El juez del 'caso Forestalia' pide los expedientes que salpican a un alto cargo de Teresa Ribera
Reclama a Transición Ecológica los procesos completos al considerar que existen «indicios racionales» de prevaricación
Teresa Ribera y el ex alto cargo detenido Eugenio Domínguez. | Ilustración de Alejandra Svriz
El juez del caso Forestalia acelera la investigación. El titular del Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción número 1 de Teruel, Juan José Cortés, ha solicitado al Ministerio de Transición Ecológica que aporte los expedientes administrativos de los procedimientos de evaluación ambiental de los clústeres de La Eliana, Begas y Maestrazgo, el mayor proyecto eólico de España. El magistrado reclama la tramitación completa al considerar que existen «indicios racionales» de delitos de prevaricación. Los informes de la Guardia Civil han puesto bajo sospecha las autorizaciones que otorgaba a los proyectos de la empresa de Fernando Samper el subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental en la etapa de Teresa Ribera.
En un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el juez considera la diligencia que solicitó el Gobierno de Aragón como «procedente». El escrito que firmó Cortés el pasado 9 de mayo señala que los hechos investigados sobre los proyectos de Forestalia pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación, por lo que «es razonable tener incorporada en la propia causa la tramitación completa y resoluciones que se han dictado en cada uno de esos expedientes administrativos para poder valorar con plenitud de conocimiento todas las vicisitudes seguidas».
La Unidad Central Operativa de Medioambiente (Ucoma) de la Guardia Civil señala que Eugenio Domínguez puso la alfombra roja a Forestalia en el Ministerio de Transición Ecológica. Los agentes destacan que el subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental con Ribera ideó «un sistema de tramitación paralelo» para beneficiar sus proyectos. El juez reclama el expediente completo de los clústeres de La Eliana (18 centrales eólicas y tres fotovoltaicas), Begas (19 parques eólicos) y Maestrazgo (20 centrales eólicas).
«Un sistema de tramitación paralelo»
Los atestados en poder de este diario apuntan a una operativa «anómala» por la que se asignaba la totalidad de los expedientes de Forestalia, que le habría pagado 5,2 millones de euros como «contraprestación» por aprobar las licencias medioambientales. Funcionarios del departamento que ahora lidera Sara Aagesen relataron a la Ucoma que Domínguez se asignaba a sí mismo los proyectos de la empresa de Samper, una práctica que califican como «extraordinaria».
Le acusan de haber creado un «sistema de tramitación paralelo» derivando los expedientes a la empresa pública Tragsatec para que pudiera supervisarlos de forma directa. Domínguez fue detenido el pasado marzo, presuntamente por amañar permisos a favor del gigante energético aragonés. «Los informes llegaban al subdirector (de Calidad y Evaluación Ambiental) ya redactados para su firma», denuncian varios funcionarios del departamento que dirigió Ribera hasta noviembre de 2024.
Estos empleados públicos describen a los agentes una práctica recurrente: era Domínguez quien recibía personalmente la documentación de los proyectos de Forestalia a través de memorias USB. Los investigadores señalan que esa práctica suponía «una ruptura deliberada de la cadena de custodia administrativa». La documentación se incorporaba a la plataforma Sabia sin pasar por el registro de Transición Ecológica, lo que impedía la trazabilidad de su entrada y eludía el control interno.
Forestalia desarrolló un modelo de negocio que iba más allá de la construcción y explotación de parques eólicos. La empresa se aseguró cientos de millones de euros vendiendo los derechos de explotación de los molinos eólicos cuyas licencias parecía tener aseguradas. Una vez que conseguía todos los permisos medioambientales, el grupo revendía sus derechos a otra gran empresa del sector. Los permisos procedían del Gobierno de Aragón y del Ejecutivo nacional, encargado de dirimir los proyectos que superan los 50 megavatios.
Las DIA de Forestalia
El procedimiento para obtener la declaración de impacto ambiental (DIA) en proyectos superiores a esa potencia se inicia en Transición Ecológica. Una vez autorizado, el expediente entra en el registro de la Subdirección General de Evaluación Ambiental. Toda la documentación se vuelca en una plataforma de gestión interna denominada Sabia. El caso se asigna a un consejero, responsable de supervisar el proyecto, que a su vez selecciona a un equipo de dos o tres técnicos para que realicen el análisis y la evaluación correspondiente.
La Ucoma revela que Forestalia pagó 5,2 millones a Domínguez a cambio de otorgar autorizaciones ambientales a los proyectos de la empresa de Samper «a sabiendas de que no cumplen con los requisitos legales». La «contraprestación» se habría abonado a través de una empresa en la que ejerce como administradora única su mujer, Estudio de Asesoramiento Dherco. La sociedad se constituyó en junio de 2023, el mismo mes que se jubiló el exdirector de Calidad y Evaluación Ambiental. Sin embargo, el departamento de Ribera le contrató como asesor hasta diciembre.
Los tentáculos de Forestalia alcanzaron al Gobierno de Javier Lambán en Aragón. La Ucoma subraya que el Inaga se «alineó» con los intereses de la empresa de Samper. Los agentes señalan a su exdirector Jesús Lobera como la «figura central» de la «presión» a los funcionarios y el artífice de los cambios de procedimiento. Los investigadores también subrayan el nombre de otro exdirector, Carlos Ontañón, que figura como apoderado de medio centenar de empresas vinculadas al gigante energético aragonés. Además, achacan al exconsejero Joaquín Olona una amenaza de cese a un funcionario.
Como avanza El Periódico de Aragón, el juez Cortés también ha avalado la práctica de unas diligencias contra las que Samper y los hermanos Alberto y Eduardo Pérez Águeda habían presentado un recurso de nulidad. El magistrado había requerido determinada información al Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (Sarga) y a Tragsatec.