Moncloa pone al frente de Aemet al cargo de Ribera que debía vigilar a Forestalia

El histórico socialista asturiano Hugo Morán, secretario de Estado de Medioambiente desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, asume a partir de ahora la presidencia de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Su secretaría de Estado es la que coordina las declaraciones de impacto ambiental concedidas —presuntamente a través de comisiones— a la empresa Forestalia. Su movimiento se produce en plena auditoría interna sobre el proceso de concesión de esas licencias, algunas de las cuales facilitaron a la empresa propiedad de la familia Samper pelotazos de hasta 500 millones de euros. Morán adoptó como asesor al alto cargo que había firmado esas licencias a cambio, presuntamente, de algo más de cinco millones de euros.

«Él no era quien firmaba declaraciones, pero sí quien vigilaba a quien lo hacía. Y todo el mundo sabía que había algo raro porque a Forestalia se le decía sí a lo mismo que a otros se les decía no». Así describen funcionarios de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental el movimiento que se ha producido esta semana, de la que depende jerárquicamente el departamento que ahora centra las investigaciones de la Guardia Civil por un presunto delito de cobro de comisiones a cambio de la obtención de licencias medioambientales.

Morán había dirigido esta área en los últimos ocho años y su nombre ya se había puesto en el disparadero. Tanto Vox como Teruel Existe —formaciones que han impulsado la investigación judicial actual— habían pedido su dimisión.

Morán, explican fuentes de su departamento, era el superior directo de Eugenio Domínguez, subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental que ponía su firma a las declaraciones ambientales favorables a Forestalia. Permisos que se daban incluso sabiendo que en la zona donde se iban a instalar los molinos eólicos se estaba procediendo a la suelta de aves en riesgo de extinción como el quebrantahuesos.

Domínguez se jubiló en 2023, pero no dejó el Ministerio: pasó a formar parte de la nómina de asesores a cargo de Morán, que estuvo en su puesto hasta el pasado diciembre —mes en el que se precipitaron las primeras detenciones relacionadas con Forestalia—. Según la investigación, Domínguez y su mujer habrían canalizado a través de varias empresas fantasma el cobro de una comisión de 5,2 millones de euros a cambio de sus gestiones en favor de Forestalia.

Además, tal y como ha podido acreditar TO de fuentes de la investigación, la Guardia Civil también ha puesto su foco en la actual directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Marta Gómez Palenque, superior directa de Domínguez y que reportaba hasta ahora directamente a Morán.

«El tema de las licencias de Forestalia y Domínguez era algo que sabía todo el mundo en la Secretaría de Estado, porque cada expediente que tocaba a Forestalia acababa en la mesa de Domínguez por orden suya. Se le dejaba hacer. A veces tenía él más trabajo sobre su mesa que el resto de funcionarios a su cargo en la Dirección», apuntan las fuentes consultadas, que ponen en duda que Morán «no supiese nada de todo esto».

Hugo Morán será ahora el nuevo presidente de la Aemet, en sustitución de María José Rallo. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica señalan que la nueva atribución de Morán no es incompatible con su puesto como secretario de Estado.

Dimite el presidente de Forestalia

Esta semana, además, Fernando Samper Rivas ha presentado su dimisión como presidente del Grupo Forestalia, esta empresa aragonesa de energías renovables que la Unidad Central Operativa (UCO) vincula a al menos dos tramas de presunta corrupción. Samper había comparecido recientemente en la comisión de investigación del Senado del caso Koldo. En su lugar se ha nombrado a su hijo, Ricardo Samper García, que había ocupado distintos cargos dentro del grupo empresarial y desde marzo pasado era director general.  

El cambio, ha explicado Forestalia en un comunicado, «se enmarca en un protocolo interno elaborado por Cuatrecasas y aprobado por la compañía para separar la propiedad de la gestión y preservar la estabilidad de la actividad ordinaria», en un momento en el que la empresa está en la mira de la Guardia Civil, que investiga los permisos a sus renovables y un préstamo millonario concedido por el Estado.