Forestalia y el negocio de las licencias: solo ha construido el 7% de los proyectos tramitados
La empresa de Samper se hizo con un importante paquete de megavatios en las subastas de renovables de 2016 y 2017
El propietario de Forestalia, Fernando Samper. | Ilustración de Alejandra Svriz
El negocio eran las licencias, no los parques eólicos. Forestalia arrasó en la subasta de renovables de 2017 al quedarse 1.200 de los 3.000 megavatios (MW) en liza, el 40% del total. Un año antes ya se había hecho con un importante paquete en la primera puja celebrada en España desde la moratoria verde. La Administración General del Estado (AGE) ha tramitado 307 proyectos de la empresa de Samper desde 2020, pero ha caducado la tramitación de 268 (el 87%). El Gobierno admite en una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE que la energética aragonesa solo ha construido el 7% de los proyectos.
Las cifras no cuadran. Expertos del sector señalan a este diario que el exiguo número de proyectos construidos choca con las ambiciones del gigante energético, especialmente tras el número de expedientes iniciados. La Guardia Civil indaga si Forestalia trató de especular con la venta de derechos eléctricos, un servicio esencial. Los agentes investigan delitos contra el orden económico, motivo por el que solicitaron a finales del año pasado documentación al Ministerio de Transición Ecológica.
El departamento que lidera Sara Aagesen ha tramitado más de 275 plantas eólicas y solares, dos tercios de los proyectos impulsados por Forestalia. Todas ellas, por encima de los 50 MW, ya que en España todo proyecto que supere esa potencia debe tramitarlo Transición Ecológica. La mayoría de ellos se gestionaron durante la etapa de Teresa Ribera, actual vicepresidenta de la Comisión Europea.
La recompensa de Forestalia
El Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción número 1 de Teruel investiga si Transición Ecológica amañó licencias a favor de Forestalia. La Unidad Central Operativa de Medioambiente (Ucoma) apunta a Eugenio Domínguez, subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental con Ribera. El ex alto cargo fue detenido en marzo por, presuntamente, facilitar las declaraciones de impacto a favor de la empresa de Samper. Los técnicos del ministerio le acusan de crear «un sistema de tramitación paralelo».
Los funcionarios señalan que Domínguez se asignaba a sí mismo los proyectos de Forestalia, lo que califican como «extraordinario». Denuncian que el exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental se encargaba de recibir la documentación, que no registraba en los canales oficiales para mantener el control sobre ellos y que derivaba los expedientes a la empresa pública Tragsatec para que fuesen evaluados bajo su supervisión directa. Los investigadores sostienen que la empresa le recompensó con 5,2 millones de euros a través de la consultora de su esposa.
Fuentes del sector explican a este diario que las declaraciones de impacto solo eran una parte del negocio. Sin ellas, Forestalia no podía vender los proyectos a otras empresas para que instalaran aerogeneradores o placas solares. La empresa de Samper, que acaba de dejar la presidenta del gigante energético, había conseguido el primer hito de su negocio años antes con la adjudicación de una importante partida de megavatios en las subastas de renovables.
Forestalia consiguió hacerse en mayo de 2017 con 1.200 de los 3.000 MW en liza, el 40% del total. Superó a grandes eléctricas como Gas Natural Fenosa, que se quedó con 600, y Green Power España, la filial verde de Endesa, que recibió algo más de 500 MW. Por detrás, Siemens Gamesa (206) y Norvento (128). Iberdrola, la primera empresa española en energía eólica, se quedó fuera del reparto.
Subasta de renovables
Las puertas al negocio de las licencias se abrieron para Forestalia un año antes, durante la primera subasta de energía eólica celebrada en España desde la moratoria verde. La puja se cerró sin que ninguna de las tres grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) consiguiera ser adjudicataria, a pesar de asignarse 10.000 MW. Un 10% de esa potencia se asignó en Aragón, buena parte a la empresa de Samper.
Como rezaba el spot publicitario de una conocida marca de neumáticos que protagonizó el atleta Carl Lewis, «la potencia sin control no sirve de nada». Los investigadores sospechan que Forestalia se afanó para encontrar recovecos en Transición Ecológica y Aragón para conseguir las licencias y declaraciones de impacto que, de otra forma, se le habrían resistido. Incluso llegó a tener en nómina a una decena de políticos.
Uno de los casos más singulares es el megaproyecto eólico del Clúster del Maestrazgo, autorizado en julio de 2024 por vía excepcional del Consejo de Ministros pese a contar con un informe ambiental en contra de la Comunidad Valenciana. Meses más tarde, Forestalia vendió el proyecto al fondo de inversión danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) por 500 millones de euros. La intención era comenzar las obras el pasado marzo, pero la Guardia Civil y la Fiscalía solicitaron al juez Juan José Cortés paralizarlas de forma cautelar.
El Clúster del Maestrazgo se extiende por las provincias de Teruel y Castellón. Forestalia comenzó el proyecto a principios de 2021 con una inversión prevista de 800 millones de euros y la creación de al menos 2.500 puestos de trabajo. La iniciativa incluye 20 parques eólicos con un total de 122 aerogeneradores de más de 200 metros de altura. De ellos, 84 se sitúan en la Red Natura 2000, creada para proteger la biodiversidad en ciertas áreas, y varias decenas dentro de una Zona de Sensibilidad Ambiental Máxima.