Ribera creó el canal interno de denuncias tras la jubilación del alto cargo señalado por Forestalia
Domínguez siguió ligado al ministerio hasta enero de 2024 como asesor del secretario de Estado de Medio Ambiente
Teresa Ribera y el ex alto cargo Eugenio Domínguez. | Ilustración de Alejandra Svriz
Cuando Teresa Ribera creó el canal interno de denuncias, el alto cargo señalado por beneficiar a Forestalia ya no estaba allí. El Ministerio de Transición Ecológica puso en marcha el sistema en julio de 2023, solo un mes después de que Eugenio Domínguez se jubilara. A pesar de que tuvo que dejar su puesto como subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental, siguió ligado al departamento hasta enero del año siguiente como asesor del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que acaba de ser nombrado presidente de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
«Desde julio de 2023, el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico cuenta con un canal interno de comunicación de denuncias, creado por resolución de la Subsecretaría de 16 de julio de 2023, para dar cumplimiento a las previsiones de la ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción», responde el Gobierno a una pregunta de varios diputados del PP en el Congreso.
Cuando Transición Ecológica creó el canal interno de denuncias, diversas asociaciones ya habían presentado denuncias en los juzgados por la concesión de licencias y evaluaciones de impacto a favor de Forestalia. En el departamento que entonces lideraba Ribera, en la actualidad vicepresidenta de la Comisión Europea, ya existían quejas sobre la actuación de Domínguez a favor de la empresa de Fernando Samper. La ausencia de un sistema garantista que sí tenían otras administraciones hizo que algunos funcionarios desecharan elevar las protestas que años más tarde relataron a la Guardia Civil.
Los proyectos de Forestalia
La disposición transitoria segunda de la ley 2/2023 obligaba a las Administraciones, organismos y empresas que aún no contaran con un sistema interno de información a crearlo en el plazo máximo de tres meses. El mismo periodo que tenían las entidades para adecuar los sistemas ya existentes. La única excepción era el caso de las entidades jurídicas del sector privado con menos de 249 trabajadores y los municipios que no alcanzaran los 10.000 habitantes, a los que se permitió demorarse hasta el 1 de diciembre de 2023.
La Unidad Central Operativa de Medioambiente (Ucoma) apunta al exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental detenido en marzo por amañar, presuntamente, permisos a favor de Forestalia. Los testimonios de diversos funcionarios del departamento que abandonó Ribera en noviembre de 2024 le acusan de crear «un sistema de tramitación paralelo» para beneficiar los proyectos de la empresa de Samper.
Estos empleados relataron a los agentes que Domínguez acudía «de forma habitual» a la sede de Forestalia en Madrid. Lo hacía «por las tardes, al finalizar su horario laboral». Los funcionarios de Transición Ecológica señalaron a la Guardia Civil que el exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental se asignaba a sí mismo los proyectos de energías renovables de Forestalia, una práctica que calificaron como «extraordinaria». Le acusan de derivar los expedientes a la empresa pública Tragsatec para que fuesen evaluados bajo su supervisión directa.
En la respuesta parlamentaria, el Gobierno reconoce que Transición Ecológica ha tramitado 131 expedientes en Aragón entre 2021 y 2026. De todos ellos, 63 fueron «promovidos por Forestalia o por sociedades vinculadas a dicho grupo». La mayoría de ellos durante el periodo de Domínguez como subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental. La Ucoma sostiene que los expedientes del gigante energético aragonés recibían «un trato diferenciado y privilegiado».
«Contraprestaciones»
En España, todo proyecto que supere los 50 megavatios lo tramita el Ministerio para la Transición Ecológica. Eso empujó a muchas empresas a trocear sus macroproyectos para que sumen el límite exacto que les permite eludir el control. Sin embargo, en el caso de Forestalia, el propio Domínguez se encargaba de recibir la documentación, que no registraba en los canales oficiales, para mantener el control sobre ellos.
Los investigadores sostienen que Forestalia recompensó a Domínguez con 5,2 millones de euros a través de una empresa de su esposa. La Ucoma explica que, para canalizar las «contraprestaciones», el alto cargo del departamento de Ribera se valió de Estudio de Asesoramiento Dherco, una sociedad constituida en julio de 2023, al mismo tiempo que se creó el canal interno de denuncias. La administradora única de la sociedad era su mujer.
Los agentes destacan su «nula actividad comercial» y su objeto social, destinado al diseño y a la decoración de pisos y locales. También incluye la redacción de estudios de impacto ambiental de renovables. «Resulta técnica y lógicamente insostenible, salvo que su función real sea servir de pantalla para canalizar los pagos vinculados a Eugenio Domínguez». A través de esa sociedad, la pareja también se hizo con 509 participaciones de Babieca Investment Renewable en octubre de 2023.
Domínguez, miembro de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, se convirtió en subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental en junio de 2017. La fecha coincide con la etapa final del mandato de Isabel García Tejerina (PP). Ribera lo mantuvo tras ser nombrada ministra un año más tarde. Cesó en su cargo en junio de 2023 al dejar de ser funcionario como consecuencia de su jubilación. Sin embargo, siguió ligada al departamento como asesora de Morán hasta enero del año siguiente.