La «Kitchen del PSOE» y el papel de los confidentes

«Esto es la Kitchen del PSOE», me explicó esta semana un agente de la Guardia Civil cuando se conoció el contenido de la trama Leire. Un salto cualitativo en los casos de corrupción conocidos hasta la fecha porque escala en la gravedad de los hechos delictivos hasta incurrir en aquellos cometidos contra las altas instituciones del Estado. Un título del Código Penal en el que incluían los delitos del referéndum ilegal del 1-O -ahí es nada-, rebelión y sedición, hasta que Pedro Sánchez suprimió el segundo en 2023 para comprar a los independentistas.

La afirmación de la Kitchen socialista se sostiene porque la organización delictiva tiene su epicentro en Ferraz, 70, se remonta a las órdenes «del one» durante los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez en mayo del 2024, tras la imputación de Begoña Gómez, e incluye a un agente de la Guardia Civil, Juan Sánchez Yepes, en una trama de sobornos cuyo propósito era, en palabras del juez Santiago Pedraz, «desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial» que afectara al PSOE.

Enero de 2025: Caramés y Bonilla

Bajo el paraguas de esta trama se engloban varios intentos de chantajes. Cuando la organización vio peligrar la custodia de sus secretos a finales de 2024, cuando Aldama salió de prisión, tras calificar Pedro Sánchez de «inventada» su declaración judicial, el PSOE intensificó su actividad para comprar los testimonios de algunos testigos clave de los hechos con la intención de garantizar que no saliera a la luz la verdad de las múltiples causas judiciales en ciernes.

La labor periodística de THE OBJECTIVE aportó un gran valor para la investigación. Paradójicamente, el primer intento de la trama es el único que no aparece todavía en el auto del juez Santiago Pedraz. Como revelamos hace unas semanas, el PSOE envió un emisario al primer confidente del caso Koldo, José Luis Caramés, para incriminar a un exagente de la UCO, Juan Vicente Bonilla, con quien había colaborado durante más de una década hasta 2021. El emisario era Cristian Mesía, el abogado del empresario Javier Pérez Dolset. Mesía trasladó la oferta de su cliente sobre un pacto con la Fiscalía a cambio de la cabeza de Bonilla en una presunta operación de la llamada «UCO patriótica» contra el Gobierno. Caramés, fichado en los servidores de la UCO como confidente, rechazó la oferta y alertó a Bonilla.

Febrero de 2025: Carmen Pano

En febrero del 2025, Carmen Pano, la empresaria que desveló que había entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz en noviembre de 2020, recibió otra oferta. Su entrega del efectivo no fue la única exclusiva que Pano desveló a THE OBJECTIVE. Mientras muchos la tildaban de loca y dudaban de su testimonio, este periódico escuchó y dio voz a una mujer que no ofrecía fisuras ni contradicciones en su discurso. Ratificó una a una todas sus revelaciones en nuestro periódico, ante notario, en su declaración ante la UCO y en sede judicial ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Ser los únicos que le conferíamos esa credibilidad nos permitió adelantar también el intento de compra de 50.000 euros, ampliables a 250.000, a través de la abogada de Koldo García, hace más de un año. Publicamos entonces los mensajes que Leticia de la Hoz envió a los socios de la empresaria para cambiar su testimonio a cambio de dinero en un momento de precariedad económica, cuando el bloqueo de sus cuentas bancarias tras su imputación no le permitía pagar ni el alquiler de su casa ni la boda de su hija. La única exigencia para tener liquidez era «dejar al margen al PSOE y no mencionar a Santos Cerdán». Sin embargo, Carmen Pano rechazó esa oferta y siguió colaborando con la Justicia.

Marzo de 2025: Alejandro Hamlyn

En el mes de marzo, la trama dio un salto en la reunión telemática con Alejandro Hamlyn, en la cual participaron dos exagentes del Centro Nacional de Inteligencia y un excolaborador. La exclusiva de este diario aportaba un punto inquietante, pese a que algunos de esos miembros redujeron a «una trampa» su inclusión en la reunión, porque deja algunas incógnitas sobre la mesa en cuanto a esta operación del PSOE contra altas instituciones del Estado. En la reunión con el empresario de hidrocarburos, la fontanera Leire Díez se explayó al solicitar pruebas contra Antonio Balas, teniente coronel de la UCO, y el capitán Bonilla.

Mayo de 2025: la bomba lapa

Exactamente dos meses después, en mayo del 2025, el PSOE detonó el bulo de la bomba lapa, filtrando una conversación manipulada del agente de la UCO y su confidente. No era un hecho aislado o inconexo. El contexto no es casual; el momento tenía un propósito. En ese mes de mayo, el Gobierno ya era conocedor de que la UCO estaba ultimando uno de los informes más determinantes de la trama, el de Santos Cerdán —que motivó su ingreso en prisión—. Como se cuenta en el libro Todos los hombres de Sánchez, el objetivo del bulo de la bomba lapa era desencadenar una campaña preventiva de descrédito y ataque a la UCO. Su objetivo: frenar la investigación, confiando en que la operación contra la «UCO patriótica» frustraría la publicación del informe de Cerdán y evitaría darle continuidad a una trama que saltaba de un secretario de Organización al segundo.

