Denuncian a España ante la UE por incumplir la ley con el sistema sanitario de las prisiones

Denuncian a España ante la Unión Europea por ignorar durante más de dos décadas la ley que le obliga a transferir las competencias sanitarias de las prisiones a las comunidades autónomas. Un ciudadano ha elevado una solicitud a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que indague en este asunto, que «ha convertido la salud de los internos de las prisiones españolas en un derecho de segunda clase, supeditado a criterios presupuestarios y de seguridad en lugar de clínicos», según la queja, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. La situación ha llegado a tal extremo que Prisiones está contratando a médicos sin el título de especialista para suplir las graves carencias de personal que padece el sistema. 

El escrito pone el foco en la «obligación legal» que tiene la Administración General del Estado de integrar la sanidad penitenciaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS), según establece la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/2003 de 28 de mayo, de cohesión y calidad del SNS. Esta norma otorgaba un plazo de 18 meses para que las comunidades autónomas asumieran las competencias sanitarias de prisiones, con el «fin de garantizar la equidad en la atención y la historia clínica única. Sin embargo, esta transferencia solo se ha completado de forma efectiva en Cataluña, País Vasco, Navarra y Baleares. 

En el resto del país, prosigue la denuncia, la gestión sanitaria penitenciaria sigue dependiendo del Ministerio del Interior «debido a la falta de acuerdos económicos entre el Gobierno central y las autonomías, lo que genera una dualidad administrativa que dificulta la gestión de recursos y la homogeneidad en la asistencia sanitaria de la población reclusa». De esta forma, se produce una «discriminación indirecta por omisión legal: el interno es paciente de un sistema de segunda, desconectado del sistema público de salud que atiende al resto de la sociedad».

«Sistema de salud paralelo»

La denuncia persigue que la Eurocámara dictamine «que España mantiene un sistema de salud paralelo y degradado para un colectivo específico, lo cual contraviene la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que exige un nivel elevado de protección de la salud humana en todas las políticas de la Unión». Por otro lado, el escrito también se hace eco de la información publicada por este periódico que reveló que el Ministerio del Interior «utiliza un subterfugio legal para cubrir carencias estructurales de médicos especialistas mediante programas temporales, para realizar contrataciones que en la práctica cubren la asistencia sanitaria ordinaria».

«Asignar la prevención de suicidios o el tratamiento de enfermedades infectocontagiosas a médicos sin especialidad (Psiquiatría o Medicina Interna) bajo el nombre de «programas de higiene» ignora el riesgo vital del interno, permitiendo que licenciados sin la formación técnica requerida por el Sistema Nacional de Salud asuman funciones críticas».

En los últimos tres años, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha contratado como personal interino a 58 médicos que no tenían el título de especialista, es decir, que no habían hecho el MIR, según reza una resolución de Transparencia. El departamento dirigido por Ángel Luis Ortiz justifica que las contrataciones están relacionadas con programas dirigidos a la prevención de las «patologías más prevalentes en el medio penitenciario» y recuerda que «el personal facultativo desarrolla sus funciones en el marco de una asistencia sanitaria integral y continuada». 

Pautan medicamentos y cubren guardias

Lo grave, según denuncian distintos facultativos penitenciarios, es que estos médicos no cumplen con sus contratos de «programas especializados», sino que trabajan como médicos «no solo pautando medicamentos, sino además cubriendo guardias». Lo que contraviene la norma que regula las profesiones sanitarias, que establece que para poder ejercer la medicina en España en el marco de las instituciones públicas es necesario estar en posesión del MIR.

«Estas personas no están habilitadas ni para diagnosticar ni mucho menos pautar medicamentos en Instituciones Penitenciarias, y aun así lo están haciendo. Esto obviamente supone un menoscabo hacia los médicos que sí cumplen los requisitos legales», critican facultativos penitenciarios. Esta situación se da en numerosas prisiones: en los centros de Estremera (Madrid), Cuenca, Topas (Salamanca), Tenerife I, Las Palmas I y II, Botafuegos (Algeciras), Morón (Sevilla) y Soto del Real (Madrid), donde permanecen recluidos el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por el caso mascarillas. 

En este último penal, Madrid V, según denuncian fuentes penitenciarias, la dirección «insiste en la legalidad de que los interinos sin MIR ejerzan como médicos especialistas, a sabiendas del incumplimiento de dicha ley». Lo que, a juicio de estas mismas fuentes, «es un claro caso de prevaricación», habida cuenta de que perciben incluso el mismo sueldo que el resto de médicos que sí cumplen con lo establecido por la ley. «Es un claro insulto a los profesionales y un perjuicio a la calidad asistencial. Incluso pone en riesgo médico-legal a otros miembros del equipo sanitario, incluyendo al equipo de enfermería».