Las renovables cercan al Gobierno: de las primas de Zapatero a los favores a Forestalia
Los expertos recelan de la subasta de la eólica marina que planea Transición Ecológica para atraer 20.000 millones
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y aerogeneradores. | Imagen generada por IA.
Las energías renovables se han convertido en un talón de Aquiles para el Gobierno. Los tribunales de arbitraje internacionales han reconocido indemnizaciones que superan los 2.300 millones de euros por la retirada retroactiva de las primas que ideó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La factura crece cada día y pone en riesgo los bienes españoles en el extranjero por la negativa del Ejecutivo a reparar a las empresas afectadas. El Ministerio de Transición Ecológica planea ahora iniciar la subasta de la eólica marina para atraer inversiones superiores a los 20.000 millones de euros. Lo hace en plena tormenta del caso Forestalia, en el que se investiga, entre otras cosas, los presuntos tratos de favor de altos cargos a la empresa de Fernando Samper.
Zapatero puso en marcha en 2007 un ambicioso programa de ayudas para apoyar la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. La intención del expresidente del Gobierno era atraer una inversión cercana a los 30.000 millones de euros. Seis años más tarde, Mariano Rajoy decidió retirarlas con carácter retroactivo en un contexto de crisis económica y ante la necesidad de controlar el déficit y el recibo de la luz, ya que la producción a través de las renovables elevaba los costes.
La decisión supuso un golpe para las empresas de energías renovables que decidieron invertir en España. Las compañías afectadas acudieron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), donde comenzaron a acumularse los litigios. El organismo de arbitraje vinculado al Banco Mundial ha dado la razón a los inversores en 27 de los 52 procedimientos, aunque aún quedan muchos por resolverse. La deuda supera los 2.300 millones, en los que se incluyen las indemnizaciones reconocidas, los intereses de demora y los gastos de representación procesal.
El Gobierno niega las indemnizaciones
La factura crece cada día porque el Gobierno rechaza afrontar los pagos, como marca el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) que España firmó en diciembre de 1994 y ratificó un año más tarde. La Abogacía del Estado lleva años defendiendo que el derecho comunitario europeo no permite el pago de indemnizaciones decretadas en los arbitrajes internacionales que surgieron tras la retirada retroactiva a las renovables. Los afectados sostienen que los laudos emitidos a su favor tienen plena cobertura legal.
Ese escenario llevó a las renovables hasta los tribunales ordinarios. Reino Unido, Bélgica, Australia y Estados Unidos han abierto la puerta a embargar activos españoles. En la lista de posibles bienes a confiscar se encuentran sedes del Instituto Cervantes, colegios, cuentas bancarias y empresas y edificios públicos. Los consulados y las embajadas no se pueden embargar, ya que gozan de inmunidad diplomática. El Índice de Cumplimiento de Laudos Arbitrales, elaborado por el académico Nikos Lavranos, sitúa a España como el país con mayor número de sentencias de arbitraje pendientes de pago, al mismo nivel que Venezuela y por delante de Rusia.
Lo ocurrido hace que los expertos consultados por THE OBJECTIVE recelen de la subasta de la eólica marina que planea el Gobierno. Consideran que España va a contracorriente de las grandes potencias mundiales y que eso abre un abanico de posibilidades. «Puede suponer una oportunidad de negocio o un auténtico lastre, como las primas que ideó Zapatero para las renovables», advierte un reputado profesional con décadas de experiencia en el sector.
La intención de Transición Ecológica de impulsar esta tecnología llega en plena contraofensiva de la Administración Trump para bloquearla en Estados Unidos. El presidente norteamericano antepone los hidrocarburos. Ese plan ha supuesto frenar varios proyectos, entre los que se encuentran dos de Iberdrola, ambos en Massachusetts. El Departamento de Interior alegó que tomaba esa decisión tras identificar supuestos riesgos para la seguridad nacional.
«Un sistema de tramitación paralelo»
España busca atraer inversores. Ya existen medio centenar de solicitudes para instalar proyectos, aunque algunas comparten emplazamiento. Como avanzó El País, el Gobierno ya ha concedido 147 millones con cargo a los fondos europeos para respaldar al sector. Este teme que la aversión de Trump a la eólica marina contagie a otros países. Pero ese temor no ha frenado las intenciones del Gobierno. La secretaría de Estado de Energía ha efectuado una consulta pública para desarrollar una orden ministerial que establezca el modelo de subasta.
Los informes que maneja la Asociación Empresarial Eólica (AEE) prevén que la apuesta por esta energía renovable incremente un punto el PIB en los próximos años y cree más de 40.000 empleos. Otra de las preocupaciones del sector es que los trámites comiencen en horas bajas para Transición Ecológica, salpicada por las últimas revelaciones del caso Forestalia. Los investigadores consideran que uno de los altos cargos del departamento en la etapa de Teresa Ribera puso la alfombra roja al gigante energético aragonés.
El exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental Eugenio Domínguez habría ideado «un sistema de tramitación paralelo» para beneficiar a Forestalia. La Guardia Civil sostiene que le otorgó «un trato diferenciado y privilegiado», ya que incluso se encargaba de recibir la documentación que no registraba en los canales oficiales del ministerio para mantener el control sobre ellos. La empresa de Samperle habría recompensado con acciones de sus filiales y 5,2 millones de euros a través de una sociedad constituida por su esposa.
Su superior directa, Marta Gómez Palenque, que continúa en el cargo, también se encuentra en el ojo del huracán. La Guardia Civil investiga si la actual directora general de Calidad y Evaluación Ambiental amparó las irregularidades de Forestalia. Domínguez fue su subordinado hasta junio de 2023, cuando se jubiló. A partir de esa fecha, y hasta diciembre de ese año, se convirtió en asesor del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Teruel Existe ha pedido su cese o dimisión al considerarle el responsable último del presunto trato de favor.