Los afectados por las primas de las renovables reclaman el embargo del Falcon de Sánchez

Los perjudicados por la retirada de ayudas a las renovables pueden marcar un gol en el Mundial de fútbol. Los tribunales de Estados Unidos han admitido embargos cercanos a los 700 millones de euros, ya que el Gobierno se niega a pagar las indemnizaciones reconocidas por los organismos internacionales. Para cobrarlas, los acreedores rastrean activos españoles en el país norteamericano. Han puesto sus ojos en proveedores y patrocinadores de la Selección española en el torneo que comienza el próximo 11 de junio. Los afectados adelantan que, si Pedro Sánchez acude al evento, reclamarán el embargo del Falcon, el tipo de avión que utilizan los ministros y Casa Real para sus viajes.

El rechazo del Gobierno a abonar los laudos reconocidos por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) tras la retirada de primas a las energías renovables hizo que las empresas afectadas llevaran los impagos a los tribunales ordinarios. Desde el pasado verano, la Corte de Distrito de Columbia (Estados Unidos) ha infligido siete reveses judiciales a España: los casos Watkins (93 millones), Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), Infrared (35 millones), NextEra (290,6 millones), 9Ren Holding (44 millones) y Cube (40,2 millones).

El abogado Matthew McGill, socio del bufete King & Spalding, principal representante legal de buena parte de los inversores afectados por el impago de las renovables, señala que los acreedores consideran que la negativa de España a ejecutar los laudos les obliga a desplegar una estrategia internacional de localización y embargo de bienes.

Los impagos de Sánchez

La Corte del Distrito de Columbia ya autorizó actuaciones en distintas regiones de Estados Unidos y permitió reclamar información financiera y contractual vinculada a España. Los activos embargables que más llaman la atención son aquellos que utilizan las autoridades españolas para sus desplazamientos oficiales en territorio norteamericano, que podrían quedar potencialmente sujetos a actuaciones judiciales.

Entre los ejemplos que menciona McGill se encuentran los Falcon que emplean habitualmente los miembros del Gobierno y la Casa Real. El abogado subraya que una eventual presencia de una de esas aeronaves en suelo estadounidense podría abrir la puerta a solicitudes judiciales de embargo o inmovilización cautelar. Los perjudicados señalan a THE OBJECTIVE que reclamarán su confiscación si tienen la oportunidad. Y esta podría llegar pronto, con el Mundial de Fútbol de 2026 que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.

Los aviones Falcon pertenecen al Ala 45 del Ejército del Aire, la encargada del transporte de autoridades dentro y fuera de España. Tiene su sede en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). La unidad está integrada por cinco aviones Dassault Falcon 900B y dos aviones Airbus A310. Este último modelo, de mayor alcance y envergadura, suele ser el avión de los viajes internacionales del Rey o del presidente del Gobierno, aunque también puede ser utilizado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, o el titular de Exteriores, José Manuel Albares.

Este diario ha venido informando regularmente de la actividad de estos aviones que usan el Gobierno y la Casa Real. Por ejemplo, de los 59 vuelos de estas aeronaves de España a la República Dominicana desde el 1 de marzo de 2021. Para los regresos, también se utilizó como escala la isla caribeña, lo que supone 118 aterrizajes. La isla se ha convertido en el país fuera de la UE, exceptuando Estados Unidos, en el que más veces han aterrizado los Falcon y Airbus oficiales. En el mismo periodo, han viajado al país norteamericano en 61 ocasiones.

Los misiles Patriot

Los afectados por las renovables no solo han puesto sus ojos en los Falcon, ya que han iniciado una intensa localización de activos en Estados Unidos. La búsqueda incluye la emisión de notificaciones judiciales a entidades financieras, empresas y terceros con relaciones económicas con España. Entre los bienes embargables se encuentran cuentas bancarias, obras de arte, las sedes del Instituto Cervantes y otros inmuebles propiedad del Estado.

Otra de las posibilidades que sopesan los acreedores para cobrar las indemnizaciones por las renovables es bloquear la adquisición de cuatro misiles Patriot fabricados por RTX-Raytheon. Este sistema de defensa está diseñado para detectar, rastrear e interceptar aeronaves, misiles balísticos y otras amenazas aéreas. El contrato alcanza los 1.445 millones de euros y la entrega está prevista para 2030. Las fórmulas que estudian pasan por intervenir posibles pagos adelantados o dificultar la ejecución del acuerdo mediante actuaciones sobre transacciones financieras vinculadas al contrato.

El origen de la deuda se remonta a 2007, cuando José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un plan de ayudas para atraer una inversión cercana a los 30.000 millones de euros. Seis años más tarde, Mariano Rajoy las eliminó de forma retroactiva por la crisis económica. Para paliar las pérdidas, las empresas afectadas comenzaron a solicitar indemnizaciones. Llevaron sus quejas al Ciadi, vinculado al Banco Mundial, que ya ha dado la razón a 27 de los 52 demandantes. 

Las indemnizaciones reconocidas superan los 2.310 millones, incluidos sobrecostes judiciales y financieros. Las compañías afectadas siguen sin recibir un solo euro. España se niega a pagar cualquier compensación pese a estar obligada por un tratado que firmó hace tres décadas. Ante semejante panorama, los perjudicados optaron por acudir a los tribunales ordinarios. En Reino Unido, Bélgica, Australia, Países Bajos y Singapur ya han dado luz verde a embargar activos españoles para contrarrestar los impagos a las renovables.