Reino Unido autoriza el embargo de un instituto español en Londres por el impago de los laudos
La Corte Suprema británica ya dio luz verde en abril a confiscar otros inmuebles, como la sede del Instituto Cervantes
El Instituto Vicente Cañada de Londres. | Google Maps
La Justicia del Reino Unido ha autorizado el embargo del edificio situado en los números 317-318 de la calle Portobello Road, en Londres. Se trata de la sede del Instituto Vicente Cañada Blanch, una institución educativa que pertenece a España. La resolución es fruto de los impagos por las primas a las empresas de energías renovables. Concretamente, por el laudo que afecta a Antin Infrastructure Partners, que obliga al Estado a pagarle 121 millones de euros en concepto de indemnización. La Corte Suprema británica ya dio luz verde en abril a confiscar otros inmuebles, como la sede del Instituto Cervantes.
La sentencia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, está fechada el 2 de agosto. La Justicia británica rechazó la semana pasada una nueva apelación contra la resolución, que obliga a España a indemnizar con 121 millones a Antin, aunque el fondo francés ya ha vendido su arbitraje a Centerbrigde. El juez Peter Fraser confirmaba así la decisión que ya tomó a finales de mayo, cuando declinó una petición similar.
El centro educativo, situado en el barrio de Kensington, es un antiguo convento dominico con capacidad para 550 alumnos. Lleva el nombre del empresario que realizó una importante dotación económica en los setenta para atender a los hijos de los inmigrantes españoles. Sus estudiantes siguen el plan de estudios español desde la etapa primaria hasta el bachillerato, aunque también se usa como sede de la UNED. Los expertos estiman que el inmueble puede estar valorado en varios millones de euros que paliarían la deuda que tiene España por estos laudos.
Otros embargos contra España
Los litigios comenzaron con el plan de apoyo a la producción eléctrica procedente de fuentes renovables que aprobó el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Seis años más tarde, el Gobierno de Mariano Rajoy modificó ese régimen perjudicando a las empresas que habían comenzado a recibir las ayudas, ya que la normativa tenía carácter retroactivo.
España acumuló 51 procedimientos en instancias internacionales. Una veintena de los resueltos hasta la fecha han sido favorables a las empresas. Las indemnizaciones reconocidas superan los 1.200 millones de euros. Entre ellos, los 121 que el Estado adeuda a Antin, según un laudo resuelto en 2018 por el Ciadi, una institución dependiente del Banco Mundial que se encarga de dirimir estos pleitos.
El incumplimiento sistemático de esas resoluciones llevó a varias compañías a elevar sus casos a los tribunales ordinarios. La Corte Suprema del Reino Unido aceptó por primera vez en abril confiscar bienes españoles en ese país para satisfacer los pagos. La resolución incluía el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Londres, sus cuentas bancarias y la sede de la embajada comercial de Cataluña. Desde entonces, los activos españoles en el extranjero son susceptibles a embargos.
«Este último paso de mis clientes para ejecutar su sentencia contra los bienes de España solo es necesario porque el país deudor se niega a cumplir la sentencia en su contra. La orden de embargo del tribunal inglés daría derecho a mis clientes a vender el terreno que alberga la escuela, no la escuela en sí. Esta orden no debería afectar a las actividades cotidianas realizadas en dicha propiedad», explica Nick Cherryman, socio del bufete neoyorquino Kobre & Kim LLP y abogado de las empresas afectadas.
La sentencia del TJUE
Para no pagar, España se aferra a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que data de septiembre de 2021. Los servicios jurídicos del Estado consideran que el fallo, que limita los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria, crea jurisprudencia.
La Comisión Europea considera ilegales los laudos que son resultado de acuerdos arbitrales entre países miembros por ser contrarios al derecho comunitario y aboga por resolverlos en sus tribunales en lugar del Ciadi. Para ello ya ha solicitado formalmente abandonar el Tratado de la Carta de la Energía, que obliga a los firmantes a garantizar las inversiones extranjeras.
El posible embargo del Instituto Vicente Cañada Blanch no es el primero que amenaza a España. La Justicia británica ya autorizó en abril, de forma cautelar, la posibilidad de confiscar la sede londinense del Instituto Cervantes, su cuenta bancaria y el edificio de la embajada de Cataluña. Una semana más tarde, Australia emitió una sentencia que abría la puerta a medidas similares. Se espera que en los próximos meses se anuncien los primeros embargos que afectarán a bienes españoles en el país oceánico.
El fondo Blasket, titular del caso Infrared, también activó una cláusula que declaró en default técnico cuatro bonos de deuda soberana española valorados en 1.000 millones por los laudos impagados. La financiación del Tesoro se ha encarecido un 15% en los dos meses transcurridos desde entonces, precisan fuentes del caso a este diario.
