Estados Unidos amplía en 41 millones la deuda por las renovables susceptible de embargos
El tribunal de Columbia inflige un nuevo revés a España, que debe indemnizar con 700 millones a los afectados
Sánchez, Trump y aerogeneradores. | Imagen generada por IA
España recibe un nuevo varapalo desde Estados Unidos. La Corte de Distrito de Columbia ha ampliado en 41 millones de euros la cantidad que pueden embargar los afectados por la retirada retroactiva de ayudas a las energías renovables, que ya alcanza los 700 millones. Una nueva resolución judicial despeja el camino a nuevas actuaciones de incautación de activos en el denominado caso InfraRed. Las empresas perjudicadas han localizado activos financieros y bienes inmuebles, pero también han puesto sus ojos en los patrocinios de la selección española en el Mundial de fútbol y hasta planean confiscar los aviones que trasladan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la Casa Real en caso de que pisen suelo norteamericano.
La resolución a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE está firmada el pasado 12 de mayo por el juez federal John D. Bates. El escrito permite iniciar procedimientos de ejecución forzosa y registrar la sentencia en otros distritos federales para tratar de localizar activos españoles susceptibles de embargo para hacer frente a las indemnizaciones reconocidas por los organismos internacionales a favor de las renovables.
«El tribunal concede la solicitud de Blasket para que se ordene su autorización para comenzar a ejecutar la sentencia y registrarla en otros tribunales de distrito de los Estados Unidos y deniega la solicitud de España para suspender los procedimientos de ejecución de la sentencia y la fase de descubrimiento de pruebas posterior a la misma», subraya la resolución. La Corte del Distrito de Columbia reconoció el caso InfraRed en noviembre del año pasado, aunque la deuda pertenece al fondo de inversión Blasket Renewable.
Siete reveses en Estados Unidos
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) concluyó años atrás que España vulneró sus obligaciones con la retirada de ayudas retroactivas a las renovables, ya que estaba obligada a indemnizar a las afectadas como firmante del Tratado de la Carta de la Energía. El organismo adscrito al Banco Mundial reconoció inicialmente una reparación de 28,2 millones de euros, pero la prolongación del litigio ha elevado la cuantía por los intereses acumulados y las costas judiciales.
El juez Bates rechaza la petición de España de suspender las medidas de ejecución y considera que mantener paralizado el cobro «pondría en peligro» las posibilidades de recuperación de los acreedores, especialmente teniendo en cuenta que existen numerosos laudos pendientes contra nuestro país y un número limitado de activos potencialmente embargables en Estados Unidos. La Corte de Columbia también permite registrar la sentencia en otros tribunales fuera del distrito de Washington.
La Corte del Distrito de Columbia ha admitido incautaciones cercanas a los 700 millones de euros. Desde el pasado verano, ha infligido siete reveses judiciales a España: los casos Watkins (93 millones), Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), Infrared (41 millones), NextEra (290,6 millones), 9Ren Holding (44 millones) y Cube (40,2 millones). El reconocimiento de la deuda llevó a los perjudicados por la retirada de ayudas a las renovables a localizar bienes embargables en Estados Unidos.
La confiscación podría afectar a obras de arte, edificios propiedad del Estado o productos financieros. Pero también está en peligro un contrato de Defensa por valor de 1.445 millones de euros, los patrocinios a la selección española durante el Mundial de fútbol que comienza el próximo 11 de junio o los aviones que habitualmente utilizan Sánchez y la Casa Real para desplazarse. Una eventual presencia de esas aeronaves en suelo estadounidense abriría la puerta a su embargo o inmovilización cautelar.
Deuda de 2.300 millones
El origen de la deuda se remonta a 2007, cuando José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un plan de ayudas para atraer una inversión cercana a los 30.000 millones de euros. Seis años más tarde, Mariano Rajoy las eliminó de forma retroactiva por la crisis económica. Para paliar las pérdidas, las empresas afectadas comenzaron a solicitar indemnizaciones. Llevaron sus quejas al Ciadi, vinculado al Banco Mundial, que ya ha dado la razón a 27 de los 52 demandantes.
Las indemnizaciones reconocidas superan los 2.310 millones, incluidos sobrecostes judiciales y financieros. Las compañías afectadas siguen sin recibir un solo euro. España se niega a pagar cualquier compensación pese a estar obligada por un tratado que firmó hace tres décadas. Ante semejante panorama, los perjudicados optaron por acudir a los tribunales ordinarios. En Reino Unido, Bélgica, Australia, Países Bajos y Singapur ya han dado luz verde a embargar activos españoles para contrarrestar los impagos a las renovables.