La 'guerra' llega a los tribunales: Estados Unidos avala los embargos a España por las renovables
Una juez niega el intento del Gobierno de bloquear el acceso a la información de bienes para reparar los impagos
Donald Trump y Pedro Sánchez. | Ilustración de Alejandra Svriz
Nuevo varapalo a España por su política con las renovables. La Corte del Distrito de Columbia tumba el intento del Gobierno de Pedro Sánchez de bloquear el acceso a la información de sus activos en Estados Unidos para impedir los embargos con los que debe resarcir a las empresas afectadas por la retirada de ayudas a esas energías alternativas. El tribunal ha admitido incautaciones cercanas a los 700 millones de euros. En una resolución a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la juez Beryl Howell extiende las medidas a todo el territorio norteamericano y afirma que España ha tenido «un tiempo razonable» para satisfacer las sentencias condenatorias por el impago de los laudos impuestos por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
La Corte de Columbia rechazó el pasado 10 de abril la maniobra del Gobierno para frenar los requerimientos de información de activos españoles. Lo hace en pleno rifirrafe entre Donald Trump y Sánchez por la guerra de Irán. El presidente norteamericano ha amenazado con romper relaciones comerciales con nuestro país por negarse a ceder las bases militares de Rota y Morón. La juez también rechaza parar las notificaciones judiciales remitidas a terceros con los que España mantiene relaciones económicas.
Howell se ha pronunciado en relación al laudo interpuesto por Watkins, que gestiona Blasket Renewable Investments. Inicialmente, el Ciadi, tribunal de arbitraje vinculado al Banco Mundial, reconoció una indemnización de 77 millones de euros, pero la negativa española a pagar ha elevado la cifra a 93 millones al incluirse intereses de demora, condena en costas y otras obligaciones adicionales.
«Un plazo razonable»
La juez concluye que ha transcurrido «un plazo razonable» desde la condena sin que España haya procedido al pago ni haya aportado garantías de hacerlo, lo que habilita a los acreedores a iniciar medidas de embargo sobre activos españoles en territorio estadounidense. La resolución autoriza a los demandantes a registrar la sentencia en cualquier distrito, permitiendo ampliar la ejecución a todo el país, lo que facilita la identificación de activos en múltiples jurisdicciones.
El tribunal respalda el uso de mecanismos de localización de activos, incluyendo la emisión de notificaciones judiciales a entidades financieras, empresas y terceros con relaciones económicas con España. En su resolución, Howell rechaza los argumentos del Gobierno de Sánchez, que sostiene que el derecho de la UE impide pagar los laudos y la existencia esos recursos.
Los afectados consideran que la decisión de Howell supone «un paso decisivo» en la fase de ejecución internacional de los laudos de las renovables, ya que permite a los acreedores avanzar desde la identificación de activos hacia su eventual embargo y realización efectiva para el cobro de las indemnizaciones reconocidas judicialmente.
La propia Howell confirmó en septiembre del año pasado la sanción de 77 millones de euros que impuso el Ciadi a España en 2014 para paliar la retirada de ayudas a las energías renovables de forma retroactiva. Además, obligó al Gobierno a abonar otros 2,5 millones por intereses de demora, costes de arbitrajes y honorarios de abogados. Los afectados sostienen que la demora ha aumentado la deuda a los 93 millones.
2.300 millones en indemnizaciones
Desde el pasado verano, la Corte de Distrito de Columbia ha infligido siete reveses judiciales a España. Al caso Watkins se suman los de Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), Infrared (35 millones), NextEra (290,6 millones) y 9Ren Holding (44 millones). Todas esas firmas decidieron invertir en nuestro país después de que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero pusiera en marcha un plan de ayudas a las empresas que eliminó seis años después de forma retroactiva Mariano Rajoy.
Para paliar sus pérdidas, las empresas afectadas comenzaron a solicitar indemnizaciones. Llevaron sus quejas al Ciadi, que hasta ahora ha dado la razón a 27 de los 52 demandantes. Las indemnizaciones reconocidas superan los 2.300 millones de euros, incluidos sobrecostes judiciales y financieros. Sin embargo, las compañías afectadas siguen sin recibir un solo euro. España se niega a pagar cualquier compensación a pesar de estar obligada por un tratado que firmó hace tres décadas, al considerar que los laudos son contrarios al Derecho comunitario.
Muchas de las empresas que sufrieron la retirada de ayudas a las renovables optaron por acudir a los tribunales ordinarios. Reino Unido, Bélgica, Australia y Estados Unidos han abierto la puerta a embargar activos españoles en esos territorios para contrarrestar los impagos. Tras las resoluciones emitidas por la Corte de Columbia, los acreedores solicitaron autorización judicial para registrarlos en otros distritos federales, entre ellos el Distrito Sur de Nueva York, donde consideran que podrían existir activos susceptibles de embargo.
Estas actuaciones buscan identificar relaciones contractuales, flujos de pago, cuentas bancarias y otros activos situados bajo jurisdicción estadounidense que podrían ser objeto de embargo. Los requerimientos se han dirigido a instituciones financieras, empresas participadas por España, entes públicos de nuestro país con implantación en Estados Unidos o incluso sociedades involucradas en la participación del Mundial de Fútbol de 2026.
España quería impedir que los afectados por la retirada de primas a las renovables tuvieran acceso a la información sobre los activos de nuestro país en Estados Unidos. Como avanzó este diario hace dos años, las compañías han localizado activos por valor de 5.000 millones de euros. En la lista existen inmuebles de entes públicos como el Instituto Cervantes, obras de arte, cuentas corrientes y otros productos financieros, ya que la normativa impide embargar aquellos edificios que albergan embajadas y consulados.