La deuda de las renovables para 'dummies': origen, conflicto y embargo de bienes
Las indemnizaciones reconocidas superan los 2.310 millones de euros, incluidos sobrecostes judiciales y financieros
La factura va creciendo cada día. Los intereses de demora, las condenas en costas y los sobrecostes judiciales y financieros amenazan con hacer un agujero a las arcas públicas. Y todo porque el Gobierno se niega a pagar las indemnizaciones que los organismos internacionales de arbitraje han reconocido a favor de las empresas de energías renovables afectadas por la retirada retroactiva de ayudas en 2013. España está obligada a pagar en virtud al Tratado de la Carta de la Energía (TCE), que firmó en 1991, aunque maniobra para impedirlo. La deuda alcanza ya los 2.310 millones de euros, pero el pulso amaga con seguir, lo que puede desembocar en embargos de activos españoles en el extranjero. Este es el origen y la situación del conflicto.
El origen
El origen del conflicto se remonta a 2007, cuando el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un ambicioso plan de ayudas para atraer una inversión en las energías renovables cercana a los 30.000 millones de euros. Seis años más tarde, Mariano Rajoy eliminó las primas de forma retroactiva por la crisis económica.
La respuesta de las renovables
Para paliar las pérdidas, las empresas afectadas acudieron a los tribunales internacionales de arbitraje para solicitar indemnizaciones. Llevaron sus quejas al Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Reclamaron compensaciones que alcanzaban los 10.000 millones de euros, pero muchas de ellas fueron desestimadas. El órgano adscrito al Banco Mundial ha dado la razón a las renovables en 27 de los 52 casos, aunque aún quedan varias demandas por resolver. Las reparaciones reconocidas superan los 2.310 millones de euros.
El coste de la deuda
A la deuda de 1.800 millones de euros reconocida por los tribunales internacionales de arbitraje hay que añadir otros 522 millones en concepto de intereses de demora, condenas en costas y honorarios de abogados y consultores. Eso significa que el conflicto le cuesta a España 207.000 euros más cada día. O bien 8.632 euros por hora, o 144 euros por minuto. Y la factura sigue creciendo.
La decisión del Gobierno
El Gobierno lleva años defendiendo que el derecho comunitario no permite el pago de indemnizaciones decretadas en los organismos internacionales de arbitraje. Los afectados sostienen que los laudos emitidos a su favor tienen plena cobertura legal bajo el paraguas del Tratado de la Carta de la Energía, que España firmó en 1991. España formalizó su salida en abril de 2024 con la excusa de alinear la política energética con el Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París. De esa manera evita nuevas demandas internacionales por la supresión de primas a las renovables.
Tribunales ordinarios
Las empresas afectadas siguen sin recibir un solo euro. Ante semejante panorama, acudieron a tribunales ordinarios en distintos países, como Reino Unido, Bélgica, Australia, Estados Unidos, Países Bajos y Singapur, donde les han dado la razón. En caso de que España no repare a estas compañías, los jueces han autorizado el embargo de activos españoles en esos territorios para paliar la deuda.
Luz verde a los emabargos
El primer país que dio luz verde a embargar bienes españoles en su territorio fue Reino Unido en abril de 2023. La Corte Suprema aceptó entonces confiscar la sede del Instituto Cervantes en Londres, sus cuentas bancarias, la embajada comercial de Cataluña y el Instituto Vicente Cañada Blanch en caso de que España siga sin hacer frente a la deuda.
El ejemplo británico
A los tribunales británicos les siguieron Australia, donde los embargos superan los 100 millones; Singapur, donde puede alcanzar los 300 millones, y Países Bajos, donde corre riesgo la sede del Cervantes de Utrecht. Bélgica ya ha embargado 840 millones. El dinero incautado afecta a los pagos que recibe mensualmente España por parte de Eurocontrol por la gestión del tráfico aéreo.
La guerra con EEUU
Desde el pasado verano, la Corte de Distrito de Columbia ha infligido siete reveses judiciales a España por los impagos a las renovables. En total, casi 700 millones de euros. Eso ha llevado a los perjudicados a activar una estrategia de localización y embargo de bienes en Estados Unidos que podría afectar a obras de arte, edificios propiedad del Estado o productos financieros. Pero también están en peligro un contrato de Defensa por valor de 1.445 millones de euros, los patrocinios a la Selección española durante el Mundial de fútbol y los aviones utilizados habitualmente por Pedro Sánchez y la Casa Real para desplazarse. Una eventual presencia de esas aeronaves en suelo estadounidense abriría la puerta a su embargo o inmovilización cautelar.
Al nivel de Venezuela
El Índice de Cumplimiento de Laudos Arbitrales, elaborado por el académico Nikos Lavranos, ha situado a España durante los tres últimos años como el país con mayor número de sentencias de arbitraje pendientes de pago, al mismo nivel que Venezuela y por delante de Rusia. El año pasado, la inversión extranjera en nuestro país se desplomó un 60%. Los expertos lo atribuyen a la inseguridad jurídica que perciben los inversores.
La excepción
El impago de la deuda por las renovables tiene una excepción. El Gobierno pagó íntegramente a mediados del año pasado un laudo dictado en 2021 a favor de JGC Holdings Corporation. La cantidad inicial con la que España debía indemnizar a la compañía japonesa era de 23,5 millones de euros, pero la negativa a abonar la reparación elevó la cifra a los 32 millones. La acción desató la euforia de los afectados, que lo vieron como un punto de inflexión que ponía fin a varios años de bloqueo. Sin embargo, el Ejecutivo de Sánchez sigue empeñado en mantener su batalla.