Iustitia Europa advierte que abrir un expediente a Peinado dañaría la independencia judicial
La organización avisa que el CGPJ carece de competencias para revisar o censurar resoluciones judiciales en curso
Fachada de la Sede del CGPJ, en foto de archivo. | Carlos Luján (EP)
El paritdo polítoco Iustitia Europa, acusación en varias causas de corrupción incluido el ‘caso Begoña’, ha manifestado este domingo «su más enérgica oposición y profunda preocupación» por la posibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abra un expediente disciplinario contra del juez Juan Carlos Peinado, al frente del mismo.
La reacción llega un día después del auto dictado por el magistrado en el que retira el pasaporte a la esposa de Pedro Sánchez aludiendo a la posibilidad de que su propia escolta policial pueda llegar a favorecer una salida de España de la investigada. Una afirmación que ha provocado una fuerte controversia y que ha derivado en diversas peticiones, entre las que destaca la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que el órgano de gobierno de los jueces examine su actuación.
Ante ese escenario, Iustitia Europa ha emitido una nota de prensa en la que denuncia «otra campaña de presiones del poder ejecutivo contra la independencia del poder judicial». Según la organización, la mera posibilidad de que la Comisión Permanente del CGPJ acuerde este lunes la incoación de diligencias informativas o de un expediente disciplinario contra Peinado constituye un motivo de «profunda preocupación» para la independencia judicial. La formación ha advertido de que cualquier actuación disciplinaria basada en el contenido de sus resoluciones supondría una grave injerencia en la independencia judicial.
Iustitia Europa sostiene que el CGPJ carece de competencias para revisar o censurar resoluciones judiciales que todavía se encuentran sometidas al sistema ordinario de recursos. En este sentido, recuerda que la interpretación de las normas y la valoración de las pruebas forman parte de la función jurisdiccional exclusiva de los jueces y tribunales, por lo que cualquier discrepancia con una resolución debe canalizarse a través de las instancias judiciales superiores y no mediante procedimientos disciplinarios.
«Cualquier intento de sancionar a un magistrado por el contenido de sus resoluciones, especialmente cuando estas no son firmes, contraviene el Artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prohíbe a todo órgano, incluido el CGPJ, dictar instrucciones o indicaciones sobre la aplicación del ordenamiento», considera IE en su comunicado.
La nota de prensa también pone el foco en otro aspecto que considera especialmente relevante: la existencia de procedimientos penales relacionados con los mismos hechos. Según Iustitia Europa, el principio de prejudicialidad penal obliga a actuar con especial cautela cuando existen investigaciones judiciales en marcha, evitando cualquier interferencia que pueda afectar al desarrollo de esas actuaciones.
«Estamos ante un asalto al núcleo de la independencia judicial», ha asegurado el presidente de IE. «El mensaje que se pretende enviar [desde el Gobierno] es claro: aquel juez que se atreva a instruir causas que afecten a la cúpula política será perseguido gubernativamente», finaliza el escrito.