Justicia poética

Aunque hay casi una decena de libros intitulados Justicia poética, el más leído e influyente de todos ellos es el firmado por Martha Nussbaum, laureada filósofa norteamericana. En él defiende la necesidad de que en las democracias existan lo que llama jueces literarios, y lo hace a partir de su experiencia como lectora de Walt Whitman, autor de un Canto a la Democracia, pero también de la Teoría de los sentimientos morales de Adam Smith y las enseñanzas de Aristóteles. Según ella, un juicio flexible y contextual, no limitado a la aplicación de principios abstractos, no es una concesión a lo irracional, sino la más cabal expresión de lo políticamente racional.  Sin imaginación moral, la justicia se volvería injusta.

Mi relación personal con los tribunales ha sido fundamentalmente la de un reo. Durante la Transición democrática padecí una recurrente persecución del entonces fiscal general del Estado, franquista recalcitrante, y de otras instancias que me llevaron a declarar decenas de veces ante los jueces. Fui procesado en cinco ocasiones, sometido a diligencias previas de un consejo de guerra que nunca se celebró, y condenado por el Tribunal Supremo a varios meses de cárcel por un editorial de El País. Amén de que me aplicaron la ley antiterrorista y media docena de guardias armados revolvieron mi hogar buscando indicios sobre el paradero del presidente del Consejo de Estado secuestrado por los Grapo. De modo que la referencia a los jueces literarios, cuando supe de ella, me pareció sumamente interesante y elogiable en beneficio de la administración de justicia y de los derechos de los ciudadanos.

Me vienen a la mente estas reflexiones ante la noticia de que la nueva fiscal general del Estado demanda ahora un indulto para su anterior titular, condenado en firme por el Tribunal Supremo tras cometer un delito de revelación de secretos. Y pienso también en el extraordinario protagonismo de los tribunales en relación con la actualidad política: imputados por varios delitos la esposa y el hermano del presidente del Gobierno; imputados, y en algún caso ya juzgados y en prisión, dos secretarios de Organización del partido sanchista; amnistiados los golpistas del independentismo catalán; y acusado de escandalosa corrupción quien fuera ministro de Hacienda del Gobierno Rajoy.

Somos conocedores de una reciente saga de latrocinios protagonizados por los partidos políticos centrales y muchos de sus eventuales socios o aliados. Y debemos hacer frente a una corrupción sistémica de la que es víctima el propio respeto a la Constitución, cuyo tribunal de garantías ha asumido de facto, contra todo buen criterio jurisprudencial, las funciones de una cuarta sala de apelación. Para no hablar de otras decisiones impulsadas por el actual desgobierno monclovita que concede libertades y permisos penitenciarios a quienes utilizaron el asesinato, la extorsión y el robo como medios de alcanzar sus propósitos políticos. Vulneran así los derechos de las víctimas y la memoria de quienes lucharon y murieron por la democracia.

Los partidos políticos son esenciales para el funcionamiento del sistema democrático, pero la reiterada relación con el crimen de algunos de sus dirigentes, al margen de sus ideologías y en ocasiones claramente contrarias a ellas, exige no solo reformas legales e institucionales. Es preciso antes que nada su recuperación de la conciencia moral, amén de la excelencia profesional que debemos exigirles. El deterioro de la clase política en su conjunto, no solo la española, también la de gran parte de las democracias occidentales, constituye hoy la mayor amenaza al ejercicio de nuestras libertades. Y ese deterioro, al margen las payasadas de unos y la afectación de una injustificable trascendencia de otros, afecta antes que nada a la conciencia moral de los gobernantes. Algo exigible también al Ministerio Fiscal, garante de la legalidad, que Álvaro García Ortiz vulneró.

«Esta es una democracia donde no se respeta la independencia de los poderes y se combate la libertad de expresión»

Su comportamiento durante la temporada previa a la celebración del juicio que lo condenó fue sencillamente execrable. No tuvo la decencia de dimitir cuando fue imputado, compareció en la vista todavía en desempeño de su autoridad sobre la Fiscalía, y defendido por la abogacía del Estado. De modo que el juicio mismo se convirtió en una reclamación de un ciudadano libre frente al abuso de poder de aquel de quien dependía la Fiscalía misma, y dependiente él a su vez del presidente del Gobierno, según este aclaró en público. El nombramiento de la nueva fiscal general, sus posteriores decisiones, una vez que el anterior fue condenado, corroboran esa doctrina. Los jueces castigaron el delito con severa prudencia. Pero no hay Gobierno en el mundo que pueda exonerar las vergüenzas de la inmoralidad.

Las amenazas a la democracia, allí donde sobrevive, no han cesado de crecer en lo que va de siglo. Son fruto sobre todo de un cambio civilizatorio todavía en sus inicios y un crecimiento demográfico que ha potenciado hasta el extremo las desigualdades sociales y la inutilidad de las antiguas recetas para combatirlas. Pero un peligro creciente es también el abuso de un poder elegido en las urnas cuyas decisiones conducen paulatinamente al establecimiento de una democracia iliberal. Esta es una democracia cada vez menos democrática, donde no se respeta la independencia de los poderes y se combate la libertad de expresión.

El sanchismo constituye una amenaza real a los fundamentos democráticos. Su decisión de gobernar sin el Parlamento, hecha pública por el propio presidente; su pacto con el independentismo irredento y golpista, con el que comparte el poder allí donde puede y al que remunera ostensiblemente a cambio de su apoyo; su pretensión de penetrar y controlar las instituciones; su silencio y falta de transparencia sobre los manejos de su familia política; las fundadas acusaciones contra su esposa, cuya desmemoria le lleva a olvidar que escribió al Gobierno de su marido cartas de recomendación en favor de un empresario favorecido así con concesiones públicas; y sus probados intentos de pucherazo en las elecciones a la Secretaría General de su partido, son muestras del desprecio moral y la falta de empatía de Pedro Enamorado con la sociedad a la que debería servir en vez de explotar.

Este no es, sin embargo, un debate entre buenos y malos. El populismo, la ignorancia, la obediencia al jefe, que califica de bulos los delitos que los suyos cometen, y la remuneración ostensible de los servicios prestados constituyen una enfermedad letal para la democracia, y se ha contagiado también al ejercicio del periodismo profesional. El debate político, la búsqueda de consensos y la oferta de alternativas se han convertido en un verdadero descalabro intelectual, una lucha cainita de un puñado de ignorantes egoístas. Y muchos ciudadanos de las nuevas generaciones, sin vivienda y sin trabajo, comienzan a suscribir la máxima de Goethe: prefieren la injusticia al desorden. Cuando este es precisamente el fruto principal de la propia injusticia.

«Recuperar la dignidad es la primera asignatura a aprobar por nuestra comunidad política»

En tales circunstancias, urge solicitar que, además de los jueces literarios, sensibles a la condición moral de su tarea además de a la justa interpretación de las leyes, tengamos también políticos sabedores de que no hay democracia, ni libertad y justicia, al margen del sentimiento moral que hoy se desprecia. Su imagen más reciente es la ausencia del Gobierno en el funeral de los guardias civiles muertos en acto de servicio en Huelva. Otra cosa hubiera sido si se tratara de un festival cinematográfico o los premios de un diario.

Frente a la partidocracia rampante, solo los tribunales independientes, y la conciencia moral del periodismo libre, no contaminado ni sectario, son la única defensa eficaz de los derechos de la ciudadanía. Recuperar la dignidad es la primera asignatura a aprobar por nuestra comunidad política. Defendamos la independencia de la justicia y de los jueces a quienes persiguen y ofenden los desvaríos del poder constituido. Luchemos contra el contagio de la desinformación y los bulos financiados con dinero público. Solo la independencia judicial y la libertad de expresión nos protegen ya del desorden y los estragos causados por tanto desgobierno.