Como ha venido ocurriendo desde hace dos años, el Gobierno estaba convencido de que su beligerancia en el ataque a las instituciones del Estado (jueces, fiscales y policía judicial) rebajaría la contundencia de la Justicia por el temor a la falta de escrúpulos de Pedro Sánchez. De la misma manera en que su ofensiva contra los medios perseguía disuadirles de seguir investigando. Se equivocaba. El Estado se ha defendido con la verdad, con los instrumentos del Estado de derecho y gracias a la colaboración de un grupo de confidentes, sin los cuales habría sido imposible frenar los excesos del poder ejecutivo en su ofensiva contra el poder judicial.

Nadie tiene que contarme las consecuencias que tiene para alguien dar un paso al frente en lugar de mirar hacia otro lado. Carmen Pano no tenía dinero para comprar sus necesidades básicas. El fin de año de 2025 cenó junto a su marido Julián macarrones con tomate. El confidente Caramés lleva años luchando porque se le reconozca su condición de confidente de la Guardia Civil. Pero la misma fiscal que ordenó el archivo de Plus Ultra, María Luisa Llop, se lo deniega en el caso Gaslow para intentar ocultar que el informe con las conversaciones secretas con Bonilla que se filtró a los medios es una vulneración de secretos oficiales —como reconoce el propio capitán Yepes—, que merecería ser investigada para saber quién dio la orden de revelarlas con intereses espurios.

Al coste reputacional que pagaron Caramés y su familia se le suma la vulneración del honor de su contacto, el capitán Bonilla. La propagación del bulo de la bomba lapa por parte del Gobierno, atribuyéndole el «deseo de fantasear con la muerte del presidente», pretendió marcar, y, por consiguiente, aislar a un agente del cuerpo que fija en el honor su divisa. La recuperación de ese honor no corre a cuenta del Gobierno que lo manchó o del Estado al que representa, como en el caso de Óscar López, a quien le asiste la Abogacía del Estado. El capitán Bonilla ha invertido varios miles de euros de su propio bolsillo en judicializar las demandas contra el propio López y contra el digital El Plural, que le vejaron y se negaron a rectificar, como reveló este periódico.

Aldama y el tiroteo de su coche

El coste personal que asumen quienes investigan o colaboran con la Justicia es demasiado alto. Qué decir de Víctor de Aldama y el tiroteo de su coche… Cuando lo publicó mi compañera Teresa Gómez, la propia Policía lo desmintió públicamente. Ni la UCO nos daba credibilidad hasta que publicamos las fotografías que evidenciaban que había peligrado su integridad física. Cuando publicamos esa información Aldama acababa de salir de prisión, había empezado a colaborar con la Justicia pero solicitaba seguridad a cambio de aportar documentación. Fue ahí cuando, según su entorno, Aldama recibió varias ofertas por parte de emisarios del Gobierno a cambio de romper esa colaboración.

Es precisamente ahora, cuando quedan pocos días para conocer la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso mascarillas, cuando la Justicia confirma las maniobras del PSOE para impedir que aflore la verdad a cambio de pactos oscuros con la Fiscalía u ofertas económicas. Desde hace año y medio, este periódico ha confirmado estas maniobras gracias a las declaraciones de hasta cinco empresarios distintos de la trama del petróleo, entre ellos Carmen Pano y José Luis Caramés.

El coste que han pagado por rechazar esas ofertas es demasiado alto en lo personal; pero el que pagaríamos todos los españoles si Aldama, Pano o Caramés hubieran decidido aceptar el pacto sería inasumible. Está en juego conocer la verdad, imprescindible para que se haga justicia. O reforzamos el papel de los colaboradores con la Justicia prestigiando la figura del ‘pentito’ en los delitos relacionados con la corrupción, o la próxima vez será difícil que no acepten el chantaje del poder. O Aldama recibe el atenuante muy cualificado en la sentencia del Tribunal Supremo, o mucho me temo que en las próximas y más relevantes causas (obra pública, SEPI, financiación irregular e hidrocarburos), quizá las compras de voluntades tengan éxito.

De la misma manera que en la Constitución no estaba prevista la aplicación de una amnistía, el Estado no estaba preparado para este nivel de corrupción: que fuera el partido que sostiene al Gobierno quien costeara operaciones de sobornos para atacar a las más altas instancias del Estado por investigar la verdad. Y es el Estado el que debe defenderse protegiendo a quienes se arriesgan para que la verdad salga a la luz.