España encara la recta final de los fondos UE con 224 hitos aún pendientes de validación
Bruselas mantiene certificado alrededor del 54% del plan español mientras se acumulan retrasos en áreas clave
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. | Efe
España afronta la fase decisiva de los fondos europeos Next Generation con 224 hitos y objetivos todavía pendientes de validación por parte de Bruselas. El dato figura en el Recovery and Resilience Scoreboard, el cuadro oficial de seguimiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia gestionado por la Comisión Europea, que sitúa en 264 los hitos certificados de un total de 489 comprometidos por España dentro de su Plan de Recuperación.
El balance oficial europeo, analizado por THE OBJECTIVE, sitúa así el grado de cumplimiento validado en el 54%, mientras el Ejecutivo defiende porcentajes próximos al 70% al incorporar objetivos incluidos en la sexta solicitud de pago presentada a Bruselas y todavía pendientes de evaluación definitiva. La diferencia es relevante porque el sistema europeo no considera cumplido un objetivo hasta que la Comisión Europea revisa la documentación remitida por el Estado y valida formalmente la ejecución del hito asociado al desembolso.
Todas las inversiones y reformas ligadas al mecanismo deben estar completadas antes del 31 de agosto de 2026 y los pagos europeos quedarán cerrados definitivamente a final de año. La presión se concentra ahora en la parte más compleja del plan: proyectos técnicos, inversiones territoriales y reformas administrativas cuya ejecución resulta mucho más lenta que la aprobación inicial de leyes o convocatorias.
Fondos UE para transición energética
Los datos del examen europeo muestran además dónde se concentran las principales dificultades españolas. Buena parte de los hitos pendientes se localizan en áreas vinculadas a digitalización de administraciones públicas, transición energética, movilidad sostenible, rehabilitación energética de edificios, gestión hídrica y despliegue territorial de inversiones. Son precisamente los ámbitos donde la ejecución depende de múltiples niveles administrativos, contratación pública, autorizaciones técnicas y coordinación autonómica o local.
Entre los expedientes todavía abiertos aparecen actuaciones ligadas a la digitalización de entidades regionales y locales, despliegues tecnológicos en la Administración, proyectos ferroviarios y actuaciones de movilidad, infraestructuras de recarga eléctrica, energías renovables y rehabilitación urbana. El sistema europeo refleja incluso hitos suspendidos vinculados a reformas administrativas pendientes de culminar.
El problema aumenta porque Bruselas no evalúa únicamente si el dinero se ha gastado. La Comisión exige pruebas documentales, cumplimiento normativo, objetivos medibles y sistemas de control capaces de acreditar que cada inversión ejecutada responde exactamente a los compromisos pactados en el Plan de Recuperación.
Calendario Next Generation
La Comisión Europea ha rechazado de facto abrir grandes prórrogas generales para los Estados miembros y mantiene el objetivo de cerrar definitivamente el mecanismo durante 2026. La consecuencia es que España afronta ahora una doble carrera contrarreloj: acelerar la ejecución material de inversiones y completar simultáneamente toda la trazabilidad administrativa exigida por Bruselas.
La situación coincide además con un contexto de advertencias recurrentes sobre las debilidades estructurales del sistema español de contratación pública. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) viene alertando desde hace años sobre los bajos niveles de competencia efectiva en parte de los contratos estatales. Cerca del 45% de las adjudicaciones terminan realizándose con un único licitador y la media de ofertas apenas supera las 2,7 propuestas por expediente.
El problema adquiere especial importancia en la recta final de los fondos europeos porque gran parte de la ejecución depende precisamente de la capacidad administrativa para adjudicar, supervisar y justificar miles de contratos públicos dentro de plazos cada vez más reducidos. La concentración de gasto al cierre del ejercicio se ha convertido además en un patrón recurrente. Solo en el último trimestre de 2025, el volumen adjudicado mediante procedimientos negociados sin publicidad superó los 21.000 millones de euros, una cifra extraordinaria dentro de un mecanismo europeo que exige reforzar precisamente la competencia, la trazabilidad y el control sobre el uso de los fondos.
Partidas sin ejecutar
El análisis más reciente de CaixaBank Research, elaborado a partir del balance europeo, advierte de que España encara «la hora de la verdad» del Next Generation con un importante volumen económico todavía pendiente de ejecución efectiva. El informe calcula que quedarían alrededor de 15.000 millones de euros sin ejecutar según las cifras de Elisa, mientras estimaciones de AIReF elevan el volumen pendiente por encima de los 20.000 millones.
La diferencia entre los fondos anunciados y los hitos efectivamente certificados se ha convertido así en uno de los principales indicadores sobre el verdadero estado del plan español. Mientras el Gobierno destaca el volumen de convocatorias activadas y los desembolsos ya recibidos, el cuadro oficial de la Comisión Europea mantiene todavía pendientes cerca de la mitad de los compromisos asociados al programa.
El reto para España no consistirá, a partir de ahora, en movilizar recursos o acelerar adjudicaciones. La fase decisiva pasa ahora por convertir inversiones, contratos y reformas en hitos formalmente validados por Bruselas dentro del estrecho calendario final del mayor programa de financiación europea desplegado hasta ahora.