El precedente que pone en jaque a Sánchez: Estados Unidos ya embargó aviones de Maduro

Los aviones que usa Pedro Sánchez para sus desplazamientos podrían acabar en manos privadas. Los afectados por la retirada retroactiva de ayudas a las renovables ya rastrean activos para paliar los impagos de las indemnizaciones reconocidas por los organismos internacionales. Los tribunales de Estados Unidos han admitido embargos cercanos a los 700 millones de euros para satisfacer las deudas. Los acreedores han puesto en el punto de mira las aeronaves que utilizan los ministros y la Casa Real, aunque para ello deben pisar suelo norteamericano. La amenaza cuenta con precedentes: en 2020, el Departamento del Tesoro bloqueó 15 aviones de Petróleos de Venezuela (PdVSA) utilizados por el régimen de Nicolás Maduro.

Estados Unidos sancionó al régimen chavista en enero de 2020 con el bloqueo de 15 aeronaves. El Gobierno de Donald Trump explicó que esos aviones de PdVSA, la empresa pública más importante del país, habían sido utilizados para transportar a altos cargos de Maduro en lo que consideraba «una apropiación indebida» de los activos de la petrolera venezolana.

En un comunicado, la Administración Trump señaló que varias de esas aeronaves habían sido «operadas de manera insegura y poco profesional en la proximidad de aeronaves militares estadounidenses mientras se encontraban en el espacio aéreo internacional». En ese momento, la Asamblea Nacional había investido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y el país se encontraba en una auténtica encrucijada.

La lugarteniente de Maduro

El entonces secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo anunció las sanciones a través de X: «Continuamos con nuestros esfuerzos proactivos para apoyar una transición pacífica y democrática en Venezuela. Hoy los Estados Unidos identificaron 15 aviones de PDVSA como propiedad bloqueada. La comunidad internacional debe continuar trabajando unida para restaurar la paz y la prosperidad del pueblo venezolano».

Entre las aeronaves bloqueadas por Estados Unidos se encontraba la que empleó Delcy Rodríguez, entonces número dos de Maduro, para viajar desde Turquía a Caracas tras el polémico viaje a Madrid la madrugada del 20 de enero de 2020. Su destino final era Estambul, pero hizo escala en el aeropuerto de Barajas, donde mantuvo un encuentro con el entonces secretario de Organización y ministro de Transportes José Luis Ábalos. Lo hizo en el interior del avión, ya que las sanciones de la UE le impedían pisar territorio europeo.

En la terminal también se encontraba Víctor de Aldama, que, según los investigadores, fue quien tramitó la invitación a la actual presidenta venezolana. Sobre el avión que empleó Delcy Rodríguez para regresar a Caracas ya existía, por tanto, un embargo de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), un organismo adscrito al Departamento del Tesoro que lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción internacional. Delitos por los que Estados Unidos capturó a Maduro el pasado 3 de enero tras un ataque exprés a Venezuela.

Muchas empresas de energías renovables invirtieron en España cuando José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un plan de ayudas extraordinarias en 2007. La intención era atraer una inversión cercana a los 30.000 millones de euros. Seis años más tarde, Mariano Rajoy las eliminó de forma retroactiva por la crisis económica. Para paliar las pérdidas, las firmas afectadas comenzaron a solicitar indemnizaciones. Llevaron sus quejas al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), adscrito al Banco Mundial, que ya ha dado la razón a 27 de los 52 demandantes. 

Búsqueda de activos

Las indemnizaciones reconocidas superan los 2.310 millones, incluidos sobrecostes judiciales y financieros. Las compañías afectadas siguen sin recibir un solo euro. España se niega a pagar cualquier compensación pese a estar obligada por un tratado que firmó hace tres décadas. Ante semejante panorama, los perjudicados optaron por acudir a los tribunales ordinarios. Reino Unido, Australia, Bélgica, Países Bajos y Singapur han dado luz verde para realizar embargos. También en Estados Unidos, cuyos tribunales han reconocido una deuda de casi 700 millones.

Los acreedores han iniciado la localización de activos, incluyendo la emisión de notificaciones judiciales a entidades financieras, empresas y terceros con relaciones económicas con España. Entre los bienes embargables se encuentran cuentas bancarias, obras de arte, las sedes del Instituto Cervantes y otros inmuebles propiedad del Estado. Incluso han formulado requerimientos a sociedades involucradas en la participación del Mundial de Fútbol de 2026.

El abogado Matthew McGill, socio del bufete King & Spalding, representante legal de buena parte de los inversores afectados por el impago de las renovables, explica que entre esos activos se encuentran los Falcon que emplean habitualmente los miembros del Gobierno y la Casa Real para sus desplazamientos. El letrado subraya que una eventual presencia de una de esas aeronaves en suelo estadounidense podría abrir la puerta a solicitudes judiciales de embargo o inmovilización cautelar.

Otra de las posibilidades que sopesan los perjudicados pasa por bloquear la adquisición de cuatro misiles Patriot fabricados por RTX-Raytheon. Este sistema de defensa está diseñado para detectar, rastrear e interceptar aeronaves, misiles balísticos y otras amenazas aéreas. El contrato alcanza los 1.445 millones de euros y la entrega está prevista para 2030. Estudian intervenir posibles pagos adelantados o dificultar la ejecución del acuerdo mediante actuaciones sobre transacciones financieras vinculadas al contrato.

El Índice de Cumplimiento de Laudos Arbitrales, elaborado por el académico Nikos Lavranos, ha situado a España durante los tres últimos años como el país con mayor número de sentencias de arbitraje pendientes de pago, al mismo nivel que Venezuela y por delante de Rusia. El año pasado, la inversión extranjera captada por nuestro país se desplomó un 60%.