El Gobierno disparó en 77.000 millones el gasto de 2024 tras prorrogar los Presupuestos

El Gobierno disparó en más de 77.000 millones de euros el gasto en 2024 tras prorrogar los Presupuestos ante la falta de apoyos parlamentarios. El ejercicio estuvo marcado por la incertidumbre jurídica en la gestión presupuestaria y una elevada dependencia de la deuda para sostener las cuentas públicas. Así se desprende del informe del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado de 2024, analizado por THE OBJECTIVE. En el trabajo se advierte de que el 95% del aumento de los créditos se financió mediante variaciones en el saldo vivo de la deuda.

El informe aprobado recientemente por el órgano fiscalizador independiente ha incluido múltiples salvedades. Además, se ha producido un hecho inédito en democracia: por primera vez un consejero votó en contra del informe. La fiscalización salió adelante en una sesión marcada por las discrepancias internas sobre la fiabilidad de las cuentas públicas y por las advertencias sobre la gestión presupuestaria del Gobierno.

La falta de presentación de un nuevo Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2024 ha obligado al Ejecutivo a mantener prorrogadas durante todo el ejercicio las cuentas de 2023. Según el Tribunal, la situación ha generado incertidumbre sobre la aplicación de determinadas normas vinculadas a la gestión presupuestaria, alterando el funcionamiento ordinario del sistema de control del gasto público.

Gasto y modificaciones de crédito

La prórroga presupuestaria obligó al Estado a recurrir de forma masiva a modificaciones de crédito para adaptar las cuentas a las necesidades reales de financiación. Tras la tramitación de esos cambios, los créditos definitivos terminaron superando en 77.342 millones de euros a los iniciales previstos en los Presupuestos prorrogados.

El informe refleja además el fuerte impacto de esas modificaciones sobre las necesidades de financiación del Estado. El 95% del incremento tuvo que sostenerse mediante variaciones en el saldo vivo de la deuda pública, aunque el aumento de los ingresos permitió finalmente que el endeudamiento no creciera en la misma magnitud que las ampliaciones de crédito aprobadas durante el ejercicio.

El Tribunal describe un escenario de elevada dependencia de ajustes presupuestarios para sostener el funcionamiento ordinario de la Administración durante 2024. La ausencia de nuevas cuentas convirtió la gestión presupuestaria en una sucesión de ampliaciones, transferencias y reajustes para cubrir gastos que no figuraban en los Presupuestos prorrogados.

El examen del Tribunal de Cuentas

El informe del Tribunal de Cuentas también pone de manifiesto deficiencias estructurales en la contabilidad del Estado que afectan a la imagen fiel de las cuentas públicas. El órgano fiscalizador ha detectado un desfase de 4.090 millones de euros derivado de errores en la imputación temporal de ingresos y gastos, lo que implica que parte de las obligaciones generadas en 2024 no se registraron en ese ejercicio, mientras que operaciones de años anteriores se incorporaron al cierre actual. Este desplazamiento contable ha alterado el resultado presupuestario y, según el Tribunal, evidencia debilidades persistentes en los mecanismos de control y seguimiento del gasto.

A estas observaciones se suma el problema de ejecución de los fondos europeos, que sigue condicionando la gestión presupuestaria. Aunque España ha movilizado una parte de recursos del Plan de Recuperación, el Tribunal advierte de que el uso de estos fondos presenta tensiones en su aplicación práctica, como demuestra el recurso a remanentes del Mecanismo de Recuperación para financiar gasto corriente.

Fondos europeos para pensiones

Una de las principales observaciones del órgano fiscalizador afecta a dos modificaciones presupuestarias aprobadas en noviembre de 2024 por importe conjunto de casi 2.400 millones de euros. El dinero se destinó a financiar insuficiencias de crédito en las pensiones de clases pasivas y en los complementos de pensiones mínimas, considerados compromisos ineludibles por la Administración.

Ambas operaciones se financiaron utilizando créditos sobrantes del servicio 50, correspondiente al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia vinculado a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El Gobierno justificó la operación alegando que el movimiento no comprometía ni el cumplimiento del PRTR ni la capacidad de absorción de los recursos europeos asignados a España.

El Tribunal de Cuentas, sin embargo, cuestiona la cobertura jurídica de esa decisión. El informe sostiene que los fundamentos utilizados por la Administración «deberían haber quedado mejor justificados», ya que existía incertidumbre sobre la aplicabilidad en 2024 de las limitaciones para utilizar créditos sobrantes del servicio 50 en modificaciones presupuestarias ajenas a ese ámbito.

Salvedades y debilidades en el control

El órgano fiscalizador advierte de que el encaje normativo del uso de fondos asociados al Mecanismo de Recuperación para financiar gasto corriente en pensiones no quedó suficientemente acreditado. La observación adquiere especial relevancia porque afecta a recursos vinculados al programa europeo diseñado para financiar inversiones y reformas estructurales.

El Tribunal de Cuentas extiende además sus salvedades a distintos ámbitos de la gestión financiera del Estado y advierte de debilidades persistentes en los mecanismos de control presupuestario. El informe cuestiona la fiabilidad de determinados registros contables y señala incertidumbres sobre la correcta valoración de algunas operaciones y activos incorporados a las cuentas públicas de 2024.

La tensión interna durante la aprobación del informe reflejó además el alcance de las discrepancias dentro del propio Tribunal de Cuentas. La Cuenta General salió adelante con seis votos a favor, un voto en contra y varios votos concurrentes con reservas y observaciones sobre distintos apartados del documento, una situación sin precedentes en democracia dentro del órgano fiscalizador.