Los impagos a las renovables comprometen la compra de misiles Patriot en Estados Unidos
Los afectados estudian el embargo de un contrato del Gobierno de Sánchez que supera los 1.445 millones de euros
Ilustración de Alejandra Svriz.
La gran compra de material de defensa en Estados Unidos está en peligro. Los perjudicados por el impago de las indemnizaciones reconocidas por los organismos internacionales tras la retirada retroactiva de ayudas a las energías renovables estudian fórmulas para cobrarlas. La Corte del Distrito de Columbia ha aceptado el embargo de bienes españoles para paliar los daños, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez se niega a hacer frente a las reparaciones. Entre otras medidas, los afectados se plantean bloquear la adquisición de cuatro sistemas de misiles Patriot fabricados por RTX-Raytheon. El contrato alcanza los 1.445 millones de euros, el mayor pedido de este tipo realizado en la historia de nuestro país.
Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE señalan que los perjudicados por los impagos de las renovables estudian solicitar el embargo de la compra de Patriot para cobrar las indemnizaciones. Los tribunales de Estados Unidos han admitido incautaciones cercanas a los 700 millones de euros. Desde el pasado verano, la Corte de Distrito de Columbia ha infligido siete reveses judiciales a España: los casos Watkins (93 millones), Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), Infrared (35 millones), NextEra (290,6 millones), 9Ren Holding (44 millones) y Cube (40,2 millones).
Los acreedores han iniciado la localización de activos, incluyendo la emisión de notificaciones judiciales a entidades financieras, empresas y terceros con relaciones económicas con España. Entre los bienes embargables se encuentran cuentas bancarias, obras de arte, las sedes del Instituto Cervantes y otros inmuebles propiedad del Estado. Incluso han formulado requerimientos a sociedades involucradas en la participación del Mundial de Fútbol de 2026.
Activos en Estados Unidos
Las embajadas y consulados no pueden confiscarse para satisfacer las compensaciones a las renovables. Los afectados estudian otras fórmulas alternativas, como la incautación del Falcon que usan el Gobierno y la Familia Real o cobrarse la deuda con un pedido de sistemas de defensa a una empresa estadounidense.
En el radar de los inversores se encuentra un contrato de 1.445 millones para la adquisición de cuatro sistemas Patriot que llegaría a España en 2030. El sistema está diseñado para detectar, rastrear e interceptar aeronaves, misiles balísticos y otras amenazas aéreas. Según ha podido saber este diario, el contrato con RTX-Raytheon prevé la participación de empresas españolas como Sener, encargada de fabricar componentes electromecánicos para los misiles.
Las fórmulas para bloquear la operación de los Patriot son diversas, y van desde intervenir posibles pagos adelantados a dificultar la ejecución del acuerdo mediante actuaciones sobre transacciones financieras vinculadas al contrato. La estrategia está siendo coordinada por el bufete King & Spalding.
Los acreedores consideran que los pagos, depósitos, garantías o transferencias vinculadas a esta operación podrían quedar sujetos a procedimientos de discovery en Estados Unidos (localización de activos), especialmente si la operativa financiera se desarrolla a través del sistema bancario norteamericano o de entidades sometidas a jurisdicción federal.
Deuda de 2.310 millones
Muchas empresas de energías renovables invirtieron en nuestro país cuando José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un plan de ayudas en 2007 para atraer una inversión cercana a los 30.000 millones de euros. Seis años más tarde, Mariano Rajoy las eliminó de forma retroactiva por la crisis económica. Para paliar las pérdidas, las empresas afectadas comenzaron a solicitar indemnizaciones. Llevaron sus quejas al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, que ya ha dado la razón a 27 de los 52 demandantes.
Las indemnizaciones reconocidas superan los 2.310 millones, incluidos sobrecostes judiciales y financieros. Las compañías afectadas siguen sin recibir un solo euro. España se niega a pagar cualquier compensación pese a estar obligada por un tratado que firmó hace tres décadas. La Abogacía del Estado considera que los laudos del Ciadi son contrarios al derecho comunitario. Ante semejante panorama, los perjudicados optaron por acudir a los tribunales ordinarios.
No solo la Corte del Distrito de Columbia ha reconocido indemnizaciones cercanas a los 700 millones. Los procedimientos pueden extenderse a otros puntos del país norteamericano. Los tribunales de Reino Unido (pionero), Bélgica, Australia, Países Bajos y Singapur también han dado luz verde a embargar activos españoles en esos territorios para contrarrestar los impagos a las renovables.