Ribera en aprietos: la Eurocámara pide a la Comisión que revise un proyecto de Forestalia

La Comisión Europea investigará el proyecto estrella de Forestalia. La comisión de peticiones de la Eurocámara ha instado al Ejecutivo comunitario a revisar si el Ministerio de Transición Ecológica incumplió cuatro directivas europeas transpuestas por España durante el mandato de Teresa Ribera en la concesión de licencias a favor del Clúster del Maestrazgo. La denuncia partió hace año y medio de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel y ha sido apoyada por cuatro grupos parlamentarios. Los socialistas rechazaron seguir indagando al considerar que la aplicación del derecho de la UE corresponde a las autoridades nacionales.

Populares europeos (donde se integra el PP), Patriotas (que incluye a Vox), la Izquierda (Podemos) y Los Verdes (Compromís) se mostraron el pasado miércoles a favor de seguir investigando el proyecto estrella de Forestalia. Los dos primeros grupos fueron especialmente duros con Ribera, actual vicepresidenta de la Comisión Europea. La consideran responsable de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) concedidas, ya que habría amparado al subordinado que benefició a la empresa de Fernando Samper a cambio de «contrapartidas».

La decisión de la Eurocámara obliga a la Comisión Europea a profundizar en el análisis del proyecto estrella de Forestalia, recopilar nuevos datos y presentar un informe actualizado a la comisión de peticiones. «No es una investigación formal con poderes coercitivos, pero resultaría raro cerrarla estando por medio Ribera», explican fuentes populares a THE OBJECTIVE.

El subordinado de Ribera

El portavoz de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel, Javier Oquendo, compareció el pasado miércoles ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo para defender una investigación exhaustiva sobre el Clúster del Maestrazgo. La asociación presentó la reclamación en octubre de 2024 al entender que en el megaproyecto de Forestalia se habían incumplido cuatro directivas europeas, permitiendo la fragmentación de proyectos eólicos con una sola evaluación de impacto.

Oqueando explicó en el breve tiempo que le concedió el presidente de la comisión de peticiones, el polaco Bogdan Rzonca, que Transición Ecológica había emitido una sola DIA para varios parques que se proyectan de forma independiente. Muchos de ellos, localizados en la Red Natura 2000, una zona de especial protección creada por la UE para proteger la biodiversidad. El compareciente también señaló incumplimientos en lo relativo a la evaluación de repercusiones y a la conservación de hábitats naturales.

El Clúster del Maestrazgo se extiende por las provincias de Teruel y Castellón. La iniciativa incluye 20 parques eólicos con un total de 125 aerogeneradores de más de 200 metros de altura. De ellos, 85 se sitúan en la Red Natura 2000. Los megaproyectos suman casi 800 megavatios. En España, los permisos de toda instalación que supere los 50 megavatios debe tramitarla Transición Ecológica. Un informe ambiental negativo de la Comunidad Valenciana amenazó el proyecto, pero en este caso, de forma inusual, saltó al Consejo de Ministros, que acabó dándole luz verde en julio de 2023.

Durante la comisión de peticiones del pasado 15 de abril, el eurodiputado del PP Borja Giménez Larraz puso en valor el potencial de las energías renovables para «generar inversión, crecimiento, empleo y oportunidades industriales», pero reclamó que se hiciera con garantías. «No cuestionamos proyectos, sino cómo se han tramitado», insistió el representante popular. Su compañera de partido Elena Nevado subrayó que Forestalia consiguió las licencias «con el aval de Ribera, que era ministra de un ministerio bajo sospecha».

«Un problema estructural»

«La UE debería estar muy vigilante. Hay clara responsabilidad de la actual vicepresidenta de la Comisión Europea. No se puede venir a Europa a eludir responsabilidades», insistió Nevado. En esa misma línea se mostró el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, que señaló a la exministra de Transición Ecológica: «Ella mantuvo en el cargo al presunto culpable de la trama Forestalia».

Nevado también cuestionó la tramitación del proyecto al afirmar que se ha llevado a cabo «bajo una única planificación ambiental que no ha sido absolutamente rigurosa, que se ha aprobado a dedo y que se ha hecho sin control». Insistió en que el asunto sea «examinado con rigor» porque «hay fondos europeos en juego». Los partidos de izquierdas fueron menos duros con Ribera, pero también avalaron continuar investigando los posibles incumplimientos de las directivas europeas en el Clúster del Maestrazgo.

Vicent Marzà Ibáñez, de Compromís, subrayó que no se trataba de un caso aislado y que el incumplimiento de las directivas europeas es «sistemático» en nuestro país. La eurodiputada de Sumar Isabel Serra insistió en esa línea y criticó la existencia de «un problema estructural». La representante del PSOE, Sandra Gómez, afirmó que la demanda era «legítima», pero señaló que la competencia de aplicar el derecho de la UE era de España, por lo que se desmarcó de la petición de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel.

El Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción número 1 de Teruel debate si paralizar de manera cautelar construcción del Clúster del Maestrazgo, cuyos derechos compró el fondo de inversión danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) por un importe que puede alcanzar los 500 millones de euros. Las obras iban a comenzar en marzo, pero de momento siguen varadas.

Tramitación paralela

El juez Juan José Cortés investiga si el departamento que lideró Ribera hasta noviembre de 2024 amañó licencias a favor de Forestalia. La Unidad Central Operativa de Medioambiente (Ucoma) apunta a Eugenio Domínguez, subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental con Ribera. El ex alto cargo fue detenido en marzo por, presuntamente, facilitar las declaraciones de impacto a favor de la empresa de Samper y haber recibido 5,2 millones de euros a través de la consultora de su esposa.

Funcionarios de Transición Ecológica acusan a Domínguez de crear «un sistema de tramitación paralelo». Los técnicos relataron a la Ucoma que el exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental se encargaba de recibir la documentación, que no registraba en los canales oficiales para mantener el control sobre ellos y que derivaba los expedientes a la empresa pública Tragsatec para que fuesen evaluados bajo su supervisión directa.