Aldama afirma al juez que Zapatero usaba teléfonos seguros como los de la trama Koldo

Víctor de Aldama señala a José Luis Rodríguez Zapatero. El empresario ha explicado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que el expresidente del Gobierno utilizaba teléfonos seguros como los que usaba la trama Koldo. Fuentes presentes en el interrogatorio afirman a THE OBJECTIVE que el comisionista ha relatado que el antiguo asesor recibía los terminales del comandante de la Guardia Civil investigado Rubén Villalba y que los distribuía a José Luis Ábalos y a su hijo Víctor y al propio Zapatero. Durante su declaración ha negado que alguien del Gobierno balear que presidía Francina Armengol hubiese cobrado mordidas por las mascarillas, aunque sí ha apuntado contra el ministro Ángel Víctor Torres.

Aldama ha declarado durante más de una hora. El comisionista fue citado a declarar en la Audiencia Nacional a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de material sanitario adjudicados por Baleares y Canarias. La cita estaba prevista el pasado 14 de mayo, pero fue pospuesta para este jueves. Quien sí acudió ese día fue Koldo García, pero se negó a declarar.

Los investigadores consideran a Villalba el encargado de proveer a la trama Koldo de canales de comunicación seguros. Por esa tarea habría recibido 88.000 euros. El guardia civil investigado ayudo a que los miembros de la red se comunicaran de forma segura, no solo con él, también con otros miembros de la presunta organización delictiva. Los teléfonos utilizados tenían un coste que rondaba los 200 euros, recarga incluida. La UCO ya advirtió en octubre de 2024 que Ábalos disponía de uno de esos terminales.

Los teléfonos de Zapatero

El asesor de Ábalos llegó a pedir a Villalba que averiguara si el móvil del exministro estaba pinchado. La misma solicitud que hizo sobre el teléfono del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Aldama no ha explicado cómo sabía que Zapatero disponía de teléfonos desechables similares a los de la trama de las mascarillas ni cómo le llegó la información de que era el guardia civil investigado quien se los proporcionaba a través de Koldo García. Las partes tampoco le han preguntado por ello, por lo que el asunto no ha quedado claro.

El empresario ha reiterado que realizaba pagos de 10.000 euros mensuales a Koldo García, que fue asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes. Estos no se circunscribían únicamente a los contratos de mascarillas, sino que también respondían a los presuntos amaños de obra pública. Aldama ha desvinculado a Armengol, expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, y a su equipo de las mordidas asegurando que «no me consta» que las reclamaran. En cambio, ha señalado que Torres sí pidió dinero.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó las declaraciones de Koldo García y Aldama tras el último informe de la UCO sobre Baleares. La intención era seguir ahondando en las relaciones existentes entre los miembros de la presunta organización criminal. El Gobierno de Armengol adquirió al inicio de la pandemia 1,4 millones de mascarillas a Soluciones de Gestión. Se pagaron 3,7 millones de euros, aunque los cubrebocas jamás llegaron a utilizarse y quedaron almacenados como stock de seguridad.

Se entregaron en abril de 2020, pero posteriormente se certificó que no cumplían con los estándares de ese modelo concreto, por lo que serían defectuosos a efectos técnicos. Armengol, supuestamente, derivó la gestión al entonces director del Instituto Balear de la Salud (Ibsalud), Manuel Palomino, que escribió a Koldo García para interesarse por las mascarillas que este habría ofrecido a la presidenta. Canarias también adquirió mascarillas a la empresa representada por Aldama.

Koldo no declaró

El Gobierno de Torres pagó 6,87 millones de euros por 2,7 millones de mascarillas a Soluciones de Gestión durante la pandemia. La empresa recibió dos encargos para proveer hospitales de las islas de tapabocas tipo FFP2 o K95. El precio inicial de la primera oferta era muy superior al que se terminó pagando. Como la calidad era inferior de la acordada, el Servicio Canario de Salud (SCS) renegoció la cantidad logrando disminuir el importe.

La UCO sospecha que estos contratos constituyen «parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo» que Aldama habría pagado a Koldo García entre 2019 y 2022, «en una suerte de nómina que permitía la petición de favores». Los investigadores insisten en que el vínculo se mantuvo hasta ocho meses después de que Ábalos fuera cesado del Ministerio de Transportes en julio de 2021, por lo que «este patrón» de pagos no se ceñiría «a actuaciones concretas» sino «al aseguramiento de su capacidad de influencia» para obtener «un lucro económico».

Aldama estaba citado para el 14 de mayo junto con Koldo García, ambos en calidad de investigados, pero el juez trasladó la declaración del comisionista a esta semana. El asesor se acogió a su derecho a no declarar. Su abogada, Leticia de la Hoz, presentó un recurso para archivar la investigación de las mascarillas en Baleares y Canarias y suspender el interrogatorio al entender que los hechos por los que se le iba a interrogar ya han sido juzgados en el Tribunal Supremo.

La abogada de Koldo García, que permanece en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre, invoca el principio legal «non bis in idem», que establece que no se puede juzgar dos veces a una misma persona por los mismos hechos. La letrada considera que la adquisición de mascarillas fue objeto de prueba en el juicio porque solicitaron y se produjo la declaración (por escrito) de Armengol y Torres. El magistrado Ismael Moreno mantiene abierta varias líneas de investigación, como los presuntos amaños de obra pública a cambio de mordidas y los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para devolver gastos anticipados, una pieza que continúa bajo secreto de sumario.