El PSOE ofreció un pacto con la Fiscalía al confidente de Bonilla a cambio de incriminarle
Los socialistas enviaron a un emisario, el letrado Christian Mesía Figueroa, para transmitir su oferta a José Luis Caramés
Ilustración de Alejandra Svriz.
Ocurrió el 9 de enero de 2025: el primer confidente del caso Koldo, José Luis Caramés, recuperó el contacto después de tres años y medio sin hablar con quien fuera su contacto, el capitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla, a quien había dado información puntualmente desde 2016. Tres meses después de revelarle las maniobras de José Luis Ábalos y Koldo García para canalizar una comisión millonaria a Panamá, la Guardia Civil detuvo a la fuente en el marco de una operación de hidrocarburos, paralizando su colaboración. El confidente se molestó con Bonilla por considerar que le había traicionado al no avisarle de que le estaban investigando. Según se recoge en el libro Todos los hombres de Sánchez (Editorial Deusto), el 9 de enero de 2025, Caramés recibió la visita del abogado Christian Mesía Figueroa, quien le trasladó una oferta del PSOE, con quien mantenía contacto a través de dos despachos de abogados cercanos.
Según confirma el propio Caramés a THE OBJECTIVE, el emisario socialista le trasladó la siguiente oferta: la posibilidad de pactar con la Fiscalía sobre su imputación en el caso Gaslow, investigada por Santiago Pedraz en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. La oferta, sin embargo, estaba sujeta a una condición: tendría que incriminar al excapitán de la UCO Juan Vicente Bonilla de haber fabricado informes contra el PSOE por intereses políticos espurios y animadversión manifiesta.
La operación consistía en señalar a Bonilla como una pieza central en el entramado de una supuesta «UCO patriótica» que pudiera servir para encontrar los errores procesales para anular la causa del caso Koldo, antes de la aparición de los informes de la UCO sobre Santos Cerdán, que incriminaban al segundo secretario de Organización del PSOE y en el que afloraron los audios y grabaciones con los repartos de comisiones por los presuntos amaños de obra pública. Como confirma Caramés a este periódico, el exconfidente de la Benemérita rechazó la oferta, descolgó el teléfono y avisó a Juan Vicente Bonilla, con quien no hablaba desde su detención en julio del 2021, tres meses después de descubrir la operativa criminal del ministro y su asesor, como revelan los mensajes a los que tuvo acceso este periódico hace más de un año.
Las otras ofertas del PSOE
Un mes después de esta conversación, en febrero de 2025, Leire Díez se reunió con el empresario de los hidrocarburos, Alejandro Hamlyn, a quien ofreció un acuerdo con la Fiscalía a cambio de información sobre el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, y el capitán Bonilla. «Aquí hay varios sujetos que interesan: Balas, Bonilla… Hablamos de tres o cuatro personas [como] máximo». En esa reunión también estaba presente el letrado Jacobo Teijelo, quien asumió en esas fechas la defensa del también excapitán de la UCO, Juan Sánchez Yepes —acusado de cobrar 132.000 euros en criptomonedas del líder de la trama de hidrocarburos, Claudio Rivas, en el caso Gaslow, así como 94.000 euros en una tarjeta prepago, a cambio de información confidencial sobre las pesquisas de la policía judicial—. La defensa de Yepes ante su imputación —cuyas pruebas constaban en un informe de Asuntos Internos que obra en poder del juez Pedraz— consistió en presentar una denuncia contra Bonilla y otros tres compañeros, acusándoles de fabricar pruebas y cobrar mordidas, lo que en último término perseguía la nulidad del proceso, especialidad en la que destaca el letrado Teijelo.
Por esas mismas fechas, el 21 de febrero de 2025, un despacho próximo al PSOE —IDBO, situado en Serrano 32, Madrid, y representado por la letrada Leticia de la Hoz, a cargo de la defensa de Koldo García y su hermano Joseba— ofreció a Carmen Pano, la empresaria que confesó a este periódico haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE, un soborno de 50.000 euros por rectificar su testimonio ante el Tribunal Supremo. La oferta era ampliable hasta 200.000 euros e, incluso, el pago de la boda de su hija Leonor a cambio de «[dejar] al margen al PSOE y no [mencionar] a Santos Cerdán».
El bulo de la «bomba lapa»
También fue entonces cuando surgió el bulo de la bomba lapa, en mayo de 2025, contra el capitán Bonilla. Ante el rechazo de su fuente de participar en la tergiversación de sus conversaciones, varios medios de comunicación, con especial intensidad en El Plural, publicaron una noticia falsa en la que se atribuía a un capitán de la Guardia Civil el deseo de ponerle «una bomba lapa» en los bajos del coche al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Para darle credibilidad, manipularon el hecho de que el excapitán de la UCO había solicitado una excedencia en octubre de 2023 y fichado como gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), dependiente del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, tras 17 años destinado en el servicio de Fuentes de la UCO. No solo eso, vincularon la interposición de la querella del Gobierno madrileño por las mascarillas a una supuesta filtración del guardia civil, pese a que la querella de la Comunidad de Madrid por el caso mascarillas se interpuso un año y ocho meses antes de que Bonilla abandonara el cuerpo de élite de la Benemérita e iniciara su andadura en el Sermas.
Un nuevo intento del PSOE de utilizarlo como prueba fehaciente de una supuesta causa de contaminación procesal, en busca de la nulidad del proceso. Había pasado un año desde que se iniciara la ofensiva del Gobierno contra los jueces, las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación, en mayo de 2024, cuando Santos Cerdán reunió a Leire Díez y Antonio Hernando en una reunión en Ferraz que dio el pistoletazo de salida a un intento por encapsular la investigación contra el Gobierno y el PSOE. La misma encomienda que el secretario de Organización del PSOE había recibido tres años antes, en noviembre de 2021, cuando ejerció de emisario de Sánchez para filtrar información sensible a THE OBJECTIVE de José Luis Ábalos sobre la prostitución y ocultar la trama de corrupción. Una operación de control de daños que al tiempo instigaba una cacería contra los investigadores, ya fuera contra un medio de comunicación como THE OBJECTIVE o contra agentes de la Guardia Civil como el capitán Bonilla o el teniente coronel Antonio Balas. Porque las confesiones del confidente Caramés al capitán Bonilla se produjeron tres meses antes de la destitución fulminante de Ábalos, y según confirma el primero a este periódico, «los informes han sido destruidos».