentes penitenciarias, esas conductas suelen derivarse en expedientes disciplinarios graves, con la consiguiente suspensión de empleo e incluso la inhabilitación si se demuestra que han supuesto un problema de seguridad o de orden en el centro penitenciario. El sindicato catalán de funcionarios de prisiones (Sicap-Fepol) critica que la administración evita en la mayoría de ocasiones esas sanciones y por este motivo es necesario «establecer límites nítidos para proteger la integridad de las instituciones penitenciarias». 

Miguel Pueyo, secretario general de la citada organización, muestra su «total respaldo» a esta iniciativa para la puesta en marcha de un código institucional y un marco normativo «claro». Sobre todo teniendo en cuenta el gran número de relaciones de esta clase que existen en el ámbito penitenciario. «Lo de Cataluña es escandaloso, ha habido momentos que, entre trabajadores de fundaciones, de vigilancia, funcionarios, sanitarios, voluntarios… las comunicaciones con presos alcanzaban las 100. No se sancionan porque las consideran ‘relaciones libres’, pero la cuestión es: ¿qué grado de libertad tiene una persona presa para decidir?», critica Pueyo. 

Un canal anónimo para los presos

Hasta ahora, si se conoce una relación íntima entre un recluso y un trabajador, la ley de régimen penitenciario lo considera un incumplimiento de los deberes profesionales del funcionario. La propuesta del PP pretende calificar directamente en esa norma como «grave o muy grave» «el mantenimiento de relaciones emocionales, afectivas o sexuales entre el personal y los internos». Además, también proponen un código institucional para prevenir esas situaciones, que contemple la suspensión cautelar de funciones tras la apertura del expediente y la imposición de sanciones más severas como la expulsión del puesto de trabajo. 

Por otro lado, el Partido Popular catalán reclama que se incluyan en la resolución otras medidas formativas y de sensibilización ante la Comisión, como talleres «sobre límites profesionales, ética y prevención frente a personalidades con capacidad de manipulación emocional»; y estudiar la creación de «un canal de denuncia confidencial y protegido, abierto tanto a profesionales como a internos, residentes y usuarios de las prisiones». 

En la exposición de motivos, la formación popular esgrime que «existe una preocupación ante el incremento de relaciones afectivas y sexuales» entre presos y trabajadores penitenciarios. Unas relaciones, prosigue el escrito, firmado por los diputados populares Juan Fernández Benítez, Monserrat Berenguer y Alberto Villagrasa, que «lejos de ser cuestiones privadas o anecdóticas, abren la puerta a manipulaciones, tráfico de objetos prohibidos y situaciones de descontrol institucional, y constituyen un punto sensible para la seguridad y el buen funcionamiento de los centros penitenciarios, así como para la integridad de la institución y la dignidad de su personal».

Protocolos en otros países europeos

El PP argumenta que el resto de países europeos son «conscientes del peligro que comportan este tipo de relaciones» y Estados como Francia, Alemania, Suecia, Países Bajos y Reino Unido «han desarrollado protocolos y normativas de tolerancia cero para prevenir y sancionar estas conductas, considerándolas infracciones graves de seguridad que conllevan la expulsión inmediata», advierte la propuesta. Por último, el diputado Fernández Benítez advierte de la existencia de esas normas no solo en sistemas penitenciarios europeos, sino también en los sanitarios, como el Código Rosa, para «actuar de manera inmediata en situaciones de acoso o abuso». Ante esta realidad, «resulta totalmente urgente dotarse de una normativa en el ámbito penitenciario con medidas preventivas, disciplinarias y de acompañamiento».