Países Bajos embarga la sede del Cervantes en Utrecht por los impagos a las renovables
Un tribunal de La Haya entrega un edificio vinculado al instituto y valorado en 10 millones por la deuda con Toyota
Sede del Instituto Cervantes en Utrecht. | Imagen generada por IA
Varapalo judicial para España en Países Bajos. El Tribunal de Distrito de La Haya autorizó el pasado 19 de marzo el embargo de un edificio vinculado al Instituto Cervantes en Utrecht por el impago de las indemnizaciones reconocidas a las renovables. El inmueble, valorado en unos 10 millones de euros, pasa temporalmente al fondo Blasket Renewable Investments para satisfacer la deuda que nuestro país arrastra por el caso Eurus, filial de Toyota para las energías verdes. Los acreedores estudian una eventual subasta pública de la propiedad. Tribunales de Reino Unido, Bélgica, Australia, Singapur y Estados Unidos ya habían dado luz verde a la confiscación de activos españoles en su territorio para reparar a los afectados por la retirada retroactiva de ayudas públicas.
El embargo fue notificado a España el 20 de abril y se hizo efectivo cuatro días más tarde. En una carta a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los abogados informan al Gobierno de que la incautación se produce en virtud al laudo arbitral del 17 de marzo de 2021, que se convirtió en definitivo año y medio más tarde. Entonces, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) reconoció una deuda cercana a los cien millones de euros después de que Toyota reclamara los perjuicios por la reducción de subvenciones a los productores de energías renovables.
El inmueble vinculado al Instituto Cervantes está ubicado en una zona muy cotizada. Se trata de un edificio histórico de cuatro alturas ubicado en Domplein, uno de los lugares más emblemáticos de Utrecht. Las estimaciones de mercado cifran su valor en 10 millones de euros. La propiedad no constituye un órgano indispensable para la acción diplomática (la normativa impide embargar embajadas y consulados). Se trata de un ente cultural que alberga clases, eventos y conferencias.
Reino Unido, pionero
La carta que ha recibido el Gobierno detalla que el edificio está registrado a nombre del Instituto Español de Emigración, una institución encargada de dirigir la política emigratoria entre 1956 y 1991. «En caso de que el deudor continúe con el impago, el inmueble embargado se venderá en presencia de un notario», insiste el texto. Esta incautación viene precedida de otras que ya autorizaron la justicia de Reino Unido, Australia, Bélgica, Singapur y Estados Unidos.
Un tribunal londinense, pionero hace ahora tres años, embargó la sede del Cervantes en Londres; bloqueó sus cuentas; confiscó el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas; y permitió la incautación de un inmueble de la Generalitat de Cataluña. Lo hizo después de que un fondo vinculado al banco británico HSBC pidiera a nuestro país satisfacer la deuda de 92 millones que reconoció en 2019 el Ciadi, organismo adscrito al Banco Mundial. La justicia de Australia también se inclinó por esa fórmula y ya ha reconocido cuatro denuncias valoradas en 469 millones.
La justicia belga mantiene bloqueados otros 482 millones de euros que debía percibir España a través de Enaire por la gestión del tráfico aéreo. Los tribunales de ese país aceptaron la petición al considerar que el embargo constituye una vía legítima para garantizar la compensación de los afectados por el impago a las renovables. Este proceder también ha llegado a Singapur, cuyo Tribunal Supremo ha reconocido un laudo contra España valorado en más de 100 millones.
Los embargos han cruzado el charco y han supuesto un verdadero dolor de cabeza para España en Estados Unidos. La Corte del Distrito de Columbia han dado la razón a los proveedores de las renovables y admitido incautaciones cercanas a los 700 millones de euros. Al caso Watkins (79 millones) se suman los de Infrastructure Services/Antin (125,1 millones); RREEF (74 millones); Infrared (35 millones); NextEra (290,6 millones) y 9Ren Holding (44 millones).
El Mundial de Fútbol bajo lupa
Los requerimientos en Estados Unidos se han dirigido a instituciones financieras, empresas participadas por España, entes públicos españoles con implantación en aquel país con implantación e incluso sociedades involucradas en la participación del Mundial de Fútbol de 2026. Las firmas perjudicadas decidieron invertir en nuestro país después de que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero pusiera en marcha un plan de ayudas a las empresas que eliminó seis años más tarde de forma retroactiva Mariano Rajoy.
Para paliar las pérdidas, las empresas afectadas comenzaron a solicitar indemnizaciones. Llevaron sus quejas al Ciadi, que ya ha dado la razón a 27 de los 52 demandantes. Las indemnizaciones reconocidas superan los 2.300 millones de euros, incluidos sobrecostes judiciales y financieros. Las compañías afectadas siguen sin recibir un solo euro. España se niega a pagar cualquier compensación pese a estar obligada por un tratado que firmó hace tres décadas al considerar que los laudos son contrarios al Derecho comunitario.