El juez pide 26 años de cárcel para el capitán del 'caso Leire' por recibir dádivas y dar chivatazos

El auto de procedimiento abreviado del caso Gaslow, la principal trama de hidrocarburos investigada hasta el momento en España, ha confirmado la presunta corrupción que desplegó y ocultó durante años el capitán y exmando de la Unidad Central Operativa (UCO) Juan Sánchez Yepes junto a varios de los implicados. El juez instructor de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz relata una sucesión de dádivas, regalos y transferencias dinerarias ilícitas a lo largo de las 43 páginas. Un modus operandi dentro del sector petrolero para defraudar el IVA en la venta de carburante y por el que serán juzgadas 16 personas cuando se decrete la apertura de juicio oral.

Sánchez Yepes quedó en 2022 en situación de investigado por el citado caso Gaslow, pero siguió en la cúpula de la Guardia Civil. Un año después fue destinado al Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid) como profesor de Ética y Deontología Profesional. La Dirección General de la Benemérita solo le abrió expediente a principios de junio cuando quedó imputado por orden de Pedraz en otra causa, el llamado caso Leire Díez. La bola de nieve ya era gigantesca.

El magistrado revela en su escrito de Gaslow que Sánchez Yepes incrementó su patrimonio un 134% en apenas cuatro años: pasó de tener 251.587,89 euros en bienes e inmuebles en el año 2018 a 590.300,21 euros en 2022. Y eso que le pilló la crisis económica entre medias por la pandemia de coronavirus. Además, el entonces mando de la UCO hacía «un uso desmedido de metálico procedente de los pagos que la organización criminal investigada» le hacía: sobornos y pagos fraudulentos por «los servicios prestados en relación con su función como guardia civil». Es decir, estaba a sueldo de los capos de la trama de hidrocarburos a cambio de chivatazos sobre investigación en curso e inminentes detenciones.

Pedraz ha propuesto juzgar a Sánchez Yepes por cuatro delitos —organización criminal, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales— que suman un máximo de 8, 6, 3 y 9 años de prisión, respectivamente. Son 26 años a los que se enfrentará en el futuro juicio que se celebre en la Audiencia Nacional, apenas tres por debajo del resto de los 16 acusados, entre los que se encuentra Claudio Rivas, uno de los socios de Víctor de Aldama. El volumen de dinero recibido por la trama fue tal, que el oficial de la Benemérita implicó a su esposa, sus dos hijos, su hermana y su cuñado para que les canalizaran mordidas mediante tarjetas prepago «hasta una suma de 154.722,46 euros».

Sánchez Yepes prestó servicios en el grupo de blanqueo de capitales de la UCO durante 15 años, de enero de 2008 a julio de 2022, cuando fue apartado tras su imputación en el caso Gaslow. Meses antes se procedió a la entrada y registro en inmuebles de su propiedad a cargo de sus propios compañeros del instituto armado. Fue en la denominada operación Larraondo que el departamento de Delincuencia Económica de la citada UCO puso en marcha por orden del juez Pedraz.

El 20 de julio de 2021 se ordenaron los allanamientos, pero varios de los investigados habían tenido «conocimiento previo de estas actuaciones», obteniendo así «una ventaja estratégica sobre su situación y seguramente resguardar dinero en efectivo que tuvieran en su posesión», así como «eliminar indicios y pruebas que pudieran haber sido aprehendidas y utilizadas para el esclarecimiento de los hechos y su posterior enjuiciamiento, produciendo por tanto un grave daño a la eficacia de las actuaciones judiciales, al frustrar parte de sus objetivos», se lamenta en el auto el magistrado instructor.

El magistrado acusa a este mando de la UCO de aprovechar su destino en dicha unidad para mantener «una colaboración duradera en el tiempo con la organización criminal» formada por los empresarios Javier García Pérez, Antonio Rodríguez Estepa y José Luis Caramés Taboada; este último, uno de los confidentes de la Guardia Civil en otras causas como la del caso Leire Díez. Estos últimos entregaron «contraprestaciones en forma de dádivas o regalos y pagos dinerarios» a Sánchez Yepes a cambio de «gestiones en favor de aquellos» en su condición de miembro de la Benemérita. El sueño de todo presunto delincuente de cuello blanco.

García Pérez, por ejemplo, le entregó 55.000 euros entre enero y marzo de 2019 a través de un testaferro llamado José Luis Sáez. Este último le hizo dos préstamos personales de 40.000 euros y 15.000 euros a través de dos sociedades a nombre del primero. Además, en octubre de 2018 ya se había entregado una dádiva al mando de la UCO en forma de televisión de la marca Samsung y cuyo destinatario final de la misma era, en realidad, la mercantil Gaslow Abastecimientos SL, que ha dado nombre al caso.

A cambio, Sánchez Yepes anticipó a García Pérez «su futura detención» en una reunión en un restaurante Rodilla de la madrileña calle de Serrano o en el bar muy próximo llamado Carallo. «Algunas de estas reuniones se produjeron en fechas próximas a las actuaciones policiales», subraya Pedraz en su auto. Concretamente, en varios días de junio, septiembre, octubre y noviembre de 2021. El empresario quería conocer «novedades sobre las vigilancias» a través del mando de la UCO. «¿Hay alguna novedad en el frente?», le preguntó el 7 de julio de 2021 en una comunicación telefónica intervenida por los investigadores. «Mañana por la noche te veo y te comento algo», le respondió el oficial del instituto armado.

«Entre el lunes y el miércoles me llevan puesto»

Un chivatazo que se produjo «en un periodo temporal muy corto», de apenas tres días, antes de la detención del empresario, quien pudo así destruir u ocultar pruebas. «Según este pollo [en alusión a Sánchez Yepes], ve cosas muy raras y que entre el lunes y el miércoles me llevan puesto», les confesó García Pérez a varios de sus allegados el 8 de julio de hace cinco años.

«Dicho lapso coincide con la fecha inicial en la que estaban planificadas las detenciones. Los efectos favorables para los investigados de conocer de antemano el hecho de su investigación, les permitieron adelantarse a sus consecuencias, de suerte que, a pesar de poderse prever racionalmente que se incautaría dinero en metálico, esto no fue así en la mayoría de casos», advierte el magistrado instructor en otro momento del auto. Sánchez Yepes llegó a enviar a este empresario informes de la UCO en diligencias que aún estaban secretas.

En el caso de Rodríguez Estepa, el citado mando de la UCO medió «con un juez», al que no se cita, en una gestión que tuvo un «resultado positivo», ya que le levantó la medida cautelar de prohibición de salida de territorio nacional para que pudiera viajar a Alemania y a la ciudad emiratí de Dubái. Días después, le llegó a su domicilio otra televisión de 1.766,6 euros (IVA incluido) que era propiedad de una de las empresas del empresario.

«Sánchez Yepes sabía desde fines de 2020 que Rodríguez Estepa estaba siendo investigado en el marco de las DP 100/21 (las diligencias del caso Gaslow); desde los días 6 o 7 de julio de 2021 estaba al corriente de las fechas de actuaciones de la operación Larraondo, tanto la inicial, 13 de julio, como la final, 20 de julio», resume Pedraz. Además, en el registro de la vivienda del mando de la UCO se encontró una factura de 3.903 euros emitida por la mercantil Castellana Luxury SL por una serie de muebles. La administradora única de dicha sociedad era Lorena Paola Cañete, pareja del empresario.

Sánchez Yepes y su esposa adquirieron, igualmente, viviendas a tocateja o con precios por debajo de mercado. En abril de 2019, por ejemplo, abonaron 60.000 euros por un solar en la localidad madrileña de Valdemoro cuando el precio real fueron 100.000 euros. «De las obras realizadas por el investigado en la mencionada parcela, unos 47.000 euros han sido pagados en efectivo», hace hincapié el magistrado.

Tras ello, entre marzo y junio de 2022, compraron las dos mitades de un inmueble en Getafe (Madrid) por un precio de 47.000 y 23.000 euros, respectivamente. En total, fueron 70.000 euros «cuando el valor de referencia del inmueble era de 136.375,47 euros». En esas mismas fechas, adquirieron una mitad indivisa de una finca a la mercantil Teufelshatz SL por 47.000 euros y, dos meses después, la otra mitad a Castellana 2020 Finance SL, vinculada a Caramés Taboada, por solo 23.000 euros. «Una contraprestación por los servicios prestados por el guardia civil», ya que el posterior confidente «le vendió el inmueble por un valor muy inferior a su precio de mercado», concluye el juez.