El 45% de los contratos adjudicados por el Gobierno solo tienen un licitador

El Gobierno adjudica el 44,8% de sus contratos con un único licitador, una situación que evidencia la falta de competencia efectiva en la contratación pública. La media de ofertas se sitúa en apenas 2,77 por expediente, según los datos analizados por THE OBJECTIVE, y la rebaja sobre el precio de salida ronda el 10,7%, muy por debajo de los estándares europeos. Este contexto limita la capacidad del sistema para generar ahorro y ajustar costes mediante la presión del mercado.

Aunque los procedimientos se tramitan bajo fórmulas abiertas o con publicidad, el resultado final es equivalente a una adjudicación sin comparación entre ofertas. En esos casos, la Administración carece de referencias para evaluar si el precio o las condiciones del contrato responden a criterios de mercado, lo que limita el principal mecanismo de ajuste del sistema. El desinterés de las empresas por determinados contratos y los excesivos requisitos que imponen las administraciones, que dejan fuera principalmente a las pymes, son en buena medida responsables de la escasa concurrencia.

Incluso en los contratos donde concurren varias empresas, la intensidad competitiva sigue siendo muy reducida. Los datos aportados por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) sitúan el número medio de licitadores en 2,64 por contrato en el conjunto de las administraciones públicas, una cifra que confirma la escasa participación empresarial en relación con el volumen de gasto gestionado.

Informes de supervisión

Según la Comisión Europea, cuando el porcentaje de contratos con un único licitador supera el 20%, el indicador entra en zona de riesgo porque refleja una concurrencia empresarial muy limitada. La Comisión Europea incluye el número de licitadores en su cuadro de indicadores del mercado interior, conocido como Single Market Scoreboard, que evalúa el funcionamiento de la contratación pública en los Estados miembros.

La baja participación empresarial en las licitaciones públicas lleva años siendo evaluada por los organismos de supervisión. Diversos análisis sobre contratación pública señalan que la concurrencia empresarial es uno de los factores que más influyen en el precio final de los contratos, ya que la rivalidad entre licitadores suele traducirse en rebajas sobre el presupuesto inicial.

Mientras tanto, el volumen de licitaciones y el importe de estas sigue aumentando a un ritmo muy intenso. Las licitaciones en todas las administraciones públicas superaron los 32.800 millones de euros en el primer trimestre de 2026, el nivel más alto de la serie para ese periodo. Mientras, el volumen adjudicado se situó en torno a los 18.100 millones. El crecimiento está impulsado en gran medida por el sector estatal, que concentra una parte relevante del aumento de la contratación.

‘Boom’ de contratos públicos

Por su parte, el volumen adjudicado en el primer trimestre de 2026 en el conjunto del sector público ha alcanzado un importe de 18.115 millones de euros, con un total de 56.697 lotes adjudicados en este periodo, para situarse en línea con el dato de los años 2023 y 2024 en el primer trimestre. Esta cifra supone un crecimiento del 4,62% respecto al primer trimestre del año anterior. La tendencia al alza en las adjudicaciones en el primer trimestre se apoya en el incremento en el volumen adjudicado por el Sector Público Estatal, con un aumento del 22,1% con respecto al mismo trimestre del año anterior.

En los últimos cuatro trimestres, las administraciones han licitado 150.362 millones de euros y adjudicado 113.132 millones, con un crecimiento del 4,9% en licitación frente a un avance mucho más moderado del 0,7% en adjudicaciones. Mientras, el Gobierno repartió durante 2025 un récord de 23.000 millones en contratos a dedo, bajo el procedimiento negociado sin publicidad.

Esta divergencia refleja un desajuste entre la activación del gasto y su materialización efectiva en contratos, con un peso creciente del sector estatal, que impulsa la actividad, pero no corrige los déficits estructurales del sistema. El resultado es un mercado de gran volumen, pero con limitaciones persistentes en su funcionamiento operativo, donde la ejecución avanza a menor ritmo que la planificación y la capacidad de absorción sigue condicionada por factores administrativos.

Eficiencia limitada

En un contexto con adjudicaciones en todo el sector público por valor de 112.000 millones en 2025, cada punto adicional de reducción en los precios de adjudicación tiene un impacto muy importante sobre el gasto público. La distancia respecto a los estándares europeos evidencia que el margen de mejora no depende tanto de aumentar el volumen de contratación como de reforzar los mecanismos que favorecen la entrada de empresas y la competencia real en cada expediente. Sin ese ajuste, el Estado paga más de lo que pagaría en un entorno plenamente competitivo.