Sánchez dinamita la custodia compartida

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido meter la mano en uno de los pocos ámbitos donde todavía quedaba algo parecido al sentido común: la custodia compartida. ¿Y con qué herramienta? Con la palabra fetiche del sanchismo: «indicios». No pruebas. No hechos. Indicios. Es decir, humo con rango de ley.

La jugada es de manual. Donde antes había un criterio, la custodia compartida como punto de partida razonable, ahora colocan una sospecha permanente. Basta con que alguien alegue «indicios» de que puede haber un perjuicio psicológico para el menor y adiós muy buenas. Se acabó la preferencia. Se acabó la estabilidad. Se abre la veda de la arbitrariedad.

Porque esa es la clave: arbitrariedad.

¿Qué demonios es un «indicio»? ¿Una corazonada? ¿Un enfado convertido en argumento jurídico? ¿La palabra de uno contra el otro con barniz psicológico? Cuando la ley se redacta así, no protege al débil: empodera al que mejor sabe jugar con la ambigüedad. Y en los divorcios, ya sabemos lo que eso significa: más conflicto, más denuncias cruzadas, más guerra.

El patrón ya lo conocemos. Primero se tensiona el conflicto. Luego se amplifica. Y finalmente aparece el Gobierno como el supuesto árbitro de un problema que él mismo ha contribuido a agravar. El viejo truco del bombero pirómano.

Pero hay más. El Gobierno quiere, además, expulsar del procedimiento cualquier referencia al llamado síndrome de alienación parental, cuestión discutida, sí, pero no inexistente. El problema es que aquí el rigor brilla por su ausencia. Porque mientras se prohíben ciertos argumentos, se abre la puerta de par en par a otros mucho más vagos. Es el doble rasero de siempre: lo que no encaja en el relato se elimina; lo que lo favorece se amplía.

Traducción directa: si un padre sostiene que la madre está utilizando a los hijos, influyendo en ellos, deteriorando su relación… ese argumento no vale para defender la custodia compartida. Está fuera.

«El sanchismo no gobierna la realidad, la reescribe. El resultado no es más justicia, sino más confusión»

Pero si se alega lo contrario, que la custodia compartida puede perjudicar emocionalmente al menor, entonces sí. Entonces entran en juego los famosos «indicios».

Mismo problema. Distinto filtro. Resultado previsible. Más poder para decidir. Más poder para interpretar. Más poder para entrar en la intimidad de las familias con la excusa de protegerlas.

El viejo truco de te cuido, luego te controlo. Un paseo en chanclas por el Código Civil.

La clave está en esa palabra fetiche: «interés superior del menor». Nadie en su sano juicio discute el principio. Pero en manos de este Ejecutivo se ha convertido en un comodín, en una especie de navaja suiza ideológica que sirve para todo. Hoy es la custodia; mañana serán las conversaciones en el bar de la esquina; pasado mañana, quién sabe, quizá hasta la sobremesa del domingo.

Porque cuando todo es «interés superior», nada lo es de verdad. Es el equivalente jurídico a decir «Por tu bien». Y ya sabemos cómo termina siempre esa frase en la historia: mal.

Más aún. Se elimina la edad mínima para escuchar al menor. Suena bien. Democrático. Tierno. Pero plantea preguntas incómodas: ¿qué capacidad real tiene un niño de seis años o menos para expresar una voluntad libre en medio de un conflicto familiar? ¿Quién interpreta esa voz? ¿Quién la filtra? ¿Quién garantiza que no está condicionada en medio de una batalla familiar?

El Gobierno, claro. Porque esto no va solo de derecho de familia. Va de política. Y de una forma muy concreta de hacer política.

El sanchismo no gobierna la realidad, la reescribe. No gestiona los problemas, los redefine y y luego legisla en consecuencia. El resultado no es más justicia, sino más confusión. No es más protección, sino más inseguridad.

«Lo que se está haciendo es muy simple: sustituir criterios objetivos por percepciones subjetivas»

Porque al final, lo que se está haciendo es muy simple: sustituir criterios objetivos por percepciones subjetivas. Y cuando el derecho entra en ese terreno, el ciudadano sale perdiendo.

Especialmente el menor, al que dicen proteger.

España no necesita esto. Las familias no necesitan esto. Pero el Gobierno sí: otra reforma más para demostrar que puede rehacer la realidad a su antojo, aunque sea a costa de dejar a miles de padres, madres e hijos en manos de un concepto tan etéreo como peligroso.

Los «indicios».

La ley del indicio. O lo que es lo mismo: la ley de la sospecha.