La subdirectora de una prisión catalana se hace pasar por discapacitada para aparcar gratis
Un sindicato denuncia en Fiscalía a la alta cargo de Justicia por usar la tarjeta de un familiar para no pagar en zona verde
El uso irregular de la tarjeta de discapacitada que hace la alta funcionaria. | TO
El sindicato catalán de funcionarios de prisiones (Sicap-Fepol) ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Barcelona contra la subdirectora de régimen del Centro Penitenciario de Mujeres (Wad-Ras), María Gemma López, por la presunta comisión de un delito de falsedad documental y otro de estafa por hacerse pasar por discapacitada y emplear la tarjeta de un familiar para estacionar gratis a diario en la zona verde de las inmediaciones de dicha prisión, en pleno centro de la Ciudad Condal.
En el escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la organización sindical aporta un dosier con fotografías, vídeos y un informe oficial de la Dirección General de Tráfico (DGT) que prueban el uso irregular y continuo que la alta funcionaria hace de la tarjeta de discapacidad de otra persona para ahorrarse las tasas que exige abonar el Ayuntamiento en esa zona de apartamento. Según ha probado el denunciante, la subdirectora no solo haría un uso irregular del distintivo en sus desplazamientos a la cárcel catalana, en Poblenou; también cuando va al Distrito Administrativo del carrer del Foc, sede del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña.
Las imágenes muestran siempre al mismo coche, la misma matrícula y la tarjeta PMR visible mientras la subdirectora acude a trabajar a reuniones oficiales. Sicap-Fepol ha pedido al Ministerio Público que abra diligencias y dé traslado de las acusaciones a la Dirección General de Servicios Penitenciarios para depurar las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse de la conducta de esta alta directora del centro penitenciario, por el presunto quebrantamiento del código ético de la institución. «Esta vergonzosa situación debe acabar ya».
Un salario de 80.000 euros
El sindicato catalán de funcionarios ha decidido denunciar el caso. Según explica su secretario general, Miguel Pueyo, esta alta funcionaria, «con un salario de aproximadamente 80.000 euros anuales, está apropiándose de un beneficio reservado a personas con discapacidad —un colectivo que ya sufre graves dificultades para aparcar—, mientras los propios trabajadores del centro penitenciario se pagan su parking, cuyo coste oscila entre los 125 y 150 euros mensuales». «Quien trabaja en la cárcel no puede vivir al margen de la justicia», critica Pueyo, en declaraciones a este periódico.
Según reza la denuncia, «con el fin de eludir el pago de las tasas municipales de estacionamiento y evitar las correspondientes sanciones», la subdirectora María Gemma López «coloca de forma visible en el salpicadero del vehículo una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida (PMR)». Según las indagaciones realizadas por los denunciantes, la titularidad de dicha tarjeta corresponde a un familiar, no a la propia denunciada, mientras que ella es la dueña del vehículo, tal y como acredita el informe de la DGT aportado a la Fiscalía.
Este comportamiento no se limita a las inmediaciones de su centro de trabajo, sino «que presenta los rasgos de un patrón de conducta recurrente». La denuncia documenta que se usa la misma tarjeta PMR para aparcar de forma gratuita en otras zonas de estacionamiento regulado de la ciudad de Barcelona, entre ellas las inmediaciones del distrito administrativo del carrer del Foc, «lo que revela una conducta estable de aprovechamiento indebido del distintivo», apunta el escrito.
El «crimen perfecto»
El sindicato argumenta que los hechos descritos no solo serían constitutivos de un delito de falsedad documental, sino también de estafa «si se entendiera que la exhibición de la tarjeta PMR genera una apariencia de legitimidad suficiente para inducir a error a los servicios de control del estacionamiento regulado, con el consiguiente perjuicio económico para la Administración y correlativo beneficio ilícito para la denunciada».
Siendo una tarjeta legítima, los controladores de la zona verde, los agentes de movilidad y los coches de control de tiques de pago «interpretan que el estacionamiento responde al de la persona discapacitada, no al desplazamiento diario al trabajo de la denunciada». De esta forma, advierte Sicap-Fepol, se trata de un «crimen perfecto pues, aunque la denunciada fuese sorprendida in fraganti saliendo o entrando del coche, el controlador de zona verde debería de creerse sus explicaciones, ya que no es agente de autoridad y no puede llevar a cabo indagaciones acerca de la veracidad de las manifestaciones de la denunciada».
Perjuicio económico para el Ayuntamiento
Un extremo que ha llevado a los trabajadores del centro penitenciario a documentar los aparcamientos irregulares, «que de forma indubitada llevaba a cabo para acudir al trabajo, la cárcel de mujeres de Barcelona». Todos los estacionamientos corresponden con jornadas laborales de la funcionaria en las que «jamás ha entrado al centro penitenciario acompañada de familiar discapacitado alguno». De darse esta circunstancia, la denunciada no estaría cometiendo ninguna irregularidad, habida cuenta de que el distintivo es «para un titular no conductor», como reza la imagen que ilustra este artículo. No obstante, para beneficiarse del aparcamiento sin tasas, siempre debe viajar la persona que padece la discapacidad.
Sicap-Fepol, por otro lado, advierte del perjuicio económico que la conducta presuntamente irregular de la subdirectora de la prisión estaría ocasionando al Ayuntamiento de Barcelona. «Los estacionamientos ya documentados permiten apreciar, siquiera de forma indiciaria, la existencia de un perjuicio económico real —no meramente hipotético— para el erario municipal, es decir, que se cumpliría el supuesto de hecho para que concurra el tipo penal», señala la denuncia remitida a la Fiscalía.