Sí, la culpa es nuestra

El sintagma de la democracia española es «régimen del 78». El término «régimen» dota al complemento (Franco, II República, Restauración…) de dos elementos que le restan prestigio. Por un lado, la palabra se imprime sobre ciertos períodos históricos, lo cual dota a «régimen» de un carácter provisional, pasajero, finito. Pero todo sistema político tiene la pretensión de ser eterno. Esa ficción le otorga prestigio y, por tanto, eficacia. Si lo miramos con ojos de historiador, desarmamos al régimen. Por eso, «régimen-del-78» es sujeto de los predicados más negativos e incluso infamantes.

La expresión contiene además una segunda acusación, más profunda. El término «régimen» tiene una connotación de intereses creados. No puede haber connotación más justa. La política es el juego de utilizar al Estado para redistribuir renta y riqueza de una parte de la sociedad a otra parte de la sociedad, y al propio Estado. En ese juego, los intereses generales, que afectan a una masa desorganizada, salen perdiendo. Los costes de la política recaen sobre el común de forma diluida, y no llaman a la acción. Los grupos especiales se organizan porque los beneficios que obtienen de su acción política están concentrados sobre ellos. Por eso el Estado responde a una colección de grupos parasitarios.

Por eso, los enemigos de la democracia española actual hablan de ella en términos de régimen. Y, ciertamente, nuestro régimen, que lo es, tiene graves defectos. El principal de ellos es el papel que le otorga a los partidos. No tenemos una democracia; aquí el pueblo no tiene prácticamente nada que decir. Lo único que podemos hacer es decidir por dónde se cortan las listas de candidatos que nos proponen los partidos. Por eso los representantes no nos deben su puesto, y no sienten que nos deben su puesto. No nos lo deben. Miran al líder de su partido, y con razón.

Los votantes elegimos qué camarilla de dirigentes políticos controlará el Estado, y por esa vía a nosotros mismos. Aquí se agota el carácter democrático de nuestra Carta Magna. Sus redactores convirtieron a los partidos políticos en los vehículos de los anhelos de la sociedad, porque veníamos de una dictadura que, claro, no les otorgó ni poder ni función alguna.

Nuestra Constitución tiene una doble naturaleza. Tiene elementos de una verdadera Constitución: un texto que se limita a identificar el reparto de los poderes y sus funciones, con su juego de contrapesos (división de poderes) que es la espuma de una ola tiempo ha muerta en la orilla del mundo contemporáneo, y que se llamaba «constitución mixta». Pero también tiene elementos de un programa político de amplio espectro, con sus promesas de provisión de vivienda, protección social y económica, y demás. La Constitución, más los automatismos del proceso electoral, han fomentado que los políticos nos cubran de promesas que, en última instancia, pagamos nosotros.

«Hemos replicado a nivel regional las instituciones del Estado central, multiplicando por 17 las posibilidades de corrupción»

El texto ha hecho rematadamente mal una buena idea. En contra de lo que dice Vox, lo que necesitamos no es una mayor centralización, sino todo lo contrario. Cuanto más limitado sea el ámbito de decisión de los políticos, mejor. En lugar de tener un modelo educativo para todos, elegido por pedagogos, políticos y demás rehala, mejor sería que hubiera varios modelos que pudieran elegir cada comunidad autónoma, o mejor: cada Ayuntamiento, y mejor aún, cada colegio. Hay que bajar el nivel de gestión de los llamados bienes públicos en lo posible. Así, todos nos beneficiamos de la virtuosa combinación entre la experimentación y la competencia.

Pero nos hemos quedado a medias. Hemos replicado a nivel regional las instituciones del Estado central, multiplicando por 17 las posibilidades de corrupción, y creando nuevas clases políticas con un discurso localista o separatista, y destructor de toda identidad común. Hemos convertido en «pueblos» a áreas de la sociedad española que no tienen entidad de sujeto político, solo porque les hemos concedido una importancia a los Parlamentos autonómicos que nunca debieron tener.

Y así podríamos seguir desgranando, uno por uno, todos los pecados del régimen del 78. Y sin embargo… Sin embargo, hasta que no cambiemos los españoles de manera fundamental, ese régimen, o esta Constitución, es lo mejor que tenemos.

No hace falta que haga una relación exhaustiva de nuestros males. Tenemos un Estado monstruoso, al que hemos entregado el pobre crecimiento económico que hemos acumulado en estas décadas. Tenemos a una banda que ocupa el Gobierno, y para la que no hay delito que le sea ajeno. Tenemos unas instituciones falibles, que han respondido solo a medias al mayor desafío a nuestra democracia y a nuestra continuidad histórica como país.

«Después de Zapatero, ese acuerdo en tolerar al otro se ha arruinado en la izquierda»

Sí, nuestra Constitución ha permitido todo ello. Pero lo relevante es otra cosa: un elemento que no he mencionado, pero que es lo más importante en todo esto: nosotros. Nosotros, o más bien ellos, nuestros padres y abuelos, aceptaron que tener un futuro común pasaba porque los españoles de todas las ideologías pudiésemos participar del proceso político. Mejor es un combate en las urnas que en las trincheras. Y se acepta mejor una hegemonía pasajera que otra que tenga voluntad de destino en lo universal.

Un cierto espíritu de tolerancia, incluso de concordia, ha permitido la alternancia y una cierta paz civil, con la excepción de ETA y sus recogenueces. Mentiríamos si dijéramos que la izquierda ha acabado por aceptar la tolerancia. La practicó, nunca del todo, pero sin asumirla. Esa tolerancia con la tolerancia es lo que permitió que se impusiera una Constitución hasta cierto punto liberal.

Después de José Luis Rodríguez Zapatero, ese acuerdo en tolerar al otro se ha arruinado en la izquierda. Sólo una mitad de la población tolera a la otra media, y cada vez menos. Por eso nos enfrentamos a un peligro existencial como comunidad política. Por cierto, que a ese Zapatero sectario, populista y revanchista lo apoyaron, sin reservas, los principales órganos mediáticos de la izquierda. Todos.

Ese sectarismo que se extiende por la sociedad española es lo que permite el latrocinio desaforado asumido por los que rodean a Sánchez. Roban, sí, pero al menos no son los otros. Y con este argumento, el sectarismo ampara el expolio de lo público, la degradación de las instituciones, de la Corona abajo, y la negación de la nación española.

Así que no se trata de la Constitución, sino de la sociedad española. Sí, la culpa es nuestra. Robo el título del libro de Benito Arruñada, porque aquí sigue siendo cierto.