¿Dónde están los informes del capitán Bonilla y su confidente?

El 5 de abril de 2021, el capitán de la UCO Juan Vicente Bonilla, adscrito al departamento de fuentes de la UCO, recibió un mensaje importante de su confidente, el empresario José Luis Caramés, para hablar de un asunto «delicadísimo» que no se podía abordar por teléfono. Las conversaciones desveladas en exclusiva por THE OBJECTIVE hace un año constituyen un hito en la investigación y las revelaciones del primer confidente del caso Koldo quedaron plasmadas en varios informes de la Guardia Civil sobre las andanzas de José Luis Ábalos y Koldo García, tres meses antes de la fulminante destitución de José Luis Ábalos por parte de Pedro Sánchez.

El pantallazo que ilustra esta columna se enmarca en un contexto muy concreto: pocos días antes, El Mundo había revelado que Correos —entonces dirigida por el primer jefe de gabinete de Sánchez, Juanma Serrano— había adjudicado un contrato de 1,8 millones de euros a Sortis, la tecnológica presidida por Israel Pilar. El dinero había acabado en la filial de Sortis en Panamá, un paraíso fiscal. Como se desvela en Todos los hombres de Sánchez (Editorial Deusto), varios empresarios relacionados con la trama revelan una operativa diseñada por el llamado «grupo acelerador» para cobrar una comisión en el rescate de Plus Ultra, cuyo destino último era Panamá. A finales de 2025, Víctor de Aldama desveló a Iker Jiménez en Horizonte que Zapatero había cobrado 10 millones de euros en Panamá por ese rescate. El 20% de los 53 millones de euros concedidos a la aerolínea a través de la SEPI.

Tras esa primera conversación sobre el caso Koldo, Caramés se reunió en persona con Bonilla en el hotel Ibis Madrid Barajas para darle información que tenía sobre una «estructura paralela al Gobierno», dirigida en la sombra por Ábalos en determinados negocios. Tres meses antes del cese de Ábalos, Caramés le explicó al capitán de la UCO que la trama pretendía comprarle un chalé al entonces ministro de Transportes a cambio de la licencia para Villafuel. A partir de entonces, el agente y su fuente empezaron a mantener conversaciones semanales, por norma general en ese hotel de Madrid, aunque cambiaban de ubicación. Fruto de sus encuentros, el capitán de la unidad elaboró varios informes y documentos que hibernaron en un cajón durante tres años, aunque algún mando del Instituto Armado primero y del Gobierno después tuvieron acceso a ellos. Apenas unos meses después de sus confidencias sobre la trama Koldo, en octubre de 2021, miembros del Gobierno y del PSOE revelaron la existencia de un demoledor dosier sobre José Luis Ábalos, aunque negaron que procediera del CNI.

Caramés, confidente de la UCO

José Luis Caramés estaba fichado como colaborador en los registros de la Guardia Civil y sus revelaciones fueron clave para desmantelar una red de estafas en la Agencia Tributaria gallega. Se detuvo al topo de la Benemérita en julio de 2021 por su presunta implicación en una trama de fraude de hidrocarburos en la empresa Gaslow, cerrando el grifo de información tres meses después de abrirse. Durante los cuatro años siguientes a su detención, Caramés no volvió a hablar con el capitán de la UCO, convencido de que lo había traicionado al no avisarlo de que lo iban a detener en su domicilio. Bonilla no estaba al corriente de la operación.

Después de 17 años trabajando en el servicio de fuentes de la UCO, Juan Vicente Bonilla solicitó una excedencia en octubre de 2023, dos años y medio después de las primeras revelaciones de su confidente. Fichó como gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), dependiente del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El PSOE y el Gobierno aprovecharon la coyuntura para simular un perfil partidista de Juan Vicente Bonilla. La imagen retratada no se corresponde con los hechos: la primera denuncia por el caso mascarillas —que detonaría la investigación de la Fiscalía Anticorrupción— llegó en febrero de 2022, mientras que la denuncia interpuesta por Ayuso lo hizo en marzo del mismo año, un año y ocho meses antes de que Bonilla iniciara su andadura en el Sermas.

¿Dónde están los informes de la UCO?

En mayo de 2025 —un año después del comienzo de la ofensiva del Gobierno contra los jueces, las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación—, los estrategas de Moncloa filtraron a sus medios afines el bulo de la bomba lapa, una burda manipulación de los 6.318 mensajes intercambiados entre el capitán Bonilla y Caramés en casi cuatro años de confidencias. El Plural publicó una noticia falsa en la que atribuía a un capitán de la Guardia Civil el deseo de ponerle «una bomba lapa» en los bajos del coche al presidente del Gobierno. Al ver la noticia, la autora de esta pieza no dio crédito y, con acceso a todos los mensajes entre agente y confidente, se puso manos a la obra. Previa autorización de los afectados, THE OBJECTIVE destapó el bulo después de que el propio Gobierno lo hubiera difundido durante dos días a través de la televisión pública y el resto de sus terminales mediáticas.

El contexto en el que pretendían atribuir a Bonilla el deseo de atentar contra el presidente del Gobierno no es casual: se dio semanas antes de que saliera a la luz el informe de Santos Cerdán que, según el Gobierno, no existía. El documento acabaría confirmando su condición de testaferro de Ábalos, revelación anticipada un trimestre antes por uno de los empresarios con los que conversamos en este periódico sobre la existencia de un «grupo acelerador» que cobraba un 20% de comisión para el PSOE a cambio de agilizar contratos de obra pública. Tampoco es casualidad que las conversaciones entre el capitán Bonilla y su confidente acabaran en un juzgado y se filtraran a los medios, pese a tratarse de documentos de carácter reservado. El PSOE intentaba manipular su contenido para forzar la existencia de errores procesales que anularan la causa. Las preguntas que quedan son: ¿Dónde están los informes de la UCO que, tres meses antes de la destitución de Ábalos, constituyeron el germen del caso Koldo y que el PSOE consiguió ocultar durante tres años hasta que estallara en febrero de 2024? Y, ¿por qué la fiscal del caso Gaslow ha rechazado en varias ocasiones la petición de Caramés de certificar su condición de confidente en los ficheros de la Guardia Civil? Y la última, esta retórica: ¿A que ahora se entiende mejor el bulo de la bomba lapa?