Ayuso lleva a Sánchez a los tribunales por usar a las autonomías como «cajero automático»

La Comunidad de Madrid se ha plantado ante lo que considera el uso de las Administraciones autonómicas como «cajeros automáticos» por parte del Gobierno de España. Esta situación se da en todos los territorios, pero, en el caso de la capital, el Ejecutivo regional que pilota Isabel Díaz Ayuso ha cuantificado en 12.367 millones de euros la «deuda» sin pagar por parte del Gobierno que preside Pedro Sánchez. Uno de los argumentos para denunciar esta supuesta usurpación de liquidez es que esta cantidad, lejos de irse reduciendo, ha ido en aumento, sumando unos 1.800 millones desde el pasado mes de octubre.

De todas estas deudas, «prácticamente todas» están «recurridas judicialmente», según explicó la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en un encuentro informativo al que asistió THE OBJECTIVE. Según la versión que trasladó, a estos 12.367 millones de «deuda consolidada» se suman «muchos millones» correspondientes a «medidas electoralistas» que aprueba el Ejecutivo central y cuyo coste endosa a otras Administraciones. «No puede ser un Gobierno central en que su imperativo sea ‘yo decido, tú pagas’», manifestó la consejera, que alertó de que este modus operandi implica que los servicios públicos se ven «deteriorados».

Según la Administración autonómica, esta situación no ha cambiado al relevar Arcadi España a María Jesús Montero como ministro de Hacienda y no se ha recibido respuesta a una carta remitida para advertir sobre esta situación. «El dinero de los madrileños sigue secuestrado y la forma de proceder sigue siendo la misma», lamentó Albert.

Uno de los orígenes de este conflicto es la dependencia, puesto que el Gobierno se comprometió —por ley— a asumir el 50% de las ayudas, pero solo sufraga el 28,7%. Este incumplimiento se remonta a los orígenes de estas prestaciones en 2009, y se ha producido —con porcentajes cambiantes— en las etapas de Zapatero, Rajoy y Sánchez, aunque el más reciente real decreto de grandes dependientes ha agravado esta infrafinanciación, ya que la legislación incrementaba la factura de forma sustancial.

Asimismo, unos 149 millones de euros sin pagar corresponden a medicamentos oncológicos financiados por la Comunidad de Madrid que la Administración central no reembolsa. El Gobierno regional teme que el decreto anticrisis merme aún más sus recursos, ya que principalmente se han introducido bonificaciones en la tributación de gestión autonómica. Por otra parte, la reducción de horas lectivas y de ratios planteada por la ministra de Educación, Milagros Tolón, «supondría 433 millones de euros» de coste adicional «en Madrid solo este año», denunció Albert, que subrayó que esta medida no se ha consensuado con las comunidades.

Otros 103 millones de euros corresponden a la «conversión de técnicos de FP y las cotizaciones a las que se les obligó a los alumnos en prácticas». Por otra parte, se encuentra la «infrafinanciación de fondos europeos», que ascendería a casi 1.000 millones de euros a pesar de que la ejecución en Madrid ha sido «espectacular», mientras que el Gobierno central «pasa fondos finalistas a gasto corriente», como las pensiones. Más allá de esto, «1.200 millones en depuradoras siguen pendientes» de pago, algo que puede afectar la calidad del agua en algunas zonas, y «al Consorcio de Transportes se le adeudan 417 millones de euros». «No nos podemos convertir en el cajero automático del Gobierno de España, que sí que tiene dinero. No se puede gobernar sin presupuestos, no se puede legislar sin hacer memorias económicas y no se pueden comprometer recursos públicos que no son tuyos», reprochó la consejera.

«La regularización de migrantes va a suponer un coste para los servicios públicos», añadió Albert, y destacó que esta medida hará que «muchas más personas puedan disfrutar de cursos de formación, intermediación y demás». El coste exacto todavía se está «estimando», ya que tampoco hay una cifra clara del número de personas que va a beneficiarse. Sin embargo, la Comunidad presentó un recurso contencioso-administrativo que fue admitido a trámite